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Ya se condenaron más de cien personas
Según un informe de la Protex desde que se sancionó la ley 26364 hasta fines del año pasado 106 personas fueron condenadas por trata de personas en Argentina. En total, los juicios registrados en el país por este delito involucraron a 220 imputados y 565 víctimas. Mar del Plata es el distrito judicial con mayor cantidad de condenas.

Según un informe de la Protex desde que se sancionó la ley 26364 hasta fines del
año pasado 106 personas fueron condenadas por trata de personas en Argentina. En
total, los juicios registrados en el país por este delito involucraron a 220 imputados
y 565 víctimas. Mar del Plata es el distrito judicial con mayor cantidad de
condenas.

Más de un centenar de personas fueron condenadas entre 2009 y 2014 por delitos
relacionados con trata de personas. La cifra surge del informe elaborado por la
Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La Justicia Federal de
Mar del Plata es la que más condenas ha dictado con un total de 14, lo que representa
un poco más del 13% de las 106 que se contabilizaron a nivel nacional. La Ciudad
de Buenos Aires presenta dos sentencias condenatorias y Corrientes una. En total,
en el país, estos juicios involucraron a 220 imputados y 565 víctimas.
En el informe de la Procuración General de la Nación se desarrolla un análisis cualitativo
sobre las sentencias en todo el país desde la sanción de la ley 26.364, hasta la
actualidad. De 122 sentencias, solo el 13% fueron absolutorias.
Si bien, en principio se marcó que “las jurisdicciones de las condenas son indicativas
de cuáles son los destinos de explotación en Argentina, dado que las causas generalmente
se radican y juzgan en el lugar donde ese tramo de la trata de personas se lleva
a cabo”, también repararon en que “la cantidad de condenas también refleja el dinamismo
y la eficiencia de cada jurisdicción para el trámite de los casos, y un lugar que
es un destino de explotación importante podría no tener un buen manejo de los casos
judicialmente”.
“Este es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los jueces y el Ministerio Público
Fiscal para investigar el delito de trata de personas y desmantelar redes criminales,
que tenían a mujeres vulnerables como principales víctimas”, sostuvo el fiscal federal
de Distrito, Daniel Adler.
Con relación al tipo de explotación, prevalecen las sentencias condenatorias por
trata de personas con fines de explotación sexual por sobre aquellas de carácter
laboral: 85% las primeras y 15% las segundas. De hecho, en Mar del Plata, de trata
sexual hay 25 procesamientos y 14 sentencias condenatorias; y solo tres procesamientos
de trata laboral, con ninguna condena por el momento.
Si bien en el país predomina la audiencia de debate oral y público, como culminación
del proceso penal (65%), en la ciudad hubo más cantidad de juicios abreviados: once
fueron las sentencias dictadas de este modo, mientras que las tres restantes fueron
en juicio oral y público.

Perfil de los imputados
De las 220 personas condenadas, un 63% son varones, y un 37%, mujeres. “Se trata
de un porcentaje de mujeres condenadas más alto que el promedio general para todos
los delitos, si contemplamos que la población carcelaria total está compuesta por
un 96% de varones y 4% de mujeres”, advierte el análisis, de acuerdo al informe
anual 2013 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de la
Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
En un estudio realizado sobre la dinámica de la trata sexual en el país, fue advertida
esta tendencia y entonces se alertó sobre “el riesgo de que pueda estar manifestándose
un proceso de conversión de ex víctimas a actuales victimarias, cuando luego de
años de haber sido explotadas sexualmente, esas mujeres son elegidas para roles
gerenciales o de administración de los prostíbulos”.
Por ello, desde la PROTEX se colabora con la Defensoría General de la Nación para
proponer “un necesario debate sobre esta cuestión, estudiando la viabilidad de que
casos como esos pudieran tener cauce en la cláusula de no punibilidad contemplada
en el artículo 5 de la ley 26.364”.
Con relación a la nacionalidad de los imputados, la mayor parte es argentina (147),
de origen boliviano (35), paraguayo (25), y en menor cantidad encontramos a persona
de nacionalidad dominicana (6) y chilena (2). “La alta cantidad de extranjeros condenados
por trata se explica a partir de la transnacionalidad, como características del
delito, que no se circunscribe al hecho y las víctimas, sino también a sus autores
y a la movilidad de esos autores entre puntos de captación, transporte y consumación
de la explotación”, precisa el informe.
Los montos de pena promedio se encuentran en torno de los cinco años, pero existe
una tendencia muy marcada a fijar condenas por 4 años, “que podrían categorizarse
objetivamente como graves pero no severas”.

