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Proyecto de ley de cupo femenino para las cooperativas
Las cooperativas deben reflejar en su integración la diversidad de sus asociados y es necesario eliminar las barreras que obstaculicen especialmente la participación de mujeres y jóvenes. Esta es la opinión de la Alianza Cooperativa Internacional que ha expresado que “las cooperativas deberían asegurar que en sus programas de educación y desarrollo de dirigentes, hasta donde sea posible, intervengan igual número de mujeres y hombres”.

Las cooperativas deben reflejar en su
integración la diversidad de sus asociados y es necesario eliminar las barreras
que obstaculicen especialmente la participación de mujeres y jóvenes. Esta es
la opinión de la Alianza Cooperativa Internacional que ha expresado que “las
cooperativas deberían asegurar que en sus programas de educación y desarrollo
de dirigentes, hasta donde sea posible, intervengan igual número de mujeres y
hombres”.

Tal opinión es compartida por la Federación Argentina de Cooperativas de
Consumo (Facc) que también alienta la necesidad de favorecer el acceso de las
mujeres a los órganos de gobierno, administración y control de las
cooperativas.
Por otra parte, en numerosas cooperativas de consumo es habitual que las
mujeres participen activamente y tengan especial protagonismo. Ejemplo de ello
es que en la principal cooperativa de consumo del país, la Obrera de Bahía
Blanca, históricamente las mujeres han tenido destacada participación.
Actualmente, el 52 por ciento de los delegados a la asamblea son mujeres que a
su vez representan el 37,5 por ciento de los miembros del Consejo de Administración,
cuya presidencia es ejercida por una mujer.
No obstante, la Facc hizo conocer su preocupación por la sanción de un proyecto
de Ley recientemente aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación sobre
cupo femenino en las cooperativas, porque considera que esa iniciativa vulnera
sensiblemente la autonomía y democracia para administrar las empresas
cooperativas, imponiéndoles cupos femeninos en sus Consejos de Administración
que no existen para ningún otro tipo de empresa privada. El mencionado proyecto
implica una intromisión desafortunada y perjudicial para la actividad de las
cooperativas.
Corresponde recordar que la temática fue considerada en los debates realizados
a mediados de 2015 en Cooperar cuando se analizó la posible reforma de la Ley
20.337, fijándose posición contraria al establecimiento de cupos en los
consejos de Administración de las cooperativas. Posteriormente, las autoridades
de Cooperar trasladaron esa opinión al seno de la Comisión de Asuntos
Cooperativos de la Cámara de Diputados.
No obstante dicha posición, en la actualidad nos encontramos con un proyecto de
reforma de la Ley de Cooperativas aprobado por la Cámara baja, y que ahora se
encuentra en el Senado de la Nación. En el caso de ser sancionada
definitivamente y finalmente promulgada, ocasionaría serias dificultades
prácticas y de desenvolvimiento a las cooperativas.
La Facc hizo llegar a Cooperar las principales objeciones que se reproducen a
continuación respecto del Proyecto de Ley, con la intención de sumarse a otras
expresiones que seguramente surgirán del movimiento cooperativo.

Principales objeciones al proyecto de
ley de cupo femenino
● Existe una manifiesta e indebida injerencia del Estado en el ámbito
privado, donde inscriben su actividad las entidades cooperativas. En efecto el
proyecto avanza legislando acerca de entidades de derecho privado en las que
prevalece la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes, tanto en su
constitución como en la libre elección de sus representantes. No se trata del
ámbito del derecho público, en el cual el Estado puede intervenir por ser
materia de su competencia (caso del cupo femenino en el Congreso Nacional o en
el ámbito sindical, ya que éstas son entidades gremiales que pueden celebrar
convenios colectivos obligatorios y a las que se les podría conferir un
carácter semipúblico).
● Esa indebida injerencia del Estado en el ámbito privado, resulta
discriminatoria y hasta podría ser considerada inconstitucional porque otorga a
algunos asociados un privilegio en desmedro de otros, y porque discrimina en
contra de las cooperativas frente a otras personas jurídicas de derecho privado
a las que no impone igual obligación.
● Perjudica a las cooperativas por cuanto no les permite elegir para su
administración a las personas que sus asociados consideren más idóneas, sino
que les impone porcentajes de género obligatorios.
● La Constitución Nacional en la Primera Parte, Capitulo I, Declaraciones,
Derechos y Garantías, art. 16, establece: “…Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.
Por analogía, el acceso al órgano de administración en las cooperativas debería
estar igualmente inspirado en la idoneidad de cada asociado, en el sentido de
la capacidad y esfuerzo propio para ejercer sus funciones, antes que por un
condicionamiento impuesto por ley.
● Confunde órganos de representación, en los cuales la función es básicamente
deliberativa, con órganos de ejecución o administración que tienen a su cargo
tareas eminentemente ejecutivas. Ni siquiera en el ámbito político existe
semejante exigencia, puesto que los cupos se refieren a los parlamentos y no a
los cargos ejecutivos de la administración.
● La Cámara de Diputados no ha tenido en cuenta que no hay en las cooperativas
limitación alguna para el acceso de las mujeres a los órganos deliberativos ni
de administración, lo que se comprueba con numerosos ejemplos. En tal sentido,
la norma que se pretende sancionar parte de un prejuicio infundado que
desprestigia a las cooperativas.
● El proyecto vulnera el derecho constitucional de asociarse libremente con
fines útiles y la garantía de igualdad entre todos los habitantes.
● La pretensión de someter a la autoridad de aplicación de la ley de
cooperativas la solución de posibles conflictivos por la aplicación de cupos,
supone la sustracción de los jueces naturales, además de resultar
impracticable.
● Contraría el segundo de los Principios Cooperativos establecidos por la
Alianza Cooperativa Internacional “Control Democrático de los miembros” que
textualmente en su parte pertinente indica: “…Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su cooperativa responden ante los miembros”. Ello es así en
la medida que el Principio claramente establece la igualdad de género. Y a
mayor abundamiento en el derecho positivo nacional, tampoco existe en la Ley de
Cooperativas 20.337 ninguna norma que pueda interpretarse como discriminatoria,
por lo que al no verificarse una restricción a la igualdad, la necesidad
planteada como supuesto general del proyecto de Cupo es abstracta.
● Es totalmente ajeno al sentido común exigir que en el plazo de un año todas
las cooperativas del país sometan a la autoridad de aplicación la adecuación de
sus estatutos y reglamentos para conformarse a la proyectada ley.



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2017-01-31 00:00:00
Etiquetas: Economía social.
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