Un día antes de la Navidad de 2008 el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, dr. Hugo Omar Cañón, solicitó la elevación a juicio oral del primer tramo de la causa 05/07 que investiga delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando V Cuerpo de Ejército.

Por el momento, una vez superado el trámite de las acusaciones, serían juzgados los represores Osvaldo Bernardino Páez, Juan Manuel Bayón y Hugo Jorge Delmé -cuyos procesamientos fueron confirmados por el tribunal de Alzada en julio pasado- y Mario Carlos Antonio Méndez y Jorge Aníbal Masson para quienes el juez federal Alcindo Álvarez Canale había dictado sendas “falta de mérito” revocadas con posterioridad por los camaristas.
El propio titular del Juzgado Federal Nº 1 debe disponer la elevación a juicio para lo cual se habilitó la feria, primero para que la querella haga su acusación siguiendo el código procesal y luego, será el turno de la Fiscalía. Cada parte tiene un plazo de 30 días.
La preocupación del Ministerio Público apunta a los casos pendientes de resolución en la Cámara Federal, algunos de vieja data como el del médico Humberto Adalberti.
“Pedí que habilitara también la feria judicial y tenía un pronto despacho de los expedientes demorados y si la Cámara no resuelve en un período breve tendré que pedir como lo establece el código, un resumen de todas las actuaciones y mandar una comunicación a la Corte por esta demora”, aseguró Cañón.
El avance esperado de los camaristas respecto a los genocidas procesados sin confirmación, entre ellos el del tristemente célebre Laucha Corres, permitiría agrupar un número mayor de casos y poder elevar a juicio una cantidad significativa de imputados.

Nuevas detenciones
Los coroneles Norberto Eduardo Condal y Hugo Carlos Fantoni, cuyas órdenes de detención fueron labradas el 10 de noviembre de 2008, fueron detenidos el jueves 15 y el miércoles 21 de enero respectivamente.
De esta última tanda, continúan prófugos los coroneles Luis Alberto González, Carlos Alberto Taffarel y el teniente coronel Jorge Horacio Granada. Por su puesto, se suman al escurridizo Aldo Mario Álvarez.
Condal, integrante del Destacamento de Inteligencia 181 y la segunda jefatura del V Cuerpo entre 1975 y 1979, fue interceptado en la ciudad de La Plata. En tanto el ex integrante del Estado Mayor Fantoni, según informó a los medios nacionales el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, fue hallado por la Unidad Especial para Búsqueda de Personas del Ministerio de Justicia e Interpol Internacional en Buenos Aires.
“Ellos pertenecían al sector Inteligencia y Operaciones. El caso de Condal es el que ha estado más tiempo, ya sea tanto en el Destacamento de Inteligencia como el Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor. Son dos lugares diferentes pero han estado siempre en contacto”, explicó la abogada Mirta Mántaras.
Los represores en cuestión, son de sumo interés para la querella porque la labor de inteligencia fue fundamental en la concreción de los operativos. De hecho, ya han probado que en el Batallón de Comunicaciones 181 funcionaban tres grupos de “lucha contra la subversión” lo que descubre directamente la responsabilidad que han tenido los jefes del área militar.
El objetivo de la letrada, más allá de la intención de Álvarez Canale de que sean las víctimas quienes identifiquen a sus captores 33 años después, es comprobar las funciones que ejercían los represores y qué grupo integraban para luego, aplicar la verticalidad implícita en la cadena de comandos de las Fuerzas Armadas y de allí saber quiénes transmitían las órdenes y quiénes las ejecutaban.
Canale según informó, Mántaras, pretende imponer su teoría de que “la cadena de mandos no era vertical sino que hacía un zigzag lateral para dejar caer la responsabilidad en otras personas”. Esto apuntaría a deslindar de culpas a los ex jefes del Batallón 181, Mansueto Swendsen y Tauber cuando tenían bajo su órbita los tres grupos de tareas mencionados.
“De todas maneras hay muchos prófugos que luego son encontrados sencillamente en sus lugares. Esto es un problema que venimos arrastrando desde tiempo atrás y esperemos que se resuelva a la brevedad para que podamos tener no 14 sesiones de juicio oral sino una lo más expansiva que se pueda”, dijo.
Afirmó que no hay voluntad de encontrarlos. Caso ejemplar es el de Mario Álvarez, que administró su agencia de seguridad hasta último momento, recorría mes a mes las instalaciones del Instituto de Ayuda Financiera del Ejército para cobrar su pensión hasta que optó por hacerlo mediante apoderados.
“Se enteran primero los defensores de los genocidas imputados en la causa que la propia querella cuando debería regir el secreto de sumario hasta concretarse la decisión del magistrado”, se quejó la querellante.