Omisiones e irresponsabilidades
El titular de Integración Ciudadana Raúl Woscoff, tras escuchar las expocisiones oficiales dijo a EcoDias que “advertimos grandes omisiones, evidentemente ha habido una estrategia de responder ante la existencia de una acción de amparo a cubrir una falencia evidente en materia de resoluciones. Suena como ‘hacélo y después arreglamos los papeles’ y esto es una improvisación grave en un tema de gran trascendencia donde está en juego también la vida y la seguridad de las personas”.
“Queremos señalar el ocultamiento deliberado de la necesidad de hablar de la planta regasificadora. Este es el primer capítulo de una triste novela, cuando tengamos que enfrentar la radicación de una planta en el propio puerto vamos a vivir el segundo. Esto fue totalmente soslayado en las exposiciones, tanto de Enarsa como del Consorcio de Gestión que tienen responsabilidad directa en el tema y no pueden ignorar que ya se están elaborando los pliegos de esa planta para la factibilidad, donde se impone claramente la obligatoriedad de considerar el puerto de Bahía Blanca”, adelantó el dirigente.
Si bien aún no se conocía la decisión del juez Alcindo Álvarez Canale de no hacer lugar a la medida cautelar presentada, Woscoff explicó que en el ámbito judicial “hay una vía recursiva, no es una decisión definitiva, de cualquier manera (las autoridades) han tenido que adaptarse y adecuarse, han tenido que emitir resoluciones de manera febril, lo que significa que tardíamente, con posterioridad a los hechos, tuvieron que hacer un esfuerzo de adecuación normativa que debió existir antes”.
“Ya ese solo hito impone reconocer que no quedó otra vía que la acción de amparo porque además esta audiencia es en sí misma tardía, tendría que haber sido la primera etapa del eslabón, de la larga cadena concatenada –como han gustado decir los expositores- cuando nosotros vamos a sostener que lo que hay es una concatenación de omisiones y declinaciones de responsabilidades desde los funcionarios públicos del nivel local, provincial y nacional”, acusó.

Flojito de papeles
Por su parte el ingeniero Braulio Laurecena opinó que “las exposiciones me confirman lo que pude deducir del estudio de impacto ambiental y el análisis de riesgo. Estoy convencido que es una operatoria muy peligrosa, hay una serie de factores que no están siendo considerados. La posibilidad de un ataque terrorista es muy concreta, son objetivos muy claros, yo hablo de la matriz Carver para seleccionar objetivos de ataque, las fuerzas armadas americanas lo usan y también lo puede usar cualquiera de nosotros simulando ser un terrorista. Esa matriz aplicada a este caso muestra claramente que no hay defensa de ningún tipo ante un ataque perpetrado por gente con los conocimientos y elementos necesarios”.
“También hay deficiencias que alguien podrá decir que son formales pero, por ejemplo, este estudio o análisis de riesgo no está firmado, es anónimo… yo lo que digo acá lo firmó por escrito y lo entrego a la presidencia de la audiencia, me parece que tenemos que hacernos responsables de las cosas”, sostuvo.
Además, para Laurencena “el análisis de riesgo de la URS no dice para nada quién lo realizó, qué certificaciones tiene para decir las cosas que dicen y considero que eso le quita totalmente valor legal, no es un análisis a considerar”.
Mencionó algunas desprolijidades que a su entender “le quitan seriedad al estudio”, por ejemplo, el informe se entrega el 12 de mayo y el 15 se recibe una fe de erratas con reducciones de la distancia de afectación de hasta un 80 u 87%. “Es como que después fueron a medir en el plano y dijeron ‘che mira, esto llega hasta tal parte, vamos a