Tanto desde la Comisión Municipal del Discapacitado como desde la Escuela Especial 509, se recibió con agrado la firma del convenio que vuelve a otorgar el derecho de uso de tierras al Instituto de Rehabilitación del Lisiado siempre y cuando éste cumpla su histórica función específica.

En la edición 336, EcoDias informaba acerca de que finalmente se había llegado a un acuerdo entre la Municipalidad de Bahía Blanca y el Instituto de Rehabilitación del Lisiado (I.R.E.L.).
La comuna le renovó el comodato a la entidad a cambio de que ésta cumpla con las funciones que tiene desde siempre: brindar los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad.
Haciendo una breve reseña, hay que decir que de fondo hay un conflicto, según se denunciara, que se origina cuando desde I.R.E.L. no se otorgaban las asistencias y los servicios que las personas con impedimentos físicos necesitaban. Además, las dificultades que padecía la Escuela Especial 509, que funciona en el predio cedido por el municipio a I.R.E.L. La institución educativa había sido despojada de un sector de sus instalaciones por parte de la entidad de rehabilitación.
Desde sus orígenes, y a partir del servicio que prestara en la rehabilitación a enfermos de poliomielitis, existía un convenio por el cual la Municipalidad de Bahía Blanca cedía tierras propias para el normal funcionamiento de I.R.E.L. Entre las cláusulas se establecía la obligatoriedad de la prestación de servicios de rehabilitación, muy distante al perfil de spa que había tomado la entidad de bien público, beneficiaria por este carácter de diversas ventajas. En caso de incumplimiento de sus objetivos originarios, todo pasaría a manos estatales, a esferas del Hospital Municipal. Las oportunas denuncias públicas realizadas no alcanzaron para que la gestión de Cristian Breitenstein tomara decisión alguna, pese a que además el convenio había superado largamente su fecha de vencimiento.
Recientemente, se informó que se diseñó un nuevo comodato. En el cajón de los recuerdos quedarán los numerosos reclamos -estamos hablando de la posibilidad de que personas impedidas físicamente puedan contar con un mejor desarrollo motriz, y por ende de una mejor calidad de vida- e incluso afirmaciones que señalaban que I.R.E.L. funcionaba como una empresa.
El nuevo comodato establece que I.R.E.L. dispondrá del uso de las tierras y enfatiza que tiene que realizar su labor de rehabilitación y asistencia a quienes lo requieran. Por ello se habrían incluido nuevas cláusulas de rescisión de contrato en caso de incumplimientos.
La función verdadera, dice el convenio, es facilitar el uso, operación, mantenimiento y prestación de los servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad. A eso se suma que I.R.E.L. deberá contar con profesionales correspondientemente habilitados para ello.

Convenio en mano
Tiempo atrás, EcoDias había dialogado con representantes de instituciones vinculadas directamente a la problemática de la discapacidad en la ciudad, y que tienen relación con I.R.E.L.: la Escuela Especial 509 y la Comisión Municipal del Discapacitado.
Con el convenio a la vista, se los volvió a consultar para saber sus opiniones acerca del mismo. Alberto Rantucho, presidente de la Comisión Municipal del Discapacitado, señaló: “Lo importante es que se llegó a un acuerdo. Si bien hay cuestiones que no eran lo que inicialmente uno solicitaba, creo que se llegó a un buen acuerdo realmente. Ahora resta que I.R.E.L. cumpla con lo establecido en el convenio. Por allí nosotros sosteníamos que sea por cinco años, y va a ser por diez. Creemos que en algunas cosas se cedió, pero en general es un avance interesante”.
Rantucho destacó que de aquí en más habrá control sobre el funcionamiento de I.R.E.L. a través de un organismo constituido por la comisión que representa, por Discapacitados Autoconvocados, la Secretaría de Salud municipal y la Comisión de Salud del legislativo local: “También vamos a tener pleno conocimiento de cómo está trabajando la institución, y a su vez cuáles son los pasos que se van dando ya que va a haber un control del Ejecutivo a través de una trabajadora social que va a trabajar de forma coordinada con la trabajadora social de I.R.E.L.”.
En ese mismo sentido se posicionó Zulma Redel, docente de la Escuela Especial 509: “El hecho de que esté funcionando la comisión evaluadora que se había formado el año pasado, que había sido aprobada por ordenanza y se la llama CASI, es bueno porque va a hacer un seguimiento de asesoramiento para que I.R.E.L. pueda realmente reunir todos los requisitos y presentarse como un buen instituto de rehabilitación”.

Puntos a favor, puntos en contra
Además del control permanente que se ejercerá sobre I.R.E.L., existen otros factores que los entrevistados destacaron como importantes. Uno de ellos refiere a las obras sociales, señala Redel: “Los objetivos que nosotros teníamos eran fundamentalmente que ellos se inscribieran en el Registro Nacional de Prestadores de Salud, en la máxima categoría que es la A. Con eso hay dos beneficios, porque a I.R.E.L. lo habilita a tener los especialistas que necesitamos para tratar las patologías tan complejas que hay actualmente, y para ellos poder cobrar los máximos aranceles”.
Para que esto ocurra, continúa, hace falta que I.R.E.L. reúna ciertas condiciones exigidas para llegar a la categoría mencionada: “Es algo que ellos tienen que lograr. Si bien no está escrito el plazo, hemos entendido que hay cosas que escapan a la buena voluntad de ellos y que tienen que ver con el Servicio Nacional de Salud que pone condiciones”.
A su vez, Rantucho opinó: “Es lo que a ellos les conviene, lo mismo pasa con la recategorización para que tengan los profesionales como corresponde. Que la función que tiene que cumplir un kinesiólogo no sea reemplazada por la de un profesor de Educación Física, por dar un ejemplo. Ellos se deben registrar y trabajar con todas las obras sociales. Acá lo más importante es que en caso de incumplimiento, hay dos o tres puntos que están claros que hablan de la rescisión del contrato, eso da la tranquilidad de que se va cumplir”.
Un interrogante planteado por Rantucho tiene que ver con las evaluaciones que se realizan a los pacientes: “Hay que ver cómo se van a seguir manejando, porque se estaba cobrando para evaluar cuando ya eran derivados de otros profesionales y se consideraba que la evaluación no era necesaria. Eso medianamente se llegó a un acuerdo, pero esperemos que se cumpla porque había una resistencia por parte de I.R.E.L. que querían hacer una nueva evaluación y con un costo muy elevado, cosa que creemos que no tiene que ser así”.

¿Será?
De aquí en más empieza un nuevo camino en el que lo más importante será la función de control que se podrá realizar sobre la entidad de rehabilitación.
Zulma Redel afirmó que los padres de los alumnos y alumnas de la escuela se encuentran esperanzados ya que actualmente hay muchos que no cuentan con atención. Además, por el nuevo convenio la Escuela 509 recuperó el 40 por ciento de las instalaciones que requerían en cuanto I.R.E.L. las había ocupado y no les daba uso: “Empieza una nueva etapa, empiezan otras aspiraciones. Ya estamos yendo por un Centro de Día que en la ciudad no hay, más allá de INCUDI que está totalmente desbordado. Hay ciudades cercanas que tienen centros importantísimos y en Bahía no los hay, de manera que ya estamos buscándole la vuelta para que finalmente -entre la Municipalidad, los privados y las obras sociales- podamos poner en funcionamiento esto también”.
¿Borrón y cuenta nueva? El planteo que sobrevuela a esta nueva situación, en la mirada de Rantucho y Redel, permite vislumbrar mejores condiciones a partir de un estricto control.