Policías condenados
La condena de funcionarios públicos se produjo en cinco de las 126 sentencias dictadas
hasta el momento, respecto de tres policías y dos ex policías. Uno de cada grupo,
fueron condenados en Mar del Plata. A su vez, otros ocho funcionarios públicos más,
incluyendo además de policías a funcionarios municipales, fueron procesados en otros
casos de trata de personas.
“Por su relevancia, estas cuestiones están siendo investigadas por la Procuraduría
y darán lugar a un nuevo documento que recogerá la información sobre casos judiciales
que abordan la connivencia de funcionarios públicos en procesos de trata y explotación
de personas en la justicia federal y en las justicias provinciales”, señalaron desde
la Protex.
Tres de los cinco funcionarios fueron condenados durante 2014. El 20 de mayo el
Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a cuatro años y medio de prisión,
y nueve de inhabilitación especial, a un entonces efectivo de la Policía de la Provincia
por ser considerado partícipe necesario del delito de trata, en concurso con el
delito de violación de deberes de funcionario público, en el marco de la causa Dulcinea.
En julio del 2011 ya se había condenado a cuatro años de prisión a un expolicía
de la Provincia de Buenos Aires.

Decomiso
La pena accesoria de decomiso al momento de la sentencia, de acuerdo al artículo
23 del Código Penal, se aplicó en un 34% de la totalidad de las sentencias condenatorias.
Dentro de ese porcentaje, un 15% corresponde al decomiso de inmuebles, un 12% al
de automóviles y un 17% al de dinero, mientras que el resto corresponde a otros
efectos que no surgen de la lectura de la sentencia.
“Dada la importancia de los aspectos patrimoniales en el combate a este delito,
donde la ganancia y la organización empresarial constituyen motivaciones esenciales
para delinquir, la estadística sobre decomisos es alentadora pero insuficiente”,
repararon desde la Protex y señalaron que “las investigaciones patrimoniales tienen
que mejorar para que la responsabilidad patrimonial compense las ganancias”.

Perfil de las víctimas
El 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres: esto corresponde con el
hecho de que el 85% de las sentencias condenatorias dictadas son por el delito de
trata con fines de explotación sexual, y que todas esas sentencias de trata sexual
tienen a mujeres como víctimas.
De acuerdo a las bases de datos utilizadas, la mayoría de las víctimas son extranjeras:
de las 492 víctimas cuya nacionalidad fue mencionada en la sentencia, 215 son de
origen boliviano, 128 paraguayo, 122 son argentinas -en su mayoría de provincias
del interior-, de República Dominicana 24 y de Brasil 3.
“El desarraigo del lugar de origen de una persona al encontrarse en un lugar donde
se habla otra lengua -muchas víctimas de Paraguay entienden y hablan con dificultad
el castellano pues su lengua materna es el guaraní, lo mismo sucede con víctimas
de Bolivia y el idioma quechua- donde hay otra cultura y otras creencias, lo cual
comprende otro de los factores que genera, o extiende, la situación de vulnerabilidad
de base”, menciona el informe.
De acuerdo a lo observado, predominan como modalidades de sometimiento, tanto en
el plano sexual como laboral, en un 45% la restricción de la libertad, en un 34%
la retención de la documentación y en un 43% el endeudamiento económico.

Fuente: Infojus

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2015-06-22 00:00:00
Etiquetas: Sociedad.
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