UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Dinero 1 – El medio ambiente 0

La Universidad Nacional del Sur aceptó más de 1.200.000 pesos de la firma
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, la cual tiene varias denuncias en
contra por daños al medio ambiente.
Si bien hay una cuestión legal que ampara a la UNS para poder aceptar ese
dinero, existen voces en contra debido al prontuario que tiene la empresa
en cuanto a contaminación.

La historia tiene dos protagonistas. Por un lado, la empresa Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que tiene varias denuncias en contra por
contaminación al medio ambiente, y por otro lado, organismos estatales. Y
en el medio, millones de pesos de la empresa que son distribuidos entre
universidades nacionales: a la UNS le correspondió más de 1.200.000 pesos.
Según se cuenta, el yacimiento, que es fundamentalmente de oro, fue
descubierto en 1948 por integrantes de la Universidad Nacional de Tucumán.
Se comenzó la explotación en un primer momento a nivel local y después
intervinieron capitales extranjeros hasta que quedó prácticamente todo en
manos francesas y canadienses durante la época menemista.
Remontándonos décadas atrás, existe la ley 14771 que en su artículo 18
inciso C establece que en ciertas condiciones de distribución se puede dar
a las universidades nacionales, el 50% de las utilidades liquidas de YMAD.
En los últimos meses surgió la existencia de dinero de las regalías y el
Estado decidió repartirlo entre las universidades. El reparto se hizo a
través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).adjudicándose a la UNS
la importante suma de un millón doscientos quince mil quinientos once pesos
($ 1.215.511).

¿No importa de dónde viene?
El Consejo Superior Universitario de la UNS aprobó por una amplia mayoría,
que no expuso grandes argumentos, la aceptación de ese dinero aunque
también existieron voces en contra debido a las constantes denuncias contra
la empresa por contaminación ambiental.
Una de esas voces es la de Telma Alonso, profesora del Departamento de
Biología y consejera titular por la lista de profesores de Integración,
quien refirió que parte de las regalías de la empresa habrían sido
destinadas a la provincia de Catamarca y a la Universidad Nacional de
Tucumán que con ese dinero habría construido su campus.
Respecto a la decisión de la UNS y a los motivos de aceptación del dinero,
declaró que “el mismo rector admitió que en la discusión se analizó un poco
el tema acerca de que sobre esta empresa existían varias denuncias de
contaminación, incluso el procesamiento del presidente de la empresa, pero
que en realidad el Consejo Interuniversitario se dedicó más a ver cuáles
eran los criterios que seguía para la distribución que analizar el origen
de los fondos”.

De leyes y principios
Es verdad que existe una ley que ampara a las universidades en el hecho de
aceptar el dinero pero lo que se discute son los antecedentes de la
empresa, y que quien recibe la suma es una institución educativa: “El tema
que planteamos, que nos parece que no es menor, es hasta dónde la UNS puede
aceptar dinero de empresas que están dañadas en su credibilidad por todas
las denuncias que hay. Hay denuncias de contaminación de agua, de suelos
con metales pesados, parece ser que la cantidad de arsénico que se
encuentra es el doble de la permitida pero ha intervenido la justicia”.
Incluso, dice Alonso, en 2008 la Corte Federal de Tucumán dictó el
procesamiento del vicepresidente de la empresa por delitos relacionados con
la ley de residuos peligrosos: “Llama la atención que durante muchísimos
años las universidades argentinas en general, salvo la de Tucumán, no
recibieron nada de las regalías, y cuando ahora esta empresa está atacada
en varios frentes por denuncias de distintos grupos ecologistas y del
Concejo Deliberante de Catamarca, justo ahora aparece una distribución”.

