En la emisión del sábado 27 de septiembre del programa “La Brújula”, en la repetidora local de Radio 10, su conductor Germán Sasso, arrasó -a conciencia- con toda la legislación provincial, nacional e internacional en materia de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, al difundir una “lista siniestra” con nombres y domicilios de más de una decena de menores en conflicto con la ley penal condenándolos al calificativo de “delincuentes de la peor calaña”, ante aprobadores comentarios de sus compañeros Martín Noir y Jessica Rípodas.
Esta demagógica decisión les valió una denuncia del Colegio de Asistentes Sociales en el Tribunal Correccional N° 1, a cargo del dr. José Luis Ares, y una serie de presentaciones de la APDH ante la Fiscalía del dr. Eduardo Zaratiegui y el Tribunal de Menores de turno, el Inadi, la Defensoría Oficial y la Subsecretaría de Niñez comunal.
Todo esto no fue suficiente para que los medios de comunicación locales se refieran al tema, a excepción del programa Enredados, que se emite en la repetidora local de Radio La Red, y FM de la Calle; y a la vez dejó latente una pregunta más preocupante: ¿Quién y desde qué organismo público se facilitó la información al periodista?

Sensiblería en el aire
Sasso expuso su intención durante la apertura del programa: quería hablar sobre los menores “que nos tienen como rehenes a todos los ciudadanos porque son impunes”. “Vamos a dar la lista de los cinco, diez menores más… bravos, más peligrosos, más incontenibles de la ciudad con nombre, apellido y domicilio. Más allá de que sean menores, el interés público está por sobre todas las cosas”, dictaminó.
Antes de comenzar la lectura de la nómina quiso aclarar que “los jueces se oponen a que se den los nombres, la policía también los mantiene en reserva siempre pero son delincuentes de la peor calaña”. Además, después de identificar a dos chicos de 13 y 15 años, agregó: “Ya nos están mandando mensajes diciendo que está mal lo que estamos haciendo. Bueno, creemos que está bien por eso lo publicamos”.
“Me parece que es importante saber dónde se afincan los menores delincuentes, no hay pena desde el punto de vista legal, bueno, por lo menos, que la gente tenga o -‘que tome recaudos’, acotó Noir- sepa donde viven”. A cada bloque de nombres y domicilios le seguía un menú de hechos policiales a cargo de Rípodas.
“(…) Hay algunos que hacen una especie de comparación o compensación tan estúpida que dicen, ‘bueno, son chicos marginales’, por eso tiene derecho a robar, a matar… y no es así, no tienen derecho a robar o matar porque tuvieron una vida difícil o porque son marginales”, se despachó Sasso desde su propia biblioteca.

Estigmatización
Alejandrina Páez, presidenta del denunciante Colegio de Asistentes Sociales, dijo a EcoDias que “está prohibido por todas las leyes actuales de protección de derechos dar a conocer la identidad de los chicos que tienen conflictos con la ley o los chicos en general”.
Por otro lado, sobre el cuidado a tener frente a los nuevos marcos jurídicos para jóvenes con causas penales “hay un montón de especialistas que han tratado de ver cuáles son las mejores formas de abordar estas problemáticas muy complejas, y que de esta manera no se mejora la situación sino que se empeora porque es muy estigmatizante para los chicos escuchar su nombre en este contexto de conversación o nota generando no sólo esta estigmatización hacia ellos, sino hacia su familia, a sus hermanos más chicos. Es lo que justamente no hay que hacer”.
El trabajo con menores involucra una fuerte creencia de que ellos pueden, con un trabajo de por medio, tener otra vida: “Hay que tener mucho cuidado porque son chicos y chicas en crecimiento y desarrollo. Entonces, esas cuestiones les van adjudicando un lugar social, una identidad vinculada al delito cuando es una cuestión que sucede en un momento de su vida pero no específicamente tiene que ser el fin de su vida estar en conflicto con la ley permanentemente”, explicó Páez.
La ley no habla específicamente del rol de los medios alrededor de su implementación pero sí menciona que “el sistema de protección de derechos está conformado por toda la sociedad. Y en lo local todos los actores que tienen algún vínculo o en algún momento se refieren a niños, niñas o adolescentes están construyendo infancia y una perspectiva, y ahí también hay que proteger derechos. El sistema lo hacemos todos”.

