Con Hugo Sierra fuera del plantel académico, otros dos docentes
involucrados con la dictadura aguardan por definiciones en la recta final del
año: Gloria Girotti y Néstor Montezanti.
Mientras tanto, Girotti fue el detonante de una situación que se dio en el seno
del Consejo Asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la casa de
estudios para “preocupación” de tres de los organismos que lo integran. Fuera
del ámbito universitario, la Procuración General rechazó una denuncia formulada
contra el fiscal Córdoba por su actuación en la detención de Hugo Sierra,
posteriormente liberado por otro docente de la UNS: el juez ad hoc Luis Esandi.


El 2012 ha sido un año
relativamente más tranquilo que su antecesor en el ámbito de la Universidad
Nacional del Sur (UNS). Los lectores de EcoDias recordarán al 2011 por varias
de las noticias que trajo aparejadas: el debate en torno a la continuidad
docente de Gloria Girotti, la detención, suspensión y posterior renuncia de
Hugo Sierra y la elevación de dos pedidos de juicios académicos: uno contra la
propia Girotti y otro contra el docente y camarista Néstor Luis Montezanti, que
durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como Personal Civil de
Inteligencia del Ejército.
La recta final de este año aguarda por noticias de la UNS en la materia.
Puntualmente, en el caso de Montezanti, resta que la Asamblea Universitaria
(AU) se pronuncie sobre una impugnación que el docente presentó a través de la
Cámara Federal de la cual es miembro para dejar sin efecto la Resolución 17/11
de ese cuerpo, que le impediría acceder a nuevos cargos por su participación
como agente de inteligencia durante la dictadura y, por otra parte, se
constituía en uno de los argumentos esgrimidos por el también docente Dante
Patrignani en la solicitud de elevación a juicio académico que elevó al
rectorado.
En dos oportunidades, una a fines de octubre y otra en la culminación de
diciembre, fue convocada la AU para tratar el tema en sesión extraordinaria. En
ambas ocasiones, el cónclave se frustró por falta de quórum. De acuerdo a la
información a que pudo acceder este medio, ya existe un dictamen que propone
rechazar el planteo de Montezanti. Con ello, podría verse un poco más libre el
camino. Pero aún resta que la AU, de una vez, pueda reunirse. Por lo pronto, el
cuerpo realizó su recambio de autoridades pocos días atrás. Serán estos nuevos
asambleístas, electos el 2 de noviembre último, los encargados de decidir en
torno al punto y no la AU que presidió hasta ese día el ahora fiscal general
Alejandro Cantaro.

Datos para preocuparse
Cuando a comienzos de este año se constituyó la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la UNS, se la diagramó con la idea rectora de que contara con el
aporte de entidades ajenas al mundo académico. Ello representó una innovación
respecto de las otras carteras del gobierno universitario. El Consejo Asesor,
que está conformado por dos decenas de bancas, se integró entonces a partir de
la participación de diversas entidades e instituciones, entre las por supuesto
que se encuentran organismos de Derechos Humanos como la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH) bahiense, la Agrupación HIJOS Bahía Blanca y la
filial local de la Red por la Identidad de la Asociación de Abuelas de Plaza de
Mayo. También se incluyó a la Iglesia Metodista de nuestra ciudad, atendiendo a
su trayectoria: durante la última dictadura, mientras la Iglesia Católica hacía
oídos sordos a los pedidos de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado,
el templo metodista de calle Belgrano se transformó en refugio de varios de
ellos.
Sin embargo, una situación inesperada derivó en que los tres organismos de
derechos humanos arriba mencionados expresaran su “preocupación” en torno a la
participación en el espacio: el pastor metodista Aníbal Sicardi brinda, según
se supo pocas semanas atrás, asistencia espiritual a la abogada Gloria Girotti,
quien aún se desempeña como docente de la UNS y sobre quien pesa un ya iniciado
proceso de juicio académico. Girotti, como se recordará, está imputada desde
diciembre de 2010 por su participación en la comisión de delitos de lesa
humanidad perpetrados bajo jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la
última dictadura, época en que ella se desempeñaba como secretaria del fuero
penal del fallecido ex juez federal Guillermo Federico Madueño. Mientras su
jefe se dedicaba a diagramar el esquema del aparato represivo en reuniones
nocturnas con el general Acdel Vilas, Girotti participaba –de acuerdo a las
acusaciones que sobre ella formularon los fiscales Abel Córdoba y Antonio
Castaño- de diversos modos en esa estructura. Las imputaciones contra la
letrada incluyen su presencia en interrogatorios bajo tortura realizados a
prisioneros ilegalmente cautivos en el Centro Clandestino de Detención (CCD)
“La Escuelita”.
La preocupación de los organismos se basa en que el trato íntimo que nace de
una asistencia espiritual como la que el propio Sicardi admitió que brinda a
Girotti representa una incompatibilidad con la acción de establecer vínculos de
confianza y compartir datos y testimonios relacionados con la que causa en que
se la imputa, lo cual se hace aún más evidente cuando se tiene en cuenta que
varios de los miembros de dichos organismos resultan ser, a la vez, víctimas o
familiares de víctimas del accionar del Terrorismo de Estado.
En otro orden, y también en la esfera de la UNS, el Consejo Superior
Universitario (CSU) ya conformó el Tribunal encargado de emitir un veredicto en
el juicio académico que enfrenta Girotti y que podría representarle su
exoneración definitiva del plantel docente de la casa de estudios. El Tribunal
tuvo su primera reunión a mediados del mes pasado. Ahora, deberá abocarse a
tratar el tema en los plazos que fija el Reglamento de Juicios Académicos de la
UNS. Las Fiestas y la suspensión de las actividades académicas a partir del 2
de enero llevarán la resolución a las primeras semanas de febrero.

