Un nuevo motivo para acrecentar el descontento de los organismos de derechos humanos, dio el juez federal Alcindo Álvarez Canale al liberar al represor Jorge Masson por falta de méritos entendiendo que los elementos no eran suficientes para procesarlo por su participación en delitos de lesa humanidad durante su paso por el V Cuerpo de Ejército y la patota del mayor Ibarra.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo manifestó que “con Álvarez Canale no estamos conformes en nada porque además no confiamos desde hace tiempo en él, no podemos seguir aceptando por su apuesta al silencio que cambie de criterio según cómo se levante a la mañana”.
Agregó que los criterios de la medida tomada con el ex subteniente de Infantería -al igual que en las resoluciones anteriores en el caso de Casella en primera instancia y luego de la Cámara ad hoc-, siguen siendo “realmente patéticos”.
“El juez por un lado cuando emite el fallo, como fue el caso de Santiago Cruciani, establece una pauta clara en cuanto a las responsabilidades de los que formaron parte de la planificación del Terrorismo de Estado en los puestos que estuvieran y este es el caso –según decía en su momento- de la agrupación de Emilio Ibarra –que realizaba los operativos ‘legales’ a la luz del día o ‘ilegales’- a la cual pertenecían Masson, Corres, Méndez y Sosa“, aseguró Hidalgo y contrastó que al tomar los casos “uno por uno hace este tipo de cosas”.
El dirigente afirmó no creer que la liberación “sea una casualidad, creo que es una operatoria de impunidad, creo que estamos frente a una situación complicada, repito: no sólo no confiamos en el juez sino que nos parece patético desde su punto de acción”.

Del juicio a la Junta para abajo
“Acá hay una jurisprudencia establecida en cuanto a la planificación del Terrorismo de Estado que queda claramente reflejada en lo que fueron los juicios a los comandantes. A partir de ahí ninguna cuestión que se establezca puede salirse de ese marco”, comentó.
El titular de la APDH, aclaró que “el mismo juez (Álvarez Canale) la reafirma en algunos de los fallos de los que fueron en principio en prisión preventiva, como el caso de Cruciani, y cuando toma la individualidad pretende que haya alguien que lo haya visto a Casella, por ejemplo, cuando en realidad Casella ni siquiera era de la ciudad. Por lo tanto pretender una identificación directa es como pretender que cuando a Videla lo condenaron a reclusión perpetua alguien lo haya visto manejando la picana”.
Lógicamente, siguiendo este criterio: no hubo testigos de que Videla manejara la picana sino que tenía que ver con la planificación del Terrorismo de Estado que también se aplica acá. “El juez dice una cosa y borra con el codo lo que escribió con la mano”.

Nuevos pedidos de detenciones
Mientras tanto, desde el juzgado se informó que fueron solicitadas las capturas de los represores del Servicio Penitenciario, jefes de la Unidad Penal de Villa Floresta: Miraglia y Zelaya.
Para la APDH, sin negar la importancia de este pedido, se trata de otro obstáculo en la celeridad del proceso dado que si bien se trata de personajes que “tenían un nexo en cuanto a la destrucción y tratamiento de los detenidos por razones políticas en la cárcel y tienen denuncias al respecto”, todavía existen prófugos con mucha mayor responsabilidad.
“Aún no ha estado detenido, por ejemplo, el Mono Núñez que ya debe hacer fácil dos meses desde que salió la orden de detención ¿tampoco lo van a encontrar? Lamento que el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación haya salido, en su momento, a defender esta circunstancia con argumentos que realmente no son para tenerlos en cuenta de parte de alguien que ha sido víctima”, culminó Hidalgo.
Durante los últimos días culminó la toma de declaraciones indagatorias a Mansuelo Swendsen, continuaban los interrogatorios a García Moreno, mientras Julián “Laucha” Corres espera su turno desde el viernes 11 en la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca.