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Vulnerables

Hacia el cierre de esta edición se supo de la presentación de un recurso de amparo para que se prohíba la realización de toda actividad relacionada con el proceso de licuefacción, transporte, almacenamiento, regasificación, trasvasamiento y distribución de Gas Natural Licuado. Estas acciones que se quieren impedir se encuentran actualmente materializadas en la instalación del controvertido buque regasificador en Ingeniero White.

Se interpone esta acción de amparo contra el Estado Nacional Argentino (Poder Ejecutivo Nacional, en sus siguientes dependencias: Secretaría de Energía de la Nación, Prefectura Naval Argentina, y Dirección Nacional de Vías Navegables), contra ENARSA Energía Argentina S.A., contra YPF S.A., contra Compañía Mega S.A., contra el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, contra el ENARGAS, contra Transportadora de Gas del Sur S.A., y contra el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
Esta medida se pide con el fin de “que
se prohíba la realización en el ámbito de jurisdicción de ese Tribunal, de toda actividad relacionada con el proceso de licuefacción, transporte, almacenamiento, regasificación, trasvasamiento y distribución de Gas Natural Licuado (GNL), en tanto no se encuentren debidamente reguladas dichas actividades, y mientras no se dicte normativa interna específica pertinente, acorde con estándares internacionales de calidad y seguridad.
En lo que incumbe al caso particular tratado, dicha normativa ausente es la que debería regir el inminente ingreso y operatoria en la zona portuaria de Bahía Blanca, de buques de transporte, regasificación y suministro de Gas Natural Licuado”.
Entienden los solicitantes que en el corazón del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, y a una distancia inferior a los 1.000 metros de la población de Ingeniero White, se pretende introducir un riesgo no evaluado debidamente.
También se solicita en forma previa e inmediata como medida cautelar que se prohíba el ingreso a la Ría de Bahía Blanca de buques gasificadotes.

Investigación preliminar
En el extenso escrito presentado se destaca que se realizó una investigación preliminar a partir del 21 de abril en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, en la que se dispusieron diversas medidas a fin de recabar información.
De la misma surge, por ejemplo, la falta de autorizaciones, y de informaciones a algunos sectores como en el caso del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. El dr. Juan Pedro Tunessi acompañó documentación, e indicó que el cuerpo que preside “no fue informado ni se requirió su intervención con relación al proyecto de instalación de la planta regasificadora en el puerto de esta ciudad, y que por ello se solicitaron informes al CGPBB y a las autoridades provinciales y del Ejecutivo local, convocando a una Audiencia Pública”.
Esta audiencia el Concejo Deliberante la convoca para el día miércoles 21 de mayo a las 8.30 hs. en el Salón Blanco de
la Municipalidad de Bahía Blanca
La audiencia publica es un “
procedimiento de participación informada realizado a efectos de conocer la opinión de la ciudadanía respecto de una decisión administrativa o legislativa a tomarse” (Ordenanza Municipal 14.253, artículo 1°)
Teniendo presente lo anterior “la audiencia pública convocada no cumple con el sentido de su existencia (consulta previa a la población), en razón de que la ‘decisión’ ya fue tomada. Por otra parte, el artículo 29 de la citada ordenanza señala que ‘
las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante’, y por ende no tendrá efectos prácticos de retrotraer la situación.
Esta situación ratifica las incertidumbres existentes en el órgano que representa la comunidad bahiense de forma plural”.
 
Riesgos
Para ampliar esta investigación
se citó a prestar declaración en sede de la Fiscalía General a algunos profesionales. Entre ellos, el ing. Braulio Laurencena, quien fuera rector de la UNS y director municipal de Medio Ambiente de Bahía Blanca.
Según consta en el escrito, Laurencena “advirtió sobre los riesgos que implican los buques metaneros en el puerto de Bahía Blanca, en virtud de la existencia de las plantas industriales del Polo Petroquímico (con su propio riesgo). A su criterio, es inaceptable el nivel de riesgo en la ubicación que se pretende. Contestando apreciaciones públicas del ing. Luis Santos de Y.P.F., consideró que no es necesaria la producción de un evento de proporciones inusitadas como el quiebre de un buque, para la ocurrencia de un incidente importante y que se ha centrado la mirada de la empresa en los barcos, perdiéndose de vista la posibilidad de que un accidente ocurra en las plantas del polo petroquímico e incida sobre la operatoria de los barcos con G.N.L”.

