El proyecto del oficialismo universitario de restringir el ingreso y la circulación al interior de una universidad pública como la UNS fue aprobado por el Consejo Superior Universitario. Esto despertó la indignación de amplios sectores de la comunidad, que acompañaron el pedido de derogación de la normativa elaborado por cuatro integrantes del cuerpo.
Hace unos días se conoció un “Plan Integral de Seguridad en Edificios”. Aunque la Secretaría General Técnica de la UNS se adjudicaba su autoría, en su mayor parte resultó ser una copia de un trabajo que aparece en el sitio www.monografias.com.

Estudiantes de varias carreras de grado de la Universidad Nacional del Sur, personal docente y no docente de esa casa de estudios, representantes gremiales y de partidos políticos, y actores independientes se dieron cita el último jueves 10 en el aula 1 del edificio de calles 12 de octubre y San Juan de Bahía Blanca, para debatir la oposición al proyecto oficial que, enarbolando la bandera de la “seguridad” y el resguardo patrimonial, prevé restringir el ingreso y la libre circulación en el espacio universitario bajo su jurisdicción. Entre las medidas de restricción previstas se incluyen la habilitación de sólo dos de los accesos al complejo de Alem 1253, la instalación de un sistema de monitoreo por cámaras y la exigencia a alumnos, docentes y trabajadores de la UNS de que exhiban “durante su permanencia en este edificio, la credencial de identificación provista por la universidad”.
La resolución en cuestión salió tras veinte minutos de debate que se dieron después de las once de la noche del lunes 21 de octubre de este año. La desgrabación de la discusión que precedió a la aprobación no miente: consta apenas de una carilla. Entre los considerandos del proyecto de resolución se incluye el de “que es necesario adoptar acciones tendientes a generar el compromiso de la comunidad universitaria con el cuidado del patrimonio público”. La argumentación se busca en una supuesta ola de delitos en el ámbito universitario, pero esconde una falacia que los hechos desmienten: hoy por hoy, resulta más probable ser víctima de una fractura de cráneo por una caída de mampostería como la que se desprende en los edificios de la UNS que verse perjudicado en un hurto u otra acción delictiva que amenace “la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad universitaria”, tal como reza otro de los fundamentos del proyecto original. Otro dato es el que se desprende de la contraposición entre el súbito interés de preservar el patrimonio público y la cruel realidad, donde por carecer de espacio físico la biblioteca “Arturo Marasso” (dependiente del Departamento de Humanidades) obsequia periódicamente al público tandas de los libros y revistas que ya no puede albergar, apenas un decoroso paso adelante respecto de tirarlos a la basura o simplemente prenderlos fuego.

La prehistoria
La UNS estrenó los rondines de seguridad privada a comienzos de la centuria, y por su ejercicio pasaron distintas empresas. Desde siempre, la tercerización de los servicios de seguridad y limpieza significaron un flujo de dinero desde las generosas arcas del Estado hacia los bolsillos empresarios privados, siempre sensibles a las coartadas del momento. Durante la asamblea abierta del 10 de diciembre en Humanidades, el representante de los no docentes en el Consejo Superior Universitario Roberto Cimatti  detalló que con el casi millón y medio de pesos que la UNS prevé gastar en materia de vigilancia para el 2010 se podrían incorporar 44 nuevos trabajadores que podrían oficiar como “serenos amistosos” –tal la definición de la decana de Humanidades, Adriana Rodríguez- o de personal de limpieza, reemplazando a la empresa que actualmente actúa en los edificios del campus universitario, paradigma del “trabajo negrero” según el consejero no docente.
Durante el tratamiento sobre tablas en la casi medianoche que va del 21 al 22 de octubre, el dictamen oficialista se aprobó por unanimidad, aunque los consejeros Waiman y Orozco opusieron tímidos reclamos. Proveniente del claustro estudiantil y flamante licenciado en Historia, Waiman se mostró de acuerdo con la mayoría de los puntos propuestos, pero objetó la implementación de un riguroso sistema de identificación “pensando en la universidad como un espacio público al que puede entrar cualquiera”. Orozco, por su parte, expresó que su “única intervención es para decir que acá se está perdiendo calidad de vida” y pidió “que no se haga costumbre el hecho de ser sospechosos y sospechados, vigilados y vigilantes”. Pese a ello, todas las manos que se levantaron fueron por la afirmativa.

