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Reclaman juicio político a Álvarez Canale

La dra. Mirta Mántaras, representante legal de la APDH local, adelantó a EcoDias que solicitarán al Consejo de la Magistratura un juicio político contra el juez federal Alcindo Álvarez Canale, que analice las irregularidades en las causas por violación a los derechos humanos a manos de los represores del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura.
La lentitud en la instrucción, las declaraciones indagatorias “en cuotas” que privan a las víctimas de un juicio rápido y sencillo como establecen los pactos internacionales y los cambios de criterio “de blanco a negro”, son para la abogada los elementos que hacen de estas causas “un juicio del Proceso de Kafka”.
“Desde el gobierno nacional se ha hecho un compromiso de respetar los derechos humanos y cumplir con el deber de castigar pero los jueces no cumplen con esta obligación pese a que en el juzgado de Álvarez Canale hay un grupo nutrido de una Secretaría de Derechos Humanos que colaboran con el juez, analizan las causas, tienen que vincular los relatos para ver qué coincide, quién es prueba de quién” se quejó Mántaras.
En junio de 2007 la letrada ya había estado en Bahía y ya entonces destacaba la resistencia del juez a citar a los imputados para que brinden su declaración indagatoria. Si bien algunos represores desfilan mansamente por Alsina 317, la querella no logró -por ejemplo- las citaciones del coronel que pasea por nuestra ciudad Jorge Enrique Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181; del “Mono” Núñez quien revistaba en el Servicio Penitenciario; o del teniente coronel Argentino Cipriano Tauber, responsable del Batallón 181 hasta la llegada de Mansuelo Swedsen en noviembre de 1976 y luego ligado a un centro clandestino de detención bahiense.
 
Fúguese que ahí vamos
Más allá de la intención de contar con un cronograma organizado y ágil que no se consiguió, Mántaras agregó que “acá inclusive hay irregularidades en cómo se captura a estas personas: si les mandan una citación como si fuera un juicio de divorcio o de alimentos, entonces se fugan como pasó con ‘el Laucha’ Corres que es de Inteligencia (torturador en La Escuelita), con (Aldo Mario) Álvarez, jefe de la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor del V Cuerpo y (Miguel Ángel) García Moreno”.
“Lo dicen sus propios defensores, ellos se enteraron primero por la prensa que los iban a ir a buscar. Esto es grave porque no se puede proceder de esa manera en causas tan delicadas”, se lamentó.
En el caso de los que sí se presentaron ante el magistrado, la letrada afirmó que “todos dicen ‘yo no fui’, pero eso es natural y más aún en estos casos de lesa humanidad, pero no se trata de ‘yo no fui’ sino que esta causa tiene mucho trabajo de instrucción, investigación y averiguación. El juez Álvarez Canale es un juez de instrucción y tiene un equipo para que trabaje con las causas y eso nosotros no lo vemos traslucido”.

Correr velos
A principios de año el periodista Diego Martínez decía en estas páginas que en los dos años transcurridos desde la reapertura de la causa “la cifra de prófugos y muertos impunes ya supera a la de imputados por Álvarez Canale”.
La representante de la querella manifestó en este sentido: “No nos olvidemos que muchos oficiales, particularmente del Estado Mayor son personas de edad. Pero por otro lado, los que eran subtenientes en ese momento, tienen la misma edad que las víctimas. (Para ellos) el juez cambió 180 grados su criterio: cuando vino Cruciani a declarar el juez dijo claramente -está en el expediente- que esto era un grupo de tareas que estaban disponibles para cumplir las órdenes que venían de arriba porque ellos eran los ejecutores. Si uno no estaba lo reemplazaba el otro, pero lo que se lograba era que siempre hubiera alguien disponible para cumplir la orden de la superioridad, esta era la organización del grupo de tareas”.
“El juez en estos casos nos pide que la victima pruebe que fueron ellos. O sea, misión imposible porque las víctimas, como bien declaró Vilas (Adel, segundo comandante del V Cuerpo), estaban tabicadas, vendadas, esposadas, algunos atados a la cama, no había otras personas armadas que los guardias, a veces el interrogador interrogaba 18 horas seguidas, o sea: estas personas de qué manera pueden probar quienes los secuestraron con una media en la cara o con disfraces que le habían robado al teatro donde la titiritera Mónica Morán fue secuestrada y después vilmente asesinada”, comentó Mántaras y advirtió que “esto es una irregularidad muy grande porque logramos que un juez diga ‘no hay pruebas en sesenta casos’”.
Además destacó que “esta es una lucha contra la impunidad y como dijo la ministra de la Corte Carmen Argibay, es obligación de los jueces correr el velo de la impunidad, y si el magistrado en vez de correr el velo dice que el velo lo tenía que haber corrido la víctima tiempo atrás, nos estamos dando cuenta que no tenemos juez imparcial y que reina la arbitrariedad”.

