El sábado 26 por la madrugada, el genocida Julián “el Laucha” Corres, procesado el 6 de junio por 47 secuestros, 38 casos de tortura, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas de personas, escapó de la delegación de la Policía Federal de Rondeau 139 donde esperaba ser trasladado a Campo de Mayo.

Había sido capturado por Interpol el 3 de abril pasado tras un año y medio de esquivar a la justicia, cuando el ex teniente coronel salía de un edificio de Córdoba y Uruguay de la Capital Federal donde funciona la empresa petrolera Chañares Herrados S.A..
Una vez conocida la noticia, la investigación de lo sucedido y las primeras medidas a tomar para la recaptura quedaron en manos del juez subrogante de la causa, dr. Eduardo Tentoni -el hecho no alteró las vacaciones invernales de Alcindo Álvarez Canale que se extienden hasta el próximo 17 de agosto- y del fiscal general Hugo Cañón.
Según informó la Policía en primer término, el oficial ayudante Cristian Bértoli notó la ausencia de Corres al tomar su turno a las seis de la mañana. Hasta ese momento el responsable era el inspector Juan Carlos Lastra quien aseguró haber acompañado al represor al baño a las 5:45, extrañamente lo dejó solo. En tanto, el cabo primero Pablo Alejandro Carbajal, quien habría sido designado por Lastra como custodia nocturna, manifestó que la última vez que vio al prófugo fue a la una de la madrugada.
El fiscal Cañón afirmó ante EcoDias que la noticia de la fuga la tuvo “pasado el mediodía cuando podemos estimar que se produjo a primera hora de la madrugada, tal vez una o dos de la mañana. (…) Ahí ha habido muchas horas de ventaja que realmente merecen una investigación a fondo y desde ahí ver la posibilidad de hasta dónde pudo llegar este hombre”.
A pesar de esto, se dispuso una serie de medidas involucrando en la pesquisa, a través del Ministerio de Seguridad, a “todos los servicios de seguridad e informaciones del Estado”, se cerraron los aeropuertos, se informó a Gendarmería y los controles de fronteras.
El domingo por la noche se allanó la sede policial de calle Rondeau: Lastra y Carbajal fueron detenidos por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (SAP) y sus domicilios fueron requisados. Además, el comisario Gustavo Scelsi, el subjefe de la delegación y otros nueve efectivos fueron puestos en disponibilidad, y la repartición quedó a cago del vicecomodoro Fernando Telpok de la división de Personal de Delitos Complejos de la SAP.
“Las cámaras de seguridad de la dependencia no funcionaban desde hace años”, aseguró el fiscal al salir del lugar. Sería una de las irregularidades que se encontrarían en la custodia de los procesados por delitos de lesa humanidad: se dijo también, que Corres “tomaba mate con el comisario”, cocinaba para el personal, contaba con teléfono celular, no se disponía de registro de visitas, la “celda” estaba abierta continuamente y los represores deambulaban por el edificio prácticamente a su antojo, entre otros privilegios.

¿Qué hacía aún en Bahía?
Uno de los grandes interrogantes que surgió fue por qué estaba Corres todavía en Bahía Blanca ya que el 25 de junio Álvarez Canale ordenó su traslado a la Unidad Instituto Militar de Campo de Mayo, al igual que los de los ex directores de la cárcel local Miraglia y Selaya, y quien fuera secretario de ambos y nexo con La Escuelita, Leonardo ‘Mono’ Núñez. En estos casos el destino era Marco Paz.
“Se dice que el Servicio Penitenciario Federal no contaba con móviles o hacen una rutina de recorrido que no incluían a Bahía en lo inmediato, otros dicen que habría volcado un móvil y no podían disponer de estos. Lo ciertos es que hay una omisión de varios estamentos del Estado, como en este caso el Servicio Penitenciario, que los hace responsables por todas estas cadenas que llevan a que haya una nueva forma de impunidad a través de la fuga”, manifestó Cañón al respecto.
El lunes la investigación corría ya por dos caminos paralelos: por un lado, la responsabilidad de los organismos estatales en la fuga y, por otro, el paradero de Corres. El gobierno nacional ofreció una recompensa para quien aportara algún dato de 150 mil pesos y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, habló de “negligencia” o “connivencia formal” en la fuga pero “minimizó la posibilidad de una suerte de complot ‘cívico militar’ para facilitar la huída” aclarando que “se analizará a fondo” el caso.

