Representantes de la Comisión Vecinal Interbarrial que reclama mayor control en las construcciones edilicias y garantía en la prestación de los servicios públicos, se acercaron el jueves 6 al Concejo Deliberante alertados por los rumores sobre la intensa búsqueda de una salida para los expedientes que quedaron en el corralito urbano, dispuesto a pedido del Ejecutivo meses atrás, y la posibilidad de que se voten excepciones a la norma. 
De hecho, esta semana se mantuvieron dos reuniones entre concejales y dirigentes de la UOCRA afectados por la reducción de sus empleos. Desde el gremio habrían condicionado su participación en el acto de la presidenta Cristina Fernández si no mediaban gestiones del Ejecutivo para resolver definitivamente la situación de al menos una quincena de edificios multifamiliares.
Si bien para las excepciones no había consenso, el Concejo aprobó por unanimidad un proyecto de resolución expresando que “los expedientes de construcción iniciados durante la vigencia de la ordenanza 14.563 (léase corralito urbano), correspondientes a áreas no abarcadas por el ámbito de aplicación territorial de la misma y cuya aprobación se encuentra paralizada”, debieran resolverse en el Ejecutivo y de acuerdo a la Resolución 4/141/85 del gobierno de Juan Carlos Cabirón.
De lo contrario, dijo el deliberativo -con el bloque del Partido Justicialista incluido, que se supone debe defender la gestión municipal – “el cuerpo estaría legislando sobre cuestiones ya establecidas, lo que representaría una tarea inútil, superflua y reiterativa”.
Destaca el proyecto aprobado que más allá de si el Certificado de Información Catastral y Urbanística (CICU) es o no un acto administrativo, es seguro que “genera efectos jurídicos” porque inicia un expediente y otorga un plazo de 90 días para que el solicitante presente los planos correspondientes.
“En defensa de la seguridad jurídica”, el Estado debe garantizar a los particulares la continuidad del “trámite iniciado durante la vigencia de una ordenanza”, cuyos parámetros respaldan las inversiones a realizar. “No puede luego la misma autoridad, por una mera interpretación legal a la que pretende dársele efectos que no tiene, cambiar intempestivamente las reglas del juego”.
Por esto, el Concejo entendió que de continuar esa interpretación, “se generaría un riesgo económico para el patrimonio municipal, pues se vería muy probablemente demandado por quienes han sufrido los perjuicios de esta errónea apreciación”.

Repudio
Por otra parte, se repudió mediante una resolución «la criminal agresión sufrida por los agentes municipales Roberto López y Julio Roldán, expresándoles nuestra solidaridad frente a lo ocurrido».
Requirieron que la comuna arbitre las medidas de seguridad necesarias a fin de preservar la integridad física del plantel municipal afectado a tareas de inspección y control.
«Quienes ejercen la función de inspectores municipales y emergencias, son trabajadores que cumplen con una labor encomendada y merecedores de respeto y consideración. Si se reclaman mayores controles para mejorar la seguridad de todos, no se puede reaccionar de manera agresiva o irrespetuosa cuando tal control nos toca en lo individual», manifestaron concejales.