El 27 de Mayo de 2008 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca un proyecto solicitando eliminar de los registros públicos (galerías fotográficas, placas, plazas, paseos, calles, etc.), el nombre de quienes ocuparon el cargo de intendente o como funcionarios públicos de todo orden sin pasar por la elección a través de las urnas, designados a partir de la violación del orden constitucional y democrático.
En el texto de su presentación se menciona el período 1976-1983 como referencia más cercana, pero la historia de ocupaciones del sillón de Bordeu es larga. Presentamos a nuestros lectores parte del texto del proyecto de la APDH y una lista con algunos de los nombres de hombres que accedieron a ocupar el cargo máximo de la Municipalidad de la ciudad sin el voto popular, desde el año 1955 hasta el final de la última dictadura en 1983.

Texto de la APDH
“Las sistemáticas rupturas del orden constitucional y, con ello, de nuestro sistema republicano de gobierno han sido indudablemente el signo más negativo que afectó el tejido social. Los daños cometidos por los períodos de facto han dejado marcas imborrables en nuestra sociedad. Se destaca como paradigma de las atrocidades la dictadura cívico militar genocida entre 1976/83, autoproclamada “proceso de reorganización nacional”, que tuvo como sello distintivo no sólo el totalitarismo al que nos tuvieron acostumbrados todos los gobiernos de facto, sino la implementación como política de estado del secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas, la muerte, la apropiación de menores y bienes. Los vejámenes más horrendos a los derechos y a los atributos elementales de la persona humana.

El siniestro golpe de estado de 1976 usurpó las instituciones democráticas y republicanas, subvirtió sus fines, transformándose en la fuente de la más grosera ilegitimidad y arbitrariedad. Despojando a sus ciudadanos de sus más elementales garantías, lo que implicó el terror al propio Estado, comprobándose en la realidad que el costo del disenso era la tortura y la desaparición, aspecto este último que para el núcleo familiar es un estadio aún más horroroso que la muerte. Revertir ese estado de cosas aún hoy, y construir una nueva sociedad basada en la admisión de la diferencia es, entendemos, la esencia de la democracia y los principios republicanos; requiriendo además de justicia el conocimiento de los hechos. Es decir, el ejercicio del derecho a la verdad.
El derecho a la verdad se funda en la libertad de juicio del destinatario de la comunicación. En tal sentido el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende, entre otros, el de recibir información de toda índole que obviamente debe ser veraz, tal y como lo establecen pactos y convenios internacionales hoy con rango constitucional.
No hay sistema constitucional democrático que no presuponga la salvaguarda del derecho individual y colectivo a la verdad. Aún cuando no esté expresamente enunciado, se trata de un principio incorporado en el derecho a la información y “… es una expresión más del reconocimiento de la dignidad como un derecho fundamental”.
Mantener vigente medidas, leyes o reconocimientos -por acción u omisión- a personas que ejercieron la función pública durante la dictadura 1976/83 u otras anteriores, no contribuye a la construcción de la memoria social asentada en la realidad histórica. Sostiene en el tiempo la lesión de los principios, valores y derechos enunciados constitucionalmente. Contribuir en la construcción de esa memoria histórica colectiva, es generar sentimientos de oposición, rechazo y condena social a todo tipo de autoritarismo, a sus promotores y a sus ejecutores, mucho más si han cumplido funciones públicas en esas etapas. Auspiciando medidas que como formas de docencia política acerquen a la sociedad cada vez más a la comprensión y valoración del Estado de Derecho.
Ante todo lo aquí enunciado, y entendiendo que también el Estado Municipal forma parte responsable de esa dignificación diaria del Estado de Derecho, fundamentalmente del crecimiento en la calidad institucional, y de la construcción de la memoria social individual y colectiva.
 
Solicitamos
que el Honorable Concejo Deliberante a través de una ordenanza de aplicación obligatoria e ineludible y de control efectivo de su ejecución, remueva placas, nominaciones de plazas o paseos, calles, fotografías de galerías o reparticiones municipales, etc., de pseudo intendentes o funcionarios públicos, que consideramos deben recordarse únicamente como Agentes Municipales de las Dictaduras, que impliquen homenaje o reconocimiento de un mismo nivel con los elegidos por el voto popular y que llegaran a esos cargos por las vías de hechos violatorios del orden constitucional. Como así también de aquellos que fueron parte de acciones violatorias de los Derechos Humanos, más allá del contexto y tiempo histórico político en que sucediera. Estableciendo también acciones legales que suspendan o impidan el cobro de beneficios jubilatorios y de todo otro tipo, como lo reciben quienes cumplieron esas funciones en el marco del Estado de Derecho”.
 
Eduardo A. Hidalgo. Secretaría General
Manuel Jorge Molina. Secretaría Adjunta
Rubén A. Añez. Secretaría R. Institucionales
Dr. Abel Córdoba. Secretaría Jurídica