Al archivo
Si bien no tiene que ver estrictamente con el ámbito académico, otra noticia
impacta en él por los nombres que la protagonizan, íntimamente ligados al
plantel docente del Departamento de Derecho en que aún dictan clases Girotti y
Montezanti.
El lunes 10, se supo que la Procuradora General de la Nación Alejandro Gils
Carbó rechazó la denuncia formulada por los camaristas Ángel Argañaraz y
Augusto Fernández contra el fiscal Abel Córdoba, por su actuación en la
detención del abogado y entonces docente universitario Hugo Mario Sierra,
detenido en septiembre del año pasado por orden del Tribunal Oral Federal (TOF)
que se encontraba juzgando a diecisiete represores que actuaron bajo la órbita
del V Cuerpo de Ejército.
Gil Carbó dispuso asimismo archivar las actuaciones a partir de considerar que
la actuación del titular de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca en la
causa que se sigue a Sierra por crímenes de Lesa Humanidad fue ajustada a la
legalidad y desarrollada “en el marco de la autonomía funcional propia de la
magistratura que ejerce el doctor Córdoba”.
Como Girotti, Sierra también fue secretario del procesado y fallecido ex juez
Guillermo Madueño durante la dictadura y resultó imputado junto con la letrada
en diciembre de 2010. Sierra fue detenido por disposición del TOF en septiembre
del año paso, luego de que sus integrantes oyeran el testimonio del ex
legislador peronista Mario Medina, que lo incriminaba. Puertas adentro de la
academia, la noticia derivó en la decisión del rector Guillermo Crapiste de
suspenderlo en sus funciones como docente ad referéndum del CSU.
Posteriormente, manifestando sentirse dolido por dicha resolución el acusado
renunció por voluntad propia al cargo docente que sostenía.
Sierra fue liberado menos de un día después por resolución de otro docente de
la UNS: el abogado Luis Esandi, quien asumió como juez ad hoc durante la misma
jornada en que tomó la resolución. Los vínculos que unían al imputado y al
magistrado que lo liberó motivaron la recusación del segundo por parte de la
fiscalía. Entre otras vinculaciones, Esandi resultaba apoderado de una mutual
militar a la que pertenecían la mayoría de los imputados de la causa. Pero
también había un nexo que los unía a partir de su desempeño como docentes de la
UNS: en 2002, ambos habían sido candidatos a cargos electivos del Departamento
de Derecho por el claustro docente, como miembros de una misma lista.
Ninguna de estas razones impidió que Sierra obtuviera la libertad, aunque
actualmente se encuentra procesado por varios de los delitos por los que
originalmente se lo imputó.
Al tomar intervención, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca avaló la
actuación del juez ad hoc Esandi y resolvió denunciar al fiscal, pretendiendo
que en su desempeño, el funcionario de la Fiscalía habría incumplido deberes a
su cargo como actuar en defensa de la legalidad y del debido proceso, dando por
ello intervención al entonces Procurador General de la Nación para que adopte
la medida que corresponda por el comportamiento fiscal.
“La denuncia de los camaristas, tras un pormenorizado análisis efectuado por la
Unidad Fiscal de Coordinación en causas por violaciones a los Derechos Humanos,
fue desestimada por la Procuradora Gils Carbó quien resolvió que lo actuado por
el representante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esta ciudad era
conforme el marco de autonomía funcional propia de su magistratura y con
arreglo a las disposiciones legales aplicables”, informó esta tarde la propia
Unidad Fiscal.