Hace
125 años, la encíclica describió condiciones de vida que reaparecieron con
fuerza en el mundo actual.

Los efectos de la primera Revolución Industrial fueron devastadores para la
clase trabajadora. Las riquezas se acumularon en manos de unos pocos y estos
maltrataron al proletariado imponiéndoles jornadas laborales de 14 horas en
condiciones inhumanas. La descripción de la situación de los obreros que
muestra la encíclica es clara y descarnada y se presenta ya en el número 1 del
documento: “El tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e
indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de
los competidores. Hizo aumentar el mal, la voraz usura, que, reiteradamente
condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por
hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no
sólo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de
toda índole, se hallan sometidas al poder de unos pocos, hasta el punto de que
un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos
que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”.
Si pensamos el texto precedente a la luz de la situación actual no es difícil
constatar su vigencia y afirmar que, 125 años después, la voraz usura
reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia sigue encontrando
apariencias distintas para su práctica y está expresada en la especulación
financiera, en la avaricia de los fondos buitre o en las condiciones
draconianas que impone a los estados el actual sistema financiero apoyado por
los organismos internacionales de crédito. Pero la vigencia del texto no
termina con la cuestión de la usura sino que se verifica también en la
concentración del capital y en su intento de imponer “poco menos que el yugo de
la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios”.
Luego de enumerar fácticamente diversas instituciones de ayuda y cooperación
(mutualidades, entidades de previsión, patronatos, asociaciones obreras) y de
mostrar su gozo por la extensión creciente de estas últimas, León XIII expresa
la conveniencia de su existencia en la mutua ayuda y recíproca promoción y en
la necesaria organización de los propios interesados en defensa de un salario
justo.
Pero, frente a lo que llama la voracidad empresaria, la Rerum Novarum impulsa
la intervención del estado en la economía, justificándola en la necesidad de
regular la distribución del ingreso para garantizar un salario justo y el
acceso de los proletarios a los bienes necesarios para la vida, incluida la
propiedad de sus viviendas. Según el Papa, “la riqueza de las naciones proviene
del trabajo” (Nº 25), es por eso que las autoridades públicas deben asegurar
que el trabajador reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el
vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad y “habrán de
fomentar todas aquellas cosas que de cualquier modo resulten favorables para
los obreros”. En el número 23 el Papa justifica la intervención del Estado en
la economía basado en que su misión es velar por el bien común. Y en el número
siguiente del documento sostiene que “los desvelos públicos han de prestar los
debidos cuidados al bienestar de la clase proletaria; y si tal no hace, violará
la justicia, que manda dar a cada uno lo que es suyo. De ahí que entre los
deberes, ni pocos ni leves, de los gobernantes que velan por el bien del
pueblo, se destaca el de defender por igual a todas las clases sociales,
“observando inviolablemente la justicia llamada distributiva”.
Con el fin de sostener la concordia social y ante la dificultad que representa
“establecer la medida del salario con justicia”, León XIII propone el acuerdo o
conciliación de intereses entre capitalistas y proletarios en búsqueda del bien
común, en lo que llama “la acción de los mismos Interesados, patronos y
obreros”. Para el magisterio, concertación no quiere decir dejar de luchar por
una solución justa de los conflictos, sino llegar a una solución por la
negociación. Ambas partes necesitan representar con eficacia sus respectivos
intereses, remarcar los problemas y las dificultades e incorporar a las
conversaciones sus ideas y objetivos, sin que los costos recaigan sobre
terceros como, por ejemplo, los consumidores, el Estado, etc. El Magisterio,
además, considera fundamental que se respeten los principios de la justicia
social. En su encíclica Caritas in Veritate de 2009, Benedicto XVI subordina la
actividad económica a la acción política al referir que: “La actividad
económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la
lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es
responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener
presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente
producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la
justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios” (Nº
36).
La concertación que propone el Magisterio debe ser convocada por el Estado e
incluir además a empresarios y trabajadores. Esta concertación debe ir más allá
de las paritarias sectoriales para transformarse en un ámbito de decisión sobre
las acciones a llevar adelante para alcanzar el desarrollo y el bienestar de
todos los integrantes de la nación, privilegiando a los más pobres y
vulnerables, tal cual enuncia la opción de la Iglesia por los pobres. Ese
ámbito implica compromisos de las tres partes intervinientes, seguimiento,
control y evaluaciones periódicas. La experiencia de concertación social
llevada adelante por el gobierno peronista de 1973 es un antecedente a tener en
cuenta.

Nota: este artículo fue publicado en el suplemento Trabajo y Economía, que se edita en el diario Tiempo Argentino.