Derivados
La implementación del cableado para las cámaras de monitoreo que dispone el quinto artículo de la resolución original comenzó en el edificio de 12 de octubre y San Juan, a pesar de que el primario proyecto sólo habla del complejo de Alem al 1200 y apenas una mínima intervención de la secretaría del cuerpo menciona la posibilidad de que la medida se extienda al resto del campus, sin incluirse en la redacción de la publicación final de la resolución, hecha efectiva el 23 de octubre.   
Frente a ello, la reacción de una parte considerable de la comunidad educativa no se hizo esperar. El Centro de Estudiantes de Humanidades (CEHum) convocó a sentadas y cortes de calles, mientras la decana Adriana Rodríguez -vuelta de su viaje a Grecia, donde la encontró el escándalo- elaboraba un proyecto de resolución que pugnaba por la derogación de lo aprobado en primera instancia. La acompañaban en la cruzada los consejeros Telma Alonso, Roberto Cimatti y Diego Poggiese. El nuevo proyecto ponía de relieve, entre otras cosas, el carácter de la universidad como “espacio formativo no sólo de conocimiento sino de adopción de valores integrales y comunitarios”, a la vez que enfatizaba “que la tercerización de los servicios de seguridad no han logrado una mejora en cuanto a la guardia y vigilancia de los bienes patrimoniales de la universidad e involucran una erogación de fondos que son derivados a empresas en lugar de ser utilizados para reconstituir la planta no docente del agrupamiento de Servicios Generales, sistemáticamente desmantelada por las políticas de los últimos años”. También subrayaba que la implementación del monitoreo vía cámaras “no (se) condice con el conjunto de falencias de infraestructura” en los edificios universitarios, entre las que enumera “falta de picaportes, persianas rotas, ventanas sin trabas que facilitan el acceso externo”, entre otras.
Cuando en la reunión plenaria del 18 de noviembre se trató el tema, una manifestación estudiantil se dio cita en la sede del rectorado sita en la Avenida Colón 80. Contra lo que ocurre habitualmente, las puertas estaban cerradas. Tras varios minutos, los estudiantes pudieron acceder al debate del CSU, pero fueron escoltados por oficiales de la Policía Bonaerense, lo que constituye una violación grave a la jurisdicción federal que representa el territorio de una universidad nacional.

Yo tengo un plan
Tras una acalorada discusión que duró cuatro horas, la mayoría rechazó la derogación propuesta por el Departamento de Humanidades, y se pronunció por la suspensión de las medidas sólo hasta tanto se conociese un “plan” como el solicitado por el consejero Waiman para aprobar la iniciativa. Éste llegó y dejó la estela de su nombre, “Plan Integral de Seguridad en Edificios”. Aunque no se ve respaldado por firmas, el membrete indica que proviene de la Subsecretaría de Infraestructura y Servicios, dependiente de la Secretaría General Técnica, ambas con preparación y autoridad suficiente como para fundamentar un método sobre el punto.
La sorpresa resultó mayúscula, sin embargo, cuando durante la asamblea abierta del jueves 10 de diciembre, el consejero departamental de Humanidades Sandro Abate reveló que dicho texto era en realidad en su mayor parte un plagio de un trabajo elaborado por el español Leonardo Lafuente Valentín, director de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla – La Mancha y publicado en el sitio de internet Monografías.com, que en los pasillos académicos se conoce como “el rincón del vago”, por ser fuente de información lista para el copipegue del estudiante sin ganas de estudiar. El enlace, para quien desee conocerlo, es http://www.monografias.com/trabajos71/teconolgias-proteccion-edificios-publicos/teconolgias-proteccion-edificios-publicos.shtml
El texto original difiere de su copia sólo en lo que hace estrictamente a las peculiaridades del lugar a aplicar, en este caso el edificio de 12 de octubre y San Juan, en Bahía Blanca. El subtítulo del plan presentado por las dependencias técnicas de la UNS resulta esclarecedor, pues refiere sólo al citado edificio donde se alojan las aulas de Humanidades, aunque en sus fundamentos enumera hechos delictivos denunciados en otras áreas del campus, abiertas a la comunidad en que se insertan hasta la enunciación de este proyecto.