El recinto del Concejo Deliberante sirvió, el jueves pasado, como caja de resonancia para la manifestación del “desagrado” unánime ante la fuga del genocida Julián “Laucha” Corres de la delegación local de la Policía Federal y el también generalizado “repudio” a las amenazas de muerte recibidas el día anterior por el secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo.
Los ediles hicieron esto formalmente a través de la aprobación de un proyecto de resolución de Norberto Martínez (Integración Ciudadana), donde resuelven: “expresar el desagrado y preocupación por la relajación de los controles y la falta de medidas de seguridad que permitieron la fuga” del ex teniente coronel del Ejército y “lamentar que no se haya cumplido el traslado del represor”. Y además “manifestar el más enérgico repudio” a las amenazas de muerte sufridas por Hidalgo.
Por otra parte, el cuerpo deliberativo acompañó también un proyecto de resolución de la concejala Elisa Quartucci (Coalición Cívica), “solicitando al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación información sobre la fuga” de Corres.
Entre las exigencias a la cartera nacional, se pretende “conocer si la cadena de responsabilidades establecidas por dicho Ministerio se agota en el personal puesto en disponibilidad hasta el momento” y, apuntando al juez Alcindo Álvarez Canale, si se ha dispuesto “alguno de los remedios jurídico-institucionales vigentes respecto de las autoridades judiciales que puedan haber cometido incumplimiento de los deberes de funcionario público al no ordenar el traslado del detenido en tiempo y forma”.
Asimismo, se reclaman las medidas necesarias para garantizar “la seguridad e integridad de la totalidad de los testigos” que declararon hasta el momento en los juicios iniciados a los responsables de las distintas aberraciones cometidas en la dictadura en nuestra ciudad.
Finalmente, los legisladores bahienses piden que se ordene “una investigación profunda y exhaustiva respecto de la probable existencia de una organización o estructura que, al decir del fiscal Cañón, ‘podría estar ordenando’ desde afuera” y se traslade urgentemente a los detenidos por los juicios iniciados a los genocidas “a unidades penitenciarias comunes”.
Al término de la sesión, los concejales recibieron a Eduardo Hidalgo y a la diputada nacional Victoria Donda, quienes informaron acerca de lo conversado minutos después de la movilización frente al Juzgado Federal N° 1, con su titular Alcindo Álvarez Canale.