Se conoció finalmente en la sesión del jueves pasado el resultado de la investigación llevada a cabo por la comisión especial conformada para analizar si hubo o no violación a la ordenanza 14.563 que establecía el “corralito urbano”.
Tajantemente, el primer punto del dictamen de la mayoría –todos los bloques opositores- afirma que “ha quedado corroborada la violación de la ordenanza” en los siguientes casos: el Ejecutivo no suspendió las actuaciones administrativas; durante la veda se tramitaron 19 CICU, ocho expedientes de construcción y se aprobaron dos; además, “el criterio adoptado por el Departamento Contralor y Obras Particulares que originó la desafectación del cargo del arquitecto Soteras permitió la aprobación de un expediente de construcción y abrió las puertas para la aprobación de los restantes”
Destacan los ediles opositores que durante la vigencia del corralito y hasta que se admitió la violación de la norma el 4 de julio “los responsables políticos de las distintas áreas intervinientes no tomaron las acciones necesarias y suficientes para impedir el avance de los trámites administrativos prohibidos” y la posterior “consumación violatoria que posibilitó la aprobación de expedientes”.
El desconocimiento de la situación manifestado por el cuestionado secretario de Obras Públicas comunal, Rubén Valerio, no son creíbles para los concejales que entendieron que sus excusas son “pueriles” y lo sucedido es para el montehermoseño una “responsabilidad política ineludible e inexcusable”.
“Se encuentra plenamente demostrada la activa participación del arquitecto Adrián Vogel”, más allá del rol de Soteras que fue “un actor más en este irregular proceso” en el que él “sólo fue funcionario los dos últimos meses”.
Finalmente, el documento de la mayoría destaca el agravamiento de la responsabilidad por haber sido la ordenanza violada, elaborada y remitida por la gestión Breitenstein y concluyen expresando su más “enérgico repudio y rechazo” al accionar de los funcionarios comprometidos, “no sólo durante la vigencia de la ordenanza 14.563, sino en la actitud asumida con posterioridad; en la que se escatimó información, se acompañaron expedientes con irregularidades en su foliatura, se prestaron declaraciones contradictorias”, siendo el ing. Rubén Valerio, por el cargo desempeñado, su principal responsable.
Para el bloque del Partido Justicialista, en cambio, “las irregularidades cometidas en este proceso consisten sólo en la aprobación de un expediente con valor retroactivo luego revocado por errónea aplicación de criterios normativos, existiendo otros dos expedientes con aristas normativas de especificidad que merecieron debates de conveniencia administrativa”.
“En ninguna racionalidad democrática y republicana cabe admitir una responsabilización objetiva basada no en la negligencia o imprudencia de una conducta sino en enrostrar a un funcionario que debió saber lo que no pudo saber y debió hacer lo que no podía hacer”, dijeron en su dictamen en referencia al secretario Valerio.
Por último, los ediles aprobaron por mayoría un decreto estableciendo la remisión del dictamen final al Ejecutivo, haciéndole saber “las irregularidades constatadas en la foliatura” de uno de los expedientes para que tome las medidas que crea convenientes y exigiéndole desafectar de “todos los ámbitos de representación municipal” al arquitecto Soteras. Asimismo, la documentación debe ser enviada al Tribunal de Cuentas y al fiscal Eduardo Quiróz para “que determine si existen conductas que merezcan el reproche penal” y le solicitan a este último informe acerca del estado de la causa que lleva adelante.