En una cumbre internacional realizada días atrás en la ciudad chilena de Iquique, el ministro de Salud de la Nación, dr. Ginés González García, reclamó a sus pares de Iberoamérica que se incorpore en los planes oficiales de lucha contra la exclusión social la problemática del acceso de los ciudadanos a los medicamentos, hoy dificultada por la vigencia de un sistema de patentes que los encarece significativamente.
“Es muy difícil hablar de equidad en salud si en la agenda no se incluye la cuestión de los medicamentos, ya que ahí está uno de los mayores territorios de inequidad, vinculada sobre todo a algunas patologías que tienen una agenda moral internacional -en algunos casos propiciada por los propios laboratorios-, que obligan a comprarlos y a pagarlos, aun a cualquier precio”, dijo el titular de la cartera sanitaria nacional durante su exposición en la “IX Conferencia de Ministras y Ministros de Salud Iberoamericanos”, que sesionó bajo el lema “Cohesión Social y Protección Social en Salud”.
De la cumbre participaron los ministros de Salud de todos los países latinoamericanos y de España, Portugal y Andorra, así como también Mirta Roses, la argentina que se desempeña como directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Se observa una tendencia en el mercado mundial de medicamentos que, en aquellos que paga el Estado -habida cuenta de que su financiación tiene una protección p1or vía de leyes- se les ponen precios oligopólicos o monopólicos, obviamente al amparo de patentes”, explicó González García.
“Si les mostrara la dispersión de precios que hay en América Latina para el mismo medicamento, la verdad que varios ministros saldrían corriendo porque dirían ‘nos están agarrando de idiotas’”, dijo con crudeza González García.
“Y los agarran de idiotas porque no tienen información. Los medicamentos no tienen precio: se los ponen. Y en la medida en que los medicamentos los compra el Estado, el precio se lo ponen según a quién tengan enfrente en la negociación, es así de simple”, denunció el ministro.
“Hay un proceso mundial en el que, ante la falta de innovación suficiente, se prorroga la validación de las patentes, ya sea para cuestiones de procedimiento como la forma de administración del producto, o para conseguir renovaciones de patentes de viejos productos. Y estas dos tendencias no sólo tienen un impacto impresionante sobre la salud sino también de tipo fiscal sobre los ministerios”, advirtió el funcionario.

Fuente: www.msal.gov.ar