Después
El martes, el secretario de la APDH local, Eduardo Hidalgo, escuchó en su teléfono la voz de un hombre que a las 16:28 dijo: “Hijo de puta, cortala con Corres que te vamos a matar”. No fue la primera amenaza que recibía pero esta vez decidió hacerla pública, presentar la denuncia judicial y solicitar una custodia.
Horas después se allanaba el domicilio puntaltense del ex suboficial de la Armada, Carlos Anchorena, y terminaba su declaración ante el juez Tentoni el inspector Lastra.
El policía admitió que la libertad de movimiento de los represores se permitía por orden de la superioridad y afirmó que el día de la fuga el Servicio Penitenciario anunció que el traslado de Corres sería el domingo 27, información que los detenidos obtuvieron minutos después.
Al día siguiente le tocó visitar el Juzgado Federal al cabo Carbajal quien tras varias horas de indagatoria recuperó su libertad. Su declaración derivó en la detención de los jefes de la delegación policial involucrada, comisario Gustavo Ariel Scelsi y subcomisario Marcelo Alejandro Voros, dado que según publicó el periodista Diego Martínez en Página 12, “ambos, pero sobre todo Voros, mantenían una relación que oscilaba entre la admiración y la pleitesía con los represores” permitiendo privilegios que “incluían amenas charlas de café en sus despachos y constantes visitas de militares en una sala especialmente acondicionada, en un sector inaccesible para presos comunes”.
Al decir de Carbajal, la custodia de los detenidos cuando, por ejemplo, se encontraba allí el interrogador Santiago Cruciani -fallecido impune- era muy distinta al relajo descubierto por la fuga de Corres. Las cosas cambiaron, al parecer, desde la llegada del ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, Jorge Enrique Mansueto Swendsen y el ex oficial Miguel Ángel García Moreno quienes se encuentran hoy en Marcos Paz.
Además, el cabo liberado dejó ver la presencia de las actuales autoridades del V Cuerpo de Ejército -comandado por el general de brigada Oscar Roberto Gómez- brindando asistencia a los genocidas: esto implicaba, más allá de las asiduas visitas, la provisión de camas, mantas y alimentos.

Al cierre de esta edición (jueves 31 de julio), organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos se movilizaban hacia el Juzgado Federal; los fiscales continuaban analizando las pruebas recogidas; en la Policía Federal se llamaban a silencio; el juez Canale era recusado; y Julián ‘Laucha’ Corres, burlaba por segunda vez a la justicia y brindaba con sus colegas, en algún lugar del mundo, por la impunidad.

La Escuelita en tiempos de Corres
Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari fueron detenidos el 25 de junio de 1976, en tránsito por la Ruta 3 sur, por una patrulla militar que aparentaba un control vehicular. Fueron conducidos al V Cuerpo de Ejército, los alojaron en el Batallón de Comunicaciones 181 y posteriormente fueron llevados a La Escuelita, donde fueron sometidos a torturas y tormentos. La camioneta en la que circulaban fue apropiada y utilizada por personal del Batallón.
A Zulma Matzkin la secuestraron el 19 de julio del mismo año. La vieron en el Batallón 181 y en el La Escuelita donde sufrió tormentos y severidades. Tres días después corrió igual suerte Manuel Mario Tarchitzki con las mismas consecuencias en el centro clandestino de detención.
El 4 de septiembre de 1976 los cuatro jóvenes fueron fusilados cobardemente en un operativo militar en calle Catriel 321 (ex Palihue Chico). Por estos hechos, además del Corres, el juez Alcindo Álvarez Canale tuvo detenido al interrogador de La Escuelita, Santiago “Tío” Cruciani, hasta que la muerte lo empujó a la impunidad.

Graciela Alicia Romero fue secuestrada junto a su pareja Raúl Eugenio Metz, el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Có, Neuquén. En ese momento estaba embarazada de cinco meses.
Desde Neuquén fue trasladada al centro clandestino de detención La Escuelita, dentro del V Cuerpo de Ejército. Su hijo nación el 17 de abril de 1977, en una casilla rodante aledaña al lugar de detención. Se conoce que fue un varón.
Seis días después del parto, Graciela fue sacada del lugar de detención y su hijo presuntamente se le entregó a uno de sus interrogadores. Hoy ella y su marido engrosan la lista de desaparecidos del genocidio.