El ex comisario Alfredo Fanchiotti y su otrora chofer, el ex cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a prisión perpetua por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos el 26 de junio de 2002. También los halló culpables de siete tentativas de homicidio contra distintos manifestantes, una de ellas Cividino, herida con munición de guerra en ambas piernas.
Otros seis ex policías fueron sentenciados con penas que van de los 10 meses a los 4 años por haber sido hallados culpables de los delitos de encubrimiento agravado y usurpación de títulos y honores.
El fallo coincidió con las exigencias que la fiscalía y las querellas manifestaron en sus alegatos. No obstante, los familiares de las víctimas aseguran que ahora pedirán que se avance en la investigación de los autores intelectuales y los responsables políticos de aquella represión mortal.

Los presentes
La sala de audiencias estaba repleta. Los presentes trazaban un mapa acabado del dolor, la impunidad y la represión en la Argentina. En primera fila estaban Nora Cortiñas y Mirta Badavales, de Madres de Plaza de Mayo. A unos centímetros, se sentaron Alberto Santillán -el padre de Darío- y su hija Noelia. Y repartidas por la sala estaban Vanina, Paula y Mara, las tres hermanas de Kosteki.
También asistieron Graciela Daleo de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Emiliano Hueravilio de H.I.J.O.S y Laura Ginsberg, de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). No faltaron familiares de las víctimas de Cromañón. Además, presenciaron la sentencia Sebastián Conti, Juan Arredondo y Mario Pérez, todos heridos con balas de plomo aquel 26 de junio de 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón.

Los ausentes
Los grandes ausentes, para sorpresa de muchos, fueron los acusados. Sólo Acosta, de impecable traje gris claro, se animó a escuchar el fallo dentro del recinto. Fanchiotti -aquel comisario que el día de la Masacre convocó a los medios a una conferencia de prensa para afirmar que las víctimas habían muerto producto de una reyerta de piqueteros- había solicitado, en su última declaración, no asistir a la lectura del veredicto por temor a posibles incidentes.

Sentencia
A las 20.25, casi tres horas y media después de lo pautado, el silencio tenso fue interrumpido por el repiqueteo de los flashes. Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán -los miembros del Tribunal- subieron al estrado.
Todas las sentencias fueron dictadas por unanimidad, excepto la de Félix Vega, que por mayoría fue condenado a 4 años de prisión por encubrimiento agravado.
El entonces jefe de Calle de la Comisaría 1° de Avellaneda y el oficial Carlos Quevedo -aquel que las fotografías inmortalizaron riéndose con saña al lado del cuerpo sin vida de Kosteki- también recibieron 4 años de condena por encubrir los crímenes. Los suboficiales Gastón Sierra y Lorenzo Colman, quizás beneficiados por su menor rango, fueron sentenciados con 3 y 2 años de prisión en suspenso, respectivamente. Otro que recibió un castigo condicional fue Celestino Robledo, el ex policía que actuó como si aún estuviese en funciones, deteniendo y reprimiendo a manifestantes. Recibió una pena de 10 meses de ejecución en suspenso.
Acosta y Fanchiotti deberán esperar por lo menos 20 años para solicitar algún beneficio que alivie su situación de detención. El Tribunal dio por probado que ambos actuaron de común acuerdo, disparando con munición de guerra a los manifestantes, que estaban en retirada y no representaban peligro real alguno.

¿Final?
Tanto la fiscalía como las querellas manifestaron su satisfacción, debido a que los jueces dictaron sentencia de acuerdo a los pedidos realizados en los alegatos.
El Tribunal también ordenó -como pidieron las querellas- que se abra una investigación sobre las denuncias de vejámenes ocurridas aquel 26 de junio dentro de la comisaría 1° de Avellaneda. También solicitó que se investigue si Jorge Vanossi y Carlos Soria -funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde- incurrieron en el delito de falso testimonio. En la misma situación se encuentra media docena de policías, entre ellos los que cargaron a los cuerpos de las víctimas y declararon que no sabían que estaban muertos.
Al mismo tiempo, los jueces dispusieron que las declaraciones de Vanossi, Soria, Horacio Jaunarena, Aníbal Fernández y Oscar Rodríguez -todos funcionarios duhaldistas- sean remitidas al Juzgado Federal 4, donde se tramita la causa 14.215 que investiga si existen responsabilidades políticas que indujeron a la masacre.
“De ninguna manera este es el final del juicio del Puente Pueyrredón. Es la primera vez que La Bonaerense se va a pudrir en la cárcel. Este es el primer paso que doy, ahora voy por once funcionarios”, prometió Vanina Kosteki desde el escenario montado en la calle. “Alguna vez, los autores intelectuales van a pagar también por esto. Los políticos no saldrán indemnes”, completó Alberto Santillán. Ambos se fundieron en un abrazo interminable.
Durante 70 jornadas, a lo largo de ocho meses, habían escuchado a más de 300 testigos, soportaron una y mil veces las imágenes que registraron los asesinatos de Darío y Maxi y debieron escuchar a decenas de policías que se confesaban poco menos que sordos, ciegos y mudos. Este fallo fue su recompensa.

Fuente: lavaca.org