La Unidad Fiscal de Bahía Blanca que trabaja en las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el ámbito de Bahía Blanca, presentó recursos de queja por retardo de justicia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida se tomó debido a la demora en la tramitación de las causas que incide directamente en el juzgamiento de los represores y en la búsqueda de Verdad y Justicia.

En la edición 339 bajo el título “Escapar a la Justicia, con la muerte”, publicábamos una de las notas del habitual seguimiento que desde hace años hace EcoDias sobre las causas que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Bahía Blanca, durante la última dictadura militar.
Ese título tenía por motivo el fallecimiento de dos imputados en las causas: el del ex juez federal de Bahía Blanca, Guillermo Madueño y el de Leonardo “Mono” Nuñez que se suman a una ya larga lista de acusados y represores que se mueren sin rendir cuentas a la Justicia por su actuación en el terrorismo de Estado.
Pero la falla que genera que esto suceda no reside en los fallecimientos de los acusados. Las trabas y los retardos que se imponen a la hora de acelerar las causas, los interminables supuestos problemas de salud de los imputados, los cuales les traen sus beneficios para estirar aún más su no juzgamiento, impiden llegar a un juicio oral y público para saber qué pasó y que se imponga a los culpables su merecida condena.
El fiscal federal ad hoc a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, dr. Abel Córdoba, explicaba a EcoDias la gravedad que traía consigo este tipo de situaciones, ya que se está dejando sin respuestas a la sociedad y se posterga así la reconstrucción histórica de los hechos: “En cierta forma es el regreso de la impunidad por hechos biológicos, por el paso del tiempo, sin que se active el juzgamiento”.
Por todas estas razones, por los retrasos evidentes en las causas, es que la Unidad Fiscal que representa Córdoba apeló a un recurso llamado Queja por Retardo de Justicia. El mismo se ajusta a lo normado en el artículo 127 del Código Procesal Penal de la Nación y fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Remediar la grave situación
Los recursos de queja presentados a la Corte fueron interpuestos en el marco de las causas 05/07 que investiga delitos de lesa humanidad bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, y 04/07 conocida como “Armada Argentina”.
Entre otras cuestiones, la Unidad Fiscal hace alusión a los requerimientos a juicio de varios procesados que aún se encuentran sin resolución por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, la demora originada por la excusación del juez titular del Juzgado Federal nº 1 y la exigua contribución de la Fuerza en cuanto a colaborar con el envío de documentación requerida.
 A todo esto, deben sumarse todas las artimañas y recursos a los que apelan los represores, algunos fueron descriptos al comienzo, y que inciden en la demora de los juzgamientos.

Reiteradas quejas
No es la primera vez que se presentan quejas por retardo de justicia en el ámbito de Bahía Blanca en relación al dictado de resoluciones que diriman la situación procesal de imputados por delitos de Lesa Humanidad. Por ese motivo, dice el texto del recurso remitido por la Unidad Fiscal, se denuncia retardo de justicia a fin de que se adopten las medidas que legalmente correspondan y contribuyan a remediar la grave situación que se está viviendo.
Pero hay otro detalle importante en todo esto. La Unidad Fiscal al tomar una decisión de este tipo debe dar aviso de lo actuado al fiscal general Jorge Auat, quien está a cargo de la Unidad de Coordinación y seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. Sería Auat el fiscal responsable de mayor importancia a nivel nacional, de todos los procedimientos que se están llevando a cabo en el país para llegar a la Verdad y la Justicia.
Asimismo, la elevación de la queja por retardo también llegó a oídos de la Comisión Interpoderes. Se trata de un organismo impulsado por la Corte y que está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General.
Al momento de su creación, la Comisión Interpoderes se fijó como objetivo resolver de manera conjunta las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Este organismo intenta propiciar una pronta culminación de los juicios pendientes y habría visto con buenos ojos el recurso presentado por la Unidad Fiscal bahiense.
Es verdad que no pueden asegurarse resultados positivos ya que no es la primera vez que se apela a la queja por retardo de justicia. Sin embargo, el hecho de que importantes organismos, comprometidos en la búsqueda de Justicia, hayan puesto atención a lo que ocurre en Bahía Blanca, dejan ver una luz de esperanza en un paso en el camino hacia la verdad y el juzgamiento de los responsables, a pesar de las muertes de los represores, de los años transcurridos y de las demoras en las que se incurre para no llegar a un juicio.