El 27 de marzo en horas de la tarde, en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Bahía Blanca, se realizó un acto organizado por la Federación Judicial Argentina (FJA) que concretó un especial reconocimiento al dr. Luis Alberto Cotter, luego de su trascendente magistratura como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Se dieron cita en este evento numerosas personalidades, entre las que se destacan las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Nora Cortiñas (Madres Línea Fundadora), el fiscal Federal Hugo Cañón (que fuera secretario general de la AJB de La Plata), el dr. Guillermo Labate, miembro del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, entre otros; además de las autoridades de la Asociación Judicial Bonaerense y de la Federación Judicial Argentina.
El dr. Luis Cotter, quien se acaba de jubilar, integró la única Cámara Federal que declaró en todo el país la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los Indultos.
A través de todos aquellos que hicieron uso de la palabra quedó en claro que el homenaje a Cotter no significó solamente un reconocimiento a su persona. Es el reconocimiento al modelo de juez al que aspiran tanto los trabajadores judiciales como gran parte del pueblo argentino. Es una afirmación de la lucha por un Poder Judicial Democrático e Independiente que garantice justicia para todos y todas.
EcoDias estuvo presente en el agasajo y queremos compartir algunas imágenes y parte de las palabras del dr. Cotter al momento de recibir tan merecido reconocimiento.

“Recuerdo que al inicio de la investigación a principios del año 1985, fuimos invitados a la Cámara Federal de Buenos Aires, donde discusión mediante se planteó no bajar más allá del comandante y subcomandante de los cuerpos de ejército y su equivalente en las otras fuerzas armadas, se habló de la obediencia debida, ya en ese momento se insinuaba algún intento, de la democracia joven, etc. También se hizo mención a no imprimir un ritmo acelerado a la investigación. Por eso digo que esto no es de ahora, que viene de hace tiempo. Estos puntos de vista están basados en la intranquilidad que habría existido en las fuerzas armadas cuyos integrantes eran -ni más ni menos- los autores de la desaparición de 30.000 ciudadanos argentinos”. Refirió Cotter que esto se confirmó con la visita a esta ciudad de algunos miembros de aquel cuerpo y la reiteración de no dar lugar a las detenciones de militares.
“Y es así que nos constituimos en la ciudad de Neuquén, Roca y Viedma para recibir las pruebas que se pudieran reunir, sobre todo testimonios de las víctimas y efectuar un reconocimiento de los centros clandestinos de detención ubicados en el predio del ejército de Neuquén con asiento en la ciudad. Desde ya que estaba destruido: a las pruebas había que hacerlas desaparecer, como muchas otras cosas lamentablemente”.
Mencionó que en esta recopilación de pruebas no tuvieron dificultades con los testigos víctimas pero sí fue imposible que enviara el Poder Ejecutivo la documentación, y que luego los reclamos llegaban en forma incompleta, “una tarea difícil y agotadora, pues la existencia del Punto Final nos imponía un tiempo brevísimo”
“Al sancionarse las leyes de obediencia debida, que declaramos inconstitucional por mayoría, la decisión fue recurrida y por lo tanto las actuaciones fueron elevadas a la Corte Suprema que luego de un largo tiempo revocó nuestra decisión”.
“Sin las actuaciones que tenían carácter punitivo y a pedido de los damnificados abrimos los juicios para establecer el destino de los desaparecidos, desarrollándose una intensa actividad, con una colaboración inestimable de los empleados. Se obtuvieron pruebas sobre el mecanismo que utilizaban los represores en los procedimientos ilegales pero no se pudo obtener datos sobre el destino de los ciudadanos detenidos, aunque sí probó que entregados en la denominada Escuelita que funcionaba en el V Cuerpo y también la identificación del encargado de la vigilancia del centro clandestino, el ex coronel y detenido Julián Corres”.
“En el marco de estas actuaciones tres de los miembros del tribunal nos trasladamos a la ciudad de Mendoza para recibir la declaración del paradigma de los torturadores, Santiago Cruciani, alias ‘El tío’, hoy fallecido, quien se negó a declarar. Ante esta negativa se lo dejó detenido hasta que estuviera dispuesto a hacerlo. Los camaristas mendocinos hicieron todo lo posible para que desistiéramos de la detención… nos fue retirada toda ayuda, creo que ni café nos daban. Y la atención protocolar fue lamentable”.
 “También nos acarreó un pedido de jury que fue rechazado por el Consejo de la Magistratura. Por recurso esta causa fue a la Casación y se radicó en la sala militar donde estaba el doctor Bissoni -viejo conocido del poder judicial- quien prohibió a esta Cámara recibir declaración testimonial a personal militar”.