En cómodas cuotas
Días atrás la Cámara ad hoc que había procesado en primera instancia y por un solo caso al coronel Mario Casela, ex miembro del grupo de tareas comandado por Enrique “Loco” Ibarra fallecido sin condena el año pasado, decidió dejarlo en libertad por “falta de mérito por todos los casos”. Igualmente el represor deberá volver a Bahía Blanca a declarar “por el otro tramo de los casos en esta cosa loca de la indagatoria por cuotas”.
Sobre el tema, la representante de la APDH opinó que “es una arbitrariedad absoluta, no es aceptable porque creemos sinceramente que no se comprende lo que son los delitos de lesa humanidad”.
“El juez dice ‘acá yo no tengo pruebas directas de la participación de esa persona en estos casos’. Naturalmente, si esto es Terrorismo de Estado no va a haber pruebas directas pero sí va a haber indicios, presunciones, que tienen la misma validez. El juez no tiene ningún interés en establecer estos indicios ni en preguntarle a los indagados por contradicciones existentes sino que desde 2005 en que tiene la causa y principios de 2006 que tiene el equipo, da toda la sensación de que no han leído una hoja de los expedientes”, se quejó.
Queda pendiente otro grupo de casos que tuvieron principio de ejecución en Viedma: secuestrados traídos al V Cuerpo de Ejército, a la Escuelita, donde fueron torturados y asesinados. “Resulta que estos oficiales jóvenes que estaban todo el día caminando adentro de la Escuelita y participando en la actividad represiva no son indagados por los casos de Viedma. No sé si esta claro: es sencillamente un disparate”.

Base Naval Puerto Belgrano
Con respecto a la investigación contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar, Mirta Mántaras comento:”Hemos visto que el juez Tentoni hizo una inspección ocular en la base, medida muy importante para la investigación, que abrió otras vías de investigación de un verdadero instructor, porque siempre la parte de la Marina es algo que ha estado más en las sombras, nunca se ha investigado como en el caso del Ejército, y requiere que ahora se empiece.
El juez quiere tener hecha su investigación básica, lo más completa posible para poder tener los elementos suficientes para la imputación y pruebas en las indagatorias.
Son menos víctimas, los altos jefes militares estaban en la base, acá no tenemos que decir ‘sí, Videla…’, no: el Comando de Operaciones Navales estaba debajo de Massera.
Tenemos mucho diálogo y esperanza en el juez, las medidas que toma son atinadas y si bien aun no hay indagatorias, entendemos la situación, se necesita la base fáctica de la imputación y el contorno del objeto procesal que es qué delito, cómo era, con qué agravantes”.
 
Paradójicamente menciona Mántaras que lo que pasa con el juez Tentoni es que “hasta el día de la fecha y después de un año de haber asumido el cargo como conjuez a cargo de toda la causa de Marina y con el impulso que le está dando, no cobra un sueldo. Porque al ser un juez ad hoc tiene que solicitar -según la reglamentación obsoleta- al final de su intervención una regulación de honorarios. Estamos hablando de una causa que está recién comenzando su instrucción y que no sabemos cuando va a terminar… tiene que ver con la responsabilidad del Estado”.

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2008-03-07 23:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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