URUGUAY
Tabaré casi en solitario

Escaso público acompañó al presidente uruguayo Tabaré Vázquez en la
primera conmemoración del “Día del Nunca Más”, una iniciativa personal que
pretende la “reconciliación” de militares y civiles coincidiendo con el
aniversario del nacimiento de José Artigas, prócer de la independencia
nacional.
Su apuesta había provocado protestas en diversos sectores del Frente
Amplio, y al advertir el rechazo, Vázquez dispuso dar marcha atrás y
suspender el previsto desfile cívico-militar que intentaba implicar a
escolares y a trabajadores. Tanto los sindicatos del magisterio como la
Central de Trabajadores rechazaron tal posibilidad y criticaron duramente
la propuesta. El presidente personalizó aún más el gesto, advirtiendo que
él rendiría una ofrenda floral a José Artigas, “y quien quiera acompañarme
que lo haga”.
Los medios de prensa estimaron entre 1500 y 3000 personas el público
asistente al acto, incluyendo a varios centenares de militares uniformados,
dirigentes de la oposición y funcionarios y ministros de gobierno. El acto
duró sólo diez minutos, y en su transcurso el presidente saludó a Pedro
Bordaberry, hijo del ex dictador Juan María Bordaberry, y al líder del
partido Blanco, Larrañaga.
No asistieron la mayoría de las organizaciones de base del Frente
Amplio y varias de las organizaciones políticas que lo integran. Tampoco la
Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la
Central Obrera, y organizaciones estudiantiles. Sí estuvo el ministro de
Agricultura y Ganadería, José Mugica, viejo dirigente del Movimiento
Tupamaro, que sufrió años de cárcel durante la dictadura y que es uno de
los más respetados líderes frenteamplistas.

ESTADOS UNIDOS
¿Adónde la base militar?

El gobierno norteamericano estudia un nuevo emplazamiento militar en el
continente americano, vista la firme decisión del nuevo presidente
ecuatoriano Rafael Correa de no renovar la autorización para utilizar la
base área de Manta, situada sobre el Pacífico. Este enclave fue cedido en
1999 por el gobierno de Jamil Mahuad, y luego ratificado y aumentado por el
presidente Gustavo Noboa, a pesar de las protestas populares que rechazaban
el acuerdo. Además de la Base Aérea, el convenio otorga el puerto naval y
las instalaciones que puedan considerarse relacionadas con la base, sin
costo.
Ecuador cedió también la soberanía sobre su espacio aéreo, autorizando
a las aeronaves operadas por o para Estados Unidos, relacionadas con el
convenio, para sobrevolar el territorio nacional. También otorga a las
naves norteamericanas el mismo trato que a las naves de la Armada Nacional
del Ecuador en todos los puertos marítimos del país. También autorizó el
establecimiento de una estación satelital para la recepción y emisión de
todo tipo de telecomunicaciones, exentas de inspecciones, licencias,
regulaciones, derechos, impuestos, cargos y tarifas gravadas por Ecuador. Y
además, establece una condición jurídica excepcional al personal que opere
en el convenio y a sus familiares, otorgándoles la inmunidad y la misma
condición legal del personal diplomático adscrito a la embajada de Estados
Unidos en Quito.

¿Perú, Colombia, Paraguay?
La próxima “Conferencia Hemisférica” sobre Seguridad, Cooperación y
Desarrollo, promovida por el gobierno norteamericano se realizará el
próximo mes de julio en Lima, Perú. Allí podría definirse el nuevo
asentamiento militar norteamericano, cuando tengan que abandonar la base de
Manta.
Si bien unos cuantos años atrás podrían haber sido varios los países
dispuestos a recibir esa base militar norteamericana, el número se reduce
sensiblemente. Más aún si -como se presume- el gobierno Bush intentará
disponer similares condiciones a las que otorgó en su momento Ecuador, lo
que significa resignar soberanía y control del país “aliado”.
Si bien mucho se ha insistido en que Estados Unidos tiene proyectos de
radicar su base en Paraguay (donde se afirma que hay ya un emplazamiento
permanente), el objetivo podrían ser Perú o Colombia, con la intención de
controlar toda el área andina. Al parecer el Pentágono se inclina por
Colombia, donde una parte importante de la clase política y los mandos
militares de ese país ya tienen una estrecha relación con Estados Unidos,
además de la vigencia del llamado Plan Colombia que ha supuesto una
millonaria asistencia fundamentalmente militar, con el argumento de
combatir el narcotráfico.
Los expertos afirman que Álvaro Uribe es en todo el continente el
presidente más dependiente de la ayuda norteamericana y el más dispuesto a
hacer concesiones territoriales o legislativas. En realidad, organismos de
derechos humanos han denunciado que Estados Unidos ya posee tres bases
militares en territorio colombiano, la más grande situada en Tres Esquinas,
departamento de Caquetá. Otra estaría ubicada en el sitio Florencia, de la
hacienda Larandía. La tercera en la ciudad de Villavicencio, en el
departamento de Meta, en la parte central de Colombia. Allí están
emplazadas unidades aéreas que operan contra las guerrillas de las FARC y
también una sección de inteligencia del Pentágono.
Varios gobiernos de América Latina y numerosas organizaciones populares
y sociales, rechazan la posibilidad de que Estados Unidos intente aumentar
su presencia militar en la región.

MÉXICO
Violento desalojo

Simpatizantes de una organización relacionada con la iniciativa civil
“la otra campaña” de los zapatistas, fueron duramente reprimidos por la
policía estatal en Ixhuatlán de Madero, en Veracruz. La Liga Mejicana por
la Defensa de los Derechos Humanos denunció el intento de desalojar
violentamente a campesinos indígenas de una zona de 500 hectáreas de
tierras que habían ocupado tres días antes.
Los desplazados integran la organización “Dorados de la Villa”,
vinculados con la iniciativa política civil de los zapatistas, que
consiste, entre otras cosas, en la construcción de espacios de
comunicación, de acción política y de encuentro con movimientos sociales de
todo el territorio mexicano. La denuncia afirma que 47 personas fueron
detenidas y una se encuentra desaparecida.
Por su parte, los campesinos e indígenas afirman que la policía realizó
un gran operativo empleando 10 patrullas que hicieron disparos provocando
la huída de los ocupantes que se hallaban desarmados. “Muchos fueron
detenidos”, afirmó uno de los campesinos, quien añadió que “todo esto fue
armado por los ricos que tienen nuestras tierras”.
En 1941, las tierras fueron concedidas a dos comunidades indígenas,
Tzocohuite y Lomas del Dorado, pero unas 2500 hectáreas propiedad de la
familia Faisal Domínguez nunca fueron entregadas. En 1984 el gobierno,
utilizando una antigua resolución presidencial de 1938 que determinaba que
aquellas tierras eran públicas, dispuso que los campesinos fueran
desalojados por el ejército. Ello dio origen a un conflicto que perdura
hasta nuestros días.
Los campesinos habían decidido ocupar esas tierras porque todas las
gestiones realizadas, incluso viajes a la capital, no dieron nunca
resultados concretos.