Demoras y responsabilidades
 “Disculpen esta tediosa recopilación de datos”, dijo Luis Cotter “pero es necesaria para fundamentar mi opinión de que la demora injustificada que se advierte en esta jurisdicción de Bahía Blanca es responsabilidad de miembros del poder judicial. Según sea la instancia, pues cada una de ellas retuvo por un injustificado y prolongado tiempo las actuaciones, como así demoraron las resoluciones, retenciones que impedían continuar con sus tramites”.
Hizo alusión a que en ámbitos judiciales se dice que la demora se debe a falta de personal. Incluso, se ha difundido en los medios que se piensan agregar “750 puestos para acelerar el trámite en los juicios de lesa humanidad pero también se aclara que no solamente para estos juicios sino también para las causas comunes, circunstancia que podría desnaturalizar el objetivo”.
El dr. Cotter considera que se podrían realizar grupos de trabajo dedicados exclusivamente a delitos de lesa humanidad, pero que esa acción debería ir “acompañado de la creación de un organismo de seguimiento integrando por personas de reconocida trayectoria democrática sino temo que se transforme en otra promesa no cumplida o bien se excuse por falta de personal…”.

Bahía Blanca
Sobre nuestra ciudad comenta que “en esta jurisdicción se han creado puestos, no es que falta personal para activar los juicios (…) lo que se ha hecho es nombrar a personal sin experiencia, tanto es así que se designó como secretario a un abogado con poco tiempo en el título y con el único antecedente de ser familiar de un juez”.
Y mencionó la contracara de Bahía Blanca, que es Neuquén, que ya logró en juicio la condena a represores con penas a cumplir en establecimientos carcelarios, con las actuaciones iniciadas en similares fechas que acá en Bahia Blanca.
Reconoce que en Neuquén este juicio tuvo dos factores determinantes: las Madres y Organizaciones de Derechos Humanos, y un juez que cumple con su deber, refiriéndose al doctor Labate que se encontraba justamente en el acto, y para el cual los presentes brindaron un caluroso aplauso.
El dr. Cotter fue tajante en su definición de inaceptable el perdón que pretenden y las excusas que esgrimen, quienes cometieron hechos aberrantes y la necesidad de todos de haber mantenido la constitucionalidad en contra de toda la doctrina de la ley de obediencia debida; afirmando que es imposible de pensar que quien mutilaba, violaba, torturaba, asesinaba, incineraba a mujeres, jóvenes y ancianos podría estar amparado por esa justificante.
“Esto me hace reflexionar un poco sobre qué distinta hubiera sido la historia si la Corte Suprema hubiera dictado la inconstitucionalidad cumpliendo con lo que manda la Carta Magna”.
En su opinión, todas las situaciones vividas y observadas a lo largo de este tiempo lo hacen ver un denominador común, “que es la falta de interés real de los jueces de que estos juicios marchen adecuadamente. ¿Qué otra puede ser la explicación de que desde 2004 hasta la fecha en Bahía Blanca no hay un imputado que sea llevado a juicio de forma inminente? Esta ausencia de interés de los jueces puede deberse a una falta de visión del grave riesgo que implica para la democracia que sigan sin juicio y castigo los genocidas, o bien que esperen que se debilite el reclamo por el paso del tiempo. O tal vez esperando que soplen nuevos vientos más favorables para reforzar la impunidad. Tengo la seguridad que la ciudadanía no lo permitirá pues creo que se seguirá escuchando con más fuerza que nunca el reclamo de juicio y castigo para los genocidas”.

Remarcó hacia el final de sus palabras que si bien en estos tiempos existe un reclamo de seguridad, se debería estar atento a que no se caiga nuevamente en situaciones donde los fines justifiquen los medios. Y dijo observar con inquietud el discurso de distintas manifestaciones que reclaman acción que puede llevar a la aparición de métodos ilegales que violen los derechos y garantías previstos en la Constitución.