El viejo discurso represivo
Por su parte, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, comentó que luego de tomar conocimiento de lo difundido por “La Brújula”, pidieron copia del programa a la emisora y al verificar lo sucedido concluyeron que además “el lenguaje y el tratamiento que se le dio al tema fue verdaderamente lamentable”.
“Se habló de la ‘calaña’ de estos menores, eso por boca del periodista Germán Sasso -o por lo menos ejerce el cargo de periodista-, se habló de que era una lista siniestra y a pesar de todo esto se dijo también que se entendía que lo que se estaba haciendo no era lo que se debía porque estaban recibiendo mensajes críticos, y a pesar de eso se siguió con el tema”, afirmó.
Para el dirigente, los dichos de Sasso, Noir y Rípodas tienen que ver con esta instalación de un discurso represivo general porque “hablar así de lo que se define como ‘inseguridad’ está obviamente relacionado con lo represivo policial pero muy poco con la solución de problemáticas sociales”.
Según Hidalgo, en estos momentos en la ciudad “se producen obras faraónicas con plata fiscal” pero no se invierte en mejorar la calidad de vida de la gente, se da “la eterna historia de Bahía, lo que alguna vez decía Mario Iaquinandi: aquí existen gobiernos paralelos que deciden en qué se va a invertir, y hay personas que han sido elegidos por el voto popular que no cumplen con eso pero sí con la otra petición”.
Hidalgo detalló que “la instalación de ese discurso represivo está en el mismo intendente cuando exige, como varias veces lo ha hecho, la baja de imputabilidad de los menores. No tienen otra solución y la prueba de ello es que no ponen un peso en la implementación inmediata de la nueva ley de promoción de derechos”.
“Entonces esta instalación de que nos metemos con los negritos que nos están jodiendo, es la vieja historia de este discurso represivo que existe en la ciudad, algunas veces más evidente, otras más solapado, pero que está instalado”, insistió.

“Es imperdonable”
La delegada local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Patricia Fernández, confirmó a EcoDias que tras la presentación realizada por Eduardo Hidalgo, la información ya fue elevada a la presidenta del organismo, María José Lubertino.
Ahora, “el Inadi va a investigar en su Observatorio de vigilancia a los medios en relación a estas noticias que salen al aire. Ahí se va a chequear tanto por la grabación que va a mandar Hidalgo o ellos mismos porque saben la fecha y lugar. Es imperdonable largar al aire los nombres de menores en conflicto con la ley”.
El Observatorio contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, tiene como fin monitorear, con perspectiva de no discriminación, todos los tratados internacionales en esa materia y está conformado por organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
“Opera en estas circunstancias, es el contralor de aquellas cosas que quedan por fuera de la normativa. Por ejemplo, en este caso, esta gente excede las cuestiones de informar, dar los nombres de los menores va en contra de la ley de protección del menor. Las medidas a tomar pueden ser un llamado de atención, se comunicarán con Sasso o saldrá al aire Lubertino”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que después en relación al delito “será el cuerpo legal si eso es considerado una violación a las normas vigentes y a la ley de derechos de protección. Creo que no van a dejarla pasar, puede ser mediante el mismo programa, bajo alguna publicación o a través de la propia página web del Inadi se le hará saber a la comunidad lo resuelto”.
Fernández manifestó que el Instituto pretende castigar los excesos “porque las personas de los medios tienen poder” y llegan a transmitir informaciones que exceden aspectos legales y legítimos a los derechos de las personas.
“La opinión es libre pero si una afirmación se pone en contradicción a lo que la ley dice, se puede no estar de acuerdo pero no hacer apología contra la misma. Es así y se debe respetar”, sentenció la psicóloga.

Legislación
El artículo 22 de la ley 26.061 dice: “Derecho a la dignidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
En tanto el artículo 45 de la ley 13.298 en su decreto reglamentario establece que “queda prohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter y con motivo de dichas actuaciones, en informaciones referidas a la identidad, el nombre, el apodo, filiación, parentesco, residencia y cualquier otra forma que permita su individualización. El incumplimiento de lo prescripto será considerado falta grave”.