El Concejo
Deliberante aprobó por mayoría elevar a la Cámara de Apelaciones en lo Penal la
denuncia contra el juez de faltas Ricardo Germani por su actuación en el área
de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura.
Algunos concejales que buscaban la nulidad del decreto que puso en funciones a
Germani, se opusieron a lo decidido por el Concejo no entendiendo tal actitud.

 Durante el año pasado se conocía
públicamente la lista de civiles que prestaron colaboración con la última
dictadura militar en Bahía Blanca. Entre los mismos figuraba el nombre de
Ricardo Germani, juez de Faltas de la Municipalidad desde la época del ex
intendente Rodolfo Lopes. A la hora de presentar sus antecedentes para que se
apruebe su postulación al cargo, Germani omitió su compromiso con la dictadura
lo cual facilitó su acceso al Juzgado de Faltas.
Luego de un año de conocidos los antecedentes reales de Germani,
sorprendentemente continúa desempeñando tareas en el ámbito público. Es decir, alguien
que colaboró en el área de Inteligencia como agente secreto del Batallón 601
del Ejército -en una época en la que esa tarea estaba vinculada con la
delación- es la misma persona que recibe a quienes cometieron alguna infracción
de tránsito, e imparte justicia.
Ni bien fue dada a conocer la lista, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos presentó una nota en el Concejo Deliberante pidiendo la separación del
juez Germani, y 12 meses después el tema sigue sin resolverse. Incluso, las
votaciones realizadas en las últimas semanas en el Concejo parecieran, de
alguna manera, beneficiar al propio Germani.
Es que por mayoría de 16 votos (FPV-PJ, UCR y Unión PRO) el Concejo aprobó en
sesión el proyecto de decreto que establece elevar a la Cámara de Apelaciones
en lo Penal la denuncia contra Germani referida a sus antecedentes como
personal civil de Inteligencia del Ejército y el pedido de remoción de su
cargo. De esta manera, la eventual separación de su cargo de juez pasa al
ámbito de la Justicia.
Dicha votación generó sorpresas, debido a que otros concejales estaban
trabajando en el tema para que el propio Concejo, con la potestad que le
corresponde, solicite la nulidad del decreto que puso en funciones a Germani.
Se trata del interbloque conformado por los ediles de Integración Ciudadana y 8
de Septiembre.
Intentando dilucidar el conflicto, EcoDias conversó con Raúl Ayude (IC) quien
hizo una crónica de lo actuado hasta aquí en el caso Germani: “A nosotros nos
llega públicamente la desclasificación del listado de los participantes del (Batallón)
601 a través de las declaraciones del fiscal Abel Córdoba y nos llega el
planteo de la APDH. En función de eso planteamos dos situaciones: la primera,
pedir el legajo para ver si ahí constaban o no los antecedentes, o sea si
sabiéndolo se lo había designado o si se lo ignoraba; y la otra cuestión a la
Secretaría de Derechos Humanos. Lo que se nos plantea es que aparecía como
agente de reunión y cuando nos llega el legajo no aparecía ninguno de los
datos. En función de eso se pide a la Secretaría de Derechos Humanos cuál era
la situación de revista y nos llega que era agente secreto. Luego de que llega
eso se piden dos elementos, uno al Ministerio de Defensa para ver qué legajo
tuvo ahí trabajando, en el tiempo ese de trabajo ver qué datos había, y a la
Secretaría de Derechos Humanos para ver qué actividades implicaba un agente
secreto, porque desde nuestro punto de vista nos parecía que el agente secreto
tenía un grado de relevancia y compromiso mayor. Entonces queríamos que nos lo
digan”.
Allí, continúa Ayude, se encuentran con que tanto el Pro como el justicialismo
y el radicalismo apuran el envío a la Cámara de Apelaciones en lo Penal cuando
en la sesión anterior se había aprobado (por unanimidad) el expediente con los
pedidos de información mencionados: “Después de la declaración del doctor Lopes
-diciendo que él ignoraba esta situación-, nosotros planteamos la anulación de
la designación. Le pedimos al Departamento Ejecutivo y al área legal que nos
diga si es posible la anulación, porque creemos que los concejales que votaron
al doctor Germani o lo aceptaron en su cargo y el Departamento Ejecutivo a
cargo en ese momento del doctor Lopes lo hicieron dentro de la faltante de la
información de que había participado del Batallón de Inteligencia”.
La elevación a la Cámara que hizo el Concejo es legal pero, dice Ayude,
faltaban elementos para eso, y además aduce otra cuestión no menor que va más
allá de que si legalmente lo de Germani es causa o no de destitución: “Es causa
de no designación. Si se hubiera sabido no se lo hubiera votado, entonces el
ocultamiento de esta información para nosotros es un hecho grave”.
Para Ayude, “es una falta ética, una falta política que llevó a que el cuerpo
por unanimidad y el Departamento Ejecutivo lo propongan como juez de Faltas
siendo que se ignoraba esta información que para nosotros es clave. Hay un
principio y es que ninguna persona que tuvo un compromiso con la dictadura debe
ocupar un cargo público. Sería un hecho importante dejarlo establecido en
nuestra estructura democrática”.
Por todas estas razones, el interbloque votó en contra del envío a la Cámara.
Respecto a la demora que viene acumulando el caso, Ayude señaló: “Apenas llegó
la presentación, lo primero que se hizo fue pedir información, después fue
llegando la información, llegó el legajo, llegó la información de la
Secretaría, se volvió a pedir el tema de la información, no es que se dilató
sino que se fueron buscando más elementos. Cuando vino el juez Rafecas también
lo consultamos”.