Rol de la universidad
Como es común entre las empresas que más contaminan el medioambiente a lo
largo y ancho del mundo, YMAD financia con material educativo a muchas
escuelas e incluso tiene convenios para hacer cursos de cuidado de la
naturaleza y el medio ambiente en lugares claramente contaminados por la
empresa.
En cuanto a las contradicciones, la Universidad Nacional del Sur es
precisamente uno de los entes que tendría que ejercer un rol de contralor
en estas cuestiones: “No estamos diciendo que no queremos que se reciba
dinero de las mineras, lo que decimos es que en este caso sabemos de
denuncias serias contra esa empresa. Entonces, ¿puede la universidad
aceptar esos fondos y después, si el Estado decide hacer un estudio ante
las denuncias, actuar como contralor?”.
Los opositores a la aceptación del dinero fueron tildados de principistas
argumentándoseles que los principios no son operativos: “Creemos que es un
punto grave porque la UNS tiene que evaluar bien de dónde vienen sus fondos
y más cuando hay una denuncia concreta… El argumento será que se usará el
dinero para cosas positivas pero tampoco se puede de recibir de cualquier
lado porque ‘total es plata’”.
El artículo 41º de la Constitución Nacional establece que “todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo”. Por su parte, el artículo 2º del Estatuto
de la Universidad Nacional del Sur establece como fin inculcarles a sus
miembros “el respeto a las normas e instituciones de la Constitución
Nacional”. Por ende, ¿no existen serias contradicciones entre lo que se
declama con lo que se acepta? ¿No se genera un ejemplo no muy claro para
los alumnos de la universidad? “Vamos a seguir difundiendo esto, queremos
comunicarnos con Greenpeace y quien corresponda porque creemos que la
universidad está tergiversando su rol. Creemos que es muy grave. Pasa que
hay una mayoría que no le interesan los argumentos, no estoy diciendo que
sus principios no sean tan válidos como los nuestros, digo que son
distintos”.

YMAD
Quienes se opusieron a la aceptación del dinero de la empresa minera
expusieron sus argumentos para hacerlo, brindando información acerca de
antecedentes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio respecto a
contaminación del medio ambiente.
En el dictamen, la minoría opositora expuso que “las utilidades líquidas y
realizadas de la empresa YMAD son el resultado de la explotación que lleva
adelante la empresa transnacional Minera Alumbrera Limited, de capitales
suizos y canadienses, y constituida bajo la legislación de Antigua y
Barbuda”. Allí señalan que ambas empresas celebraron un contrato de unión
transitoria el 24 de abril de 1994 y modificado en octubre del mismo año, y
otro modificatorio en Nueva York en 1997 violando las leyes argentinas y
contratos firmados con anterioridad: “Que se desconocen si las ganancias
declaradas por Minera Alumbrera son las pactadas en el contrato firmado en
1997, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en el
Congreso de la Nación por el actual diputado nacional Eduardo Antonio
Pastoriza y sobre las cuales ha solicitado informes al Poder Ejecutivo
Nacional; así como reiterados pedidos de informes respecto de los daños
ecológicos como consecuencia de la explotación minera de la empresa
mencionada que respondieron parcialmente funcionarios del Poder Ejecutivo”.

La minera y su impacto
Por otra parte, los firmantes aducen que varios medios gráficos y
televisivos del país han difundido las actividades de esta empresa y el
impacto de las mismas sobre el medio ambiente de Catamarca y Tucumán:
“Entre los daños ecológicos se destacan los efectos de los líquidos
desechados del proceso de concentración de los minerales extraídos sobre
algunos cursos de agua superficiales y reservas de agua subterráneas de las
provincias mencionadas”.
Además, destacan otra denuncia a través de la cual se procesó por
contaminación ambiental al vicepresidente de la empresa, lo cual constituye
el primer fallo en America Latina contra una minera por contaminación.
A pesar de todo esto, la UNS aceptó el cheque: “El artículo 2º del Estatuto
de la Universidad Nacional del Sur establece como fin inculcarle a sus
miembros ‘el respeto a las normas e instituciones de la Constitución
Nacional’. Si bien las universidades nacionales arrastran un problema
crónico de financiamiento por parte del Estado nacional que no alcanza a
ser cubierto por los presupuestos anuales aprobados por el Congreso
nacional, el conocimiento del origen de las utilidades líquidas como
consecuencia de la explotación minera mencionada pone a los integrantes de
la comunidad universitaria ante una cuestión que si bien está amparada
legalmente afecta principios éticos y constitucionales que no deben ser
soslayados”.