Un hecho de justicia y de
seguridad jurídica es no quedarse con el dinero de otra persona, aunque no sea
necesario utilizar un arma de fuego.

Semanas atrás, en un
canal de televisión con sede en el barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos
Aires, un economista presentaba un informe donde daba cuenta de los abultados
márgenes de ganancia que obtienen algunas cadenas de supermercado en la
totalidad de los rubros que comercializan.
En lo que respecta a artículos del hogar, el mecanismo de fijación del precio
de venta al público es diferente a otros rubros ya que son los fabricantes o
proveedores quienes lo determinan. Cada empresa de venta al público puede
generar bonificaciones o mejoras en las condiciones de venta, destacándose las
empresas asociadas a entidades financieras que obtienen mejores resultados por
los costos asociados que terminan pagando los usuarios de tarjetas de crédito.
Luego de la depreciación del peso del 21 y 22 de enero, el componente
inflacionario “por las dudas” determinó que en los días subsiguientes los
precios de los electrodomésticos tuvieran un aumento del orden del 20 al 30%.
Ciudadanos con capacidad de ahorro salieron a comprar electrodomésticos y otros
bienes, entendiendo el gasto como una alternativa para no descapitalizarse.
Se vivieron diversas situaciones por esos días. Por caso, páginas webs de
cadenas de comercialización de cobertura nacional que se encontraban caídas con
la excusa de estar “en mantenimiento”, por lo cual era imposible realizar
operaciones por esa vía tan promocionada. Según consta en artículos
periodísticos de distintas localidades del país, “algunas casas de
electrodomésticos quitaron los precios en vidriera” porque “no había precio”.
Esta situación se repetía al momento de concurrir a los locales en que las
variaciones fueron repentinas, siempre en alza, en especial el jueves 23 de
enero.
Este hecho motivó la intervención de la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación, logrando como resultado que los proveedores retrotrajeran sus listas de
precios e implementaran un aumento más lento y espaciado en el tiempo. El
acuerdo puso como límite un aumento del 7,5% en los valores respecto a los
vigentes a fines del año pasado.
Se dio entonces una nueva situación: aquellos que compraron en esos últimos
días de enero abonaron más caros los artículos del hogar, excedente que quedó
directamente en manos de las empresas de venta al público. No fueron pocos
quienes en el desconcierto alentado por los medios masivos de comunicación
perdieron varios cientos de pesos.

Una respuesta justa
En las páginas de Trabajo y Economía se vienen publicando aportes surgidos
de la experiencia del asociativismo, cuyos formatos más reconocidos son el
mutualismo y el cooperativismo, que dan testimonio de la mayor justicia
existente en ese tipo de relaciones entre las personas.
En esta ocasión se destaca un hecho con pocos antecedentes que las autoridades
de la Cooperativa Obrera Ltda., asociación que cuenta con cerca de un millón
cuatrocientos mil asociados, han preferido no publicitar por cuanto consideran
que es parte de la ideología y, por lo tanto, del accionar cotidiano de esa
empresa.
Anualmente, al finalizar el balance, los asociados a esa entidad que realizan
sus compras en los más de 100 supermercados que posee en las provincias de
Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa, reciben la distribución del
excedente que les corresponde por su participación en las compras, por lo
general promediando el mes de septiembre. Al momento de abonar en línea de caja
se les consulta si desean tomar su excedente como parte de pago de lo adquirido
ese día.
Las autoridades de la Cooperativa al informarse por sistema que 759 asociados
adquirieron mercadería del sector hogar en un pago, y luego esos artículos
bajaron de precio, tomaron la decisión de comunicarse personalmente con cada
unos de ellos para notificarles la devolución de la diferencia de precio que le
correspondía a cada uno. Un hecho de justicia y de seguridad jurídica es no
quedarse con el dinero que es de otra persona, aunque para ello no sea
necesario utilizar un arma de fuego.

Nota: el artículo fue publicado originalmente en semanario Trabajo y Economía,
en la edición de Tiempo Argentino del 08-04-2014.