¿Y si pasara un accidente?
En la presentación, la fiscalía se encarga también de poner sobre alerta acerca de que una de las posibles consecuencias que podría acarrear un incidente vinculado al metano (GNL), es la afectación de las personas por incendio provocado dicho elemento y surge de la Actuación Preliminar de la Defensa informes que dan cuenta que no existe en la ciudad ningún instituto especializado en la atención del quemado.
Concretamente ni el Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, ni el Hospital Interzonal “Dr. José Penna” cuentan actualmente con un área específica asignada a la atención de pacientes quemados.
Esta situación hace que se cuestione indefectiblemente la eficacia de cualquier Plan de Contingencia que se proponga. De continuar así la situación “mal podría afirmarse que en ese aspecto se encuentra suficientemente protegida la salud de la población”.

La Reserva
Se recuerda en la presentación de la Fiscalía que a través de la Ley bonaerense 12.101 del año 1998, se creó la “Reserva Natural Provincial de Usos Múltiples ‘Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde’, comprendida en un sector bien definido de la Ría de Bahía Blanca -técnicamente estuario-, a la que, según informa el propio texto legal serán de aplicación las normas previstas en la Ley 10.907”.
La Reserva abarca 210.000 hectáreas pertenecientes a los partidos de Coronel Rosales, Villarino y Bahía Blanca, e incluye a las islas Zuraita, Embudo, Bermejo, Trinidad, Wood, Ariadna e islotes menores.
Este espacio natural encierra como principal característica la presencia de lo que se denomina “Humedales”, uno de los ecosistemas más productivos de la Tierra, fuente de diversidad biológica, de rica fauna y flora, además de formar parte del patrimonio cultural de la Humanidad según el Tratado de Ramsar, del año 1971.
“De acuerdo con lo establecido en la Ley 10.907 -con la modificación de la Ley 12.459-, el Poder Ejecutivo debe velar por su integridad, defensa y mantenimiento. Están prohibidas las alteraciones de elementos y características de especial relevancia; la presencia humana que represente alguna perturbación o alteración, como así también cualquier otra acción que pudiere modificar el paisaje natural o el equilibrio biológico. Y a todo evento, de ser indefectiblemente necesario realizar acciones u obras, el Ejecutivo podrá autorizarlas siempre que se produzca previamente un informe técnico resultante de un estudio o evaluación del impacto ambiental de las mismas, y que como resultado de dicho estudio se concluyese que tales acciones u obras no alterarán en forma nula o mínima el medio natural o los elementos que conforman el objetivo de la reserva”.
Por los datos recabados no se conoce ni se ha difundido la realización de ningún estudio o evaluación sobre la materia.
Este es un punto también central “y su inobservancia acarrearía la imposibilidad de continuar -de no subsanarse las omisiones destacadas- con el proyecto de provisión de gas en la forma y modalidad que constituyen objeto de amparo”.

Firmantes
La presentación fue realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, dr. Hugo Omar Cañón, por el dr. Gabriel Darío Jarque -defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía Blanca-, y Antonio Horacio Castaño -fiscal federal de Primera Instancia de Bahía Blanca-, en su carácter de representantes del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, de la Jurisdicción; ante el juez Alcindo Álvarez Canale. Y suscribieron entre otros la Asociación Ambientalista del Sur; la Asociación Vecinal de la Costa; el concejal Norberto Martínez –concejal de Bahía Blanca (Integración Ciudadana), Raúl Woscoff, presidente de la agrupación municipal Integración Ciudadana; y vecinos de Ingeniero White, como Adriana Olivo -presidenta de la Sociedad de Fomento de Ingeniero White-; Augusto Salvador Di Stefano -bombero voluntario de la localidad portuaria-, y Alejandra Adriana Jaime.

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2008-05-16 00:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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