Caminos diferentes
Elisa Quartucci (8 de Septiembre) fue una de las ediles que en su momento
votó la designación de Germani, desconociendo que éste había actuado dentro del
andamiaje de la dictadura. Hoy Quartucci junto a sus compañeros del interbloque
pide por la nulidad del decreto que habilita a Germani en el cargo: “Lo que
presentamos fue un camino diferente al que en definitiva terminó adoptando el
Concejo. Basábamos nuestro planteo de nulidad del decreto que había dado el
acuerdo al juez Germani en su momento, basado en un error fundamental del
origen del expediente que era precisamente la omisión del actual juez Germani
de su tarea realizada durante los años 80, 81, en el Ejército”.
Quartucci se mostró sorprendida por la última votación del Concejo respecto al
caso Germani: “El interrogante que nos surgió en ese momento es por qué esta
decisión tan abrupta; de no haber tenido en cuenta hasta el momento esa nota
(la de APDH), de pronto considerarla como denuncia y sin tener respuesta a la
propia información que el Concejo Deliberante por unanimidad había solicitado,
se toma esta decisión por mayoría de elevarlo a la Cámara”.
La idea, dijo, era agotar todas las instancias en cuanto a recabar la
información y pedir la nulidad. Quartucci destacó que el resto del cuerpo
legislativo tomó un mecanismo diferente al que el interbloque planteaba “ que
es que teníamos como Concejo la potestad de anular este decreto, y de hecho iba
a ser un camino administrativamente mucho más sencillo de recorrer y
seguramente íbamos a tener más allá de las consideraciones políticas que uno
pueda hacer al respecto. Yo no estoy de acuerdo, no comparto que esté dictando
sentencia un juez que a mi criterio ha perdido confianza porque, repito, yo
desconocía este dato. Cuatro de los actuales concejales que estamos en función
votamos en su momento al juez Germani. Mi postura es clara: yo no lo hubiese
votado, habría que conocer la opinión de los otros concejales y creo que eso es
fundamental para poder avanzar en la nulidad del decreto”.

Lo que viene
A raíz de lo sucedido queda saber qué ocurrirá con la situación del juez
Germani. En ese sentido, Ayude afirmó: “En principio lo que hay que ver es que
se expida la Cámara y nosotros lo que planteamos es que se analice la nulidad
de su designación. Tenemos que esperar la información tanto del Ministerio de
Defensa como de la Secretaría de Derechos Humanos. Nosotros creemos que es un
debate que es necesario darlo. O sea, (en aquel momento) Ocaña, Quartucci,
Obiol y Marta Castaño votaron… También estará en ellos el tema de decir que
cuando votaron ignoraban una información que hoy haría que no voten a esa
persona. Lo que pasa es que hay que ver las consecuencias legales de la nulidad,
y si se puede dar o no”.
Pasó un año y un colaborador activo de la dictadura sigue desempeñándose como
juez de Faltas, ante un intendente que no emite palabras acerca del tema,
extendiendo un manto de sospechas sobre sus propias convicciones democráticas y
políticas, habida cuenta que reconoce en público su adhesión a un gobierno
nacional que ha sido implacable con los actores que delinquieron durante la
última dictadura militar. Mientras tanto, familiares y víctimas del Terrorismo
de Estado siguen sufriendo situaciones como esta: “Así como cuando estuvo la
excarcelación de los 36 represores, uno se planteaba cómo una persona tenía que
andar en la calle por el mismo lugar que la persona que lo torturó o que
secuestró a un familiar, nosotros creemos que los familiares no tienen que
estar pasando por la situación, los sobrevivientes no tienen que pasar por la
situación de estacionar mal el auto, de tener un problema con el árbol de su
casa o con un vecino, y a través del Tribunal de Faltas tener que ir a ver a un
juez que participó del área de Inteligencia en la dictadura”.