Los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño presentaron ante el juez federal, Ramón Dardanelli Alsina, dos requerimientos de instrucción para que se impute al empresario petrolero, Héctor Basilio Lapeyrade, por el delito de encubrimiento de su ahijado Julián Laucha Corres, prófugo de la justicia durante trece meses y actual procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas en la causa 05/07 del Juzgado Federal Nº 1 que investiga el genocidio en la ciudad.

También se exige que se investigue por malversación y peculado al general de Brigada Oscar Roberto Gómez y al coronel Roque Jorge Cocco, removidos de sus cargos de comandante y secretario general del V Cuerpo respectivamente, por asistir a los represores procesados por delitos de lesa humanidad alojados en la sede de la Policía Federal.

El último petrolero argentino
Héctor Basilio Mauricio Lapeyrade, nació en Trenque Lauquen en 1929 y se reconoció en su declaración testimonial -al ser citado por la segunda huída del Laucha Corres- como el “único petrolero argentino que queda”.
El padrino de confirmación del torturador de La Escuelita, es propietario de las firmas de explotación petrolera Chañares Herrados, Petrolera El Trébol y Angarteche y viñedos, tierras y propiedades en Mendoza, Viedma, Caleta Olivia, Mercedes y Capital Federal.
Conoce a los Corres desde la década del ’60, cuando el padre Héctor era ministro plenipotenciario del gobernador Favergioti y de allí su vínculo con su descendencia. Del Laucha dijo que “es un muchachito que siempre cuartié porque aun estando en actividad no le alcanzaba el sueldo y cuando le dieron el pase a retiro le dije que viniera a trabajar a la empresa y, como no le pagaba sueldo, le daba una factura todos los meses” de 4500 pesos por su labor “en la oficina con los ingenieros”.
Además, asistía a la esposa del represor con un sueldo de cinco mil pesos y nombró al primo “Oscarcito” como apoderado de Chañares Herrados. Este último fue rechazado el año pasado por el gobernador Mario Das Neves cuando se lo postuló para ser juez en Comodoro Rivadavia, se jubiló como Director de Migraciones en la ciudad del sur y, antes, fue procesado por el asesinato de la estudiante Silvia Filler cuando integraba la Concertación Nacional Universitaria de Mar del Plata a principios de los ’70, hecho por el cual fue amnistiado por el gobierno de Cámpora.  
Ahora, los fiscales pretenden imputar al millonario por ayudar a Julián Corres a burlar la justicia entre el 27 de febrero de 2007, en que se ordenó su captura, hasta su efectiva detención el 3 de abril de 2008. Esto con el agravante de ser perseguido penalmente por delitos de lesa humanidad.
“Lapeyrade lo favoreció personalmente prestándole la ayuda material necesaria para sustraerse a la acción de la justicia. Ello lo concretó mediante el apoyo económico que prácticamente consistió en el único ingreso con el que Corres contaba y que le suministraba ‘como hombre de confianza’ de su empresa, en tanto no tenía función laboral específica”, destacaron Cañón y Castaño en su requisitoria.
Otros detalles por parte del empresario que impidieron la rápida identificación del prófugo, fueron la falta de registro legal como empleado que permitió a Corres cobrar haberes sin ser administrativamente identificable, facilitarle el uso cotidiano de pases para la “Autopista del Sol” a nombre de la empresa Chañares Herrados y celulares registrados a nombre de la misma.
De esta manera, según el Ministerio Público, lo facultó “a desplazarse y comunicarse sin dificultad durante un tiempo prolongado, dentro del anonimato necesario para no ser hallado”. Una vez detenido por Interpol, el padrino no se olvidó del genocida y continuó asistiéndolo mediante enviados que acercaban “vituallas” y dinero hasta su fuga de la sede policial de calle Rondeau.
Recordamos que en ese momento, tras varios días de seguimiento e inteligencia, la Fiscalía solicitó citar a Lapeyrade por su posible relación con la fuga pero el juez Álvarez Canale -criticado por sus vínculos con el empresario- retornó imprevistamente de sus vacaciones para citarlo como “un testigo más” en la causa nº 42/08, caratulada: “CORRES, Julián Oscar s/ investigación de su evasión”.

Asistencia a represores
En el segundo pedido presentado a Dardanelli Alsina, requieren citar a prestar declaración indagatoria por los delitos de malversación y peculado al general de Brigada Oscar Roberto Gómez, comandante saliente del V Cuerpo de Ejército y al ex secretario general del organismo militar, coronel Roque Jorge Cocco.
A Gómez le endilgan “haber dado a bienes del Ejército Argentino (camas, frazadas, sábanas, mesa) que se hallaban a su cuidado una aplicación diferente a la que estaban destinados, conforme a su voluntad y fuera de las previsiones dispuestas por la ley”.
Haciendo uso de sus facultades como jefe del V Cuerpo, desplazó este mobiliario del Ejército a la Delegación local de la Policía Federal para ser usufructuado, ni más ni menos que por genocidas.
Asimismo, el militar desplazado por la ministra de Defensa Nilda Garré, “desafectó al coronel Roque Jorge Cocco de las tareas propias por las que le retribuía la administración pública, en beneficio de terceros. Dispuso que Cocco realizara tareas, servicios y asistencia a favor de detenidos por delitos de lesa humanidad que se hallaban alojados en otra fuerza de seguridad, en la que Gómez carecía de total injerencia”.
Cocco, por su parte, deberá declarar por “haber efectuado tareas, servicios y asistencia a favor de los detenidos por delitos de lesa humanidad” alojados en sede de la Policía Federal “desviando sus tareas funcionales asignadas por las que efectivamente le retribuía económicamente el Estado”.
“Tal conducta se materializó en asistencia material y visitas de control asiduas para satisfacer necesidades de los presos, situación que fue prolongada en el tiempo. Todo ello con conocimiento que tal actividad no le era inherente a su función como personal del Ejército Argentino”, agregan Cañón y Castaño.
Casi todos lo miembros de la Delegación que prestaron declaración, lo conocían y manifestaron que concurría en diferentes horarios, con o sin uniforme, y que dio al personal policial teléfonos que pertenecen al Ejército como referencia ante una emergencia. Uno de los testigos lo calificó claramente como “una especie de parte protocolar y relación”.

Hasta la fuga del Laucha
Desde la llegada del fallecido interrogador de La Escuelita, Santiago “Tío” Cruciani, el 10 de julio de 2006, fueron 14 los procesados por delitos de lesa humanidad detenidos alternadamente en Rondeau 149 hasta el 8 de agosto pasado cuando, por orden del Ministerio de Justicia, se produjo el traslado de Leonardo Núñez hacia la Unidad Penal Nº 4. Ese es ahora el paso previo de los represores hasta su arribó a las “cárceles comunes” de Campo de Mayo, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas y el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.
La prueba aportada por la Fiscalía deja ver que “Gómez tenía jerarquía y competencia para disponer de tales servicios y trabajos lo que permite encuadrar su conducta en la figura de peculado” y coloca a Cocco “como partícipe del hecho principal, pues fue quien prestó el trabajo o servicio indebido, a sabiendas -atento el rango que ostentaba- de la desviación funcional que cometía”.