La Coalición por una Comunicación
Democrática dio a conocer un comunicado en el que se anuncia la convocatoria a
discutir 21 nuevos Puntos para una comunicación democrática en todas las
plataformas.

El 27 de agosto se cumplieron 96 años del nacimiento de la radio en la
Argentina y 12 años desde la proclama fundacional de los 21 Puntos por una Radiodifusión
Democrática, que se convirtieron cinco años después -con la sanción de la Ley
26.522- en una norma ejemplar sobre libertad de expresión a nivel
internacional.
El sábado, también, se cumplieron 242 días de la sanción del primer decreto
“temporario”, de necesidad y urgencia, que el actual gobierno dictó para
someter a los organismos de aplicación y control a la voluntad gubernamental y
al negocio de las telecomunicaciones.

Nació libre y gratuita
Esencialmente libre y gratuita en su recepción, la radiodifusión está ahora
amenazada por una tormenta perfecta de entrega del espectro radioeléctrico a
operadores de servicios pagos de televisión, telefonía e internet, al abandono
de política públicas de promoción de la radio y la televisión abierta y a un
cepo administrativo que paraliza la puesta en marcha de nuevas emisoras, el
otorgamiento de licencias y el llamado a nuevos concursos.

Hoy en libertad condicional
La actividad se encuentra entonces bajo libertad condicional, producto de
la supresión de normas democráticas, autoridades elegidas a dedo y reglas de
juego nada claras para la inmensa mayoría de los radiodifusores. Los entes de
control han sido gubernamentalizados y los órganos deliberativos y
participativos -como el Consejo Federal- directamente suprimidos.

Gestión de facto
Los hechos de la gestión de facto del ENaCom, autoridad creada por Decreto
para reemplazar a los organismos plurales creados por dos leyes nacionales
(26.522 y 27.078) desmienten la apelación a la pluralidad y participación
invocadas en los Principios enunciados por el nuevo organismo para orientar la
discusión sobre una ley de operadores convergentes de radiodifusión y
telecomunicaciones.

Como la electricidad, el gas y el agua,
la comunicación es un derecho humano
La Corte Suprema de Justicia acaba de poner nuevamente sobre la mesa el
principio constitucional de la participación social y sectorial en el debate de
los temas de interés público. El derecho a la comunicación empieza y termina en
el ciudadano, como lo reafirmó la propia Corte en 2013, en ocasión de
discutirse la constitucionalidad de las medidas que limitaban la concentración
monopólica de los recursos de la comunicación social. Lo que está en juego es
la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión, con un rango
equivalente al derecho al acceso a insumos básicos para la población, como son
los servicios energéticos.

Nueva ola de privatizaciones
Corporaciones nacionales e internacionales anuncian planes de inversión en
ausencia de un marco jurídico democrático y republicano. Esta puja empresaria
coloca de nuevo al ciudadano como simple mercancía y amenaza conquistas
históricas -como el acceso a contenidos deportivos de interés relevante-
mediante una nueva ola de privatizaciones.

Vamos con los nuevos 21 puntos
Por todas estas razones, que sintetizan un conjunto de arbitrariedades
orientadas a considerar la comunicación como un mero recurso económico ajeno a
la calidad de las instituciones de la democracia, es que la Coalición por una
Comunicación Democrática llama, en este aniversario, a redoblar los esfuerzos y
unir las fuerzas en defensa de la radiodifusión como instrumento primario del
derecho a la libertad de expresión y reafirma su campaña por los Nuevos 21
Puntos para una Comunicación Democrática en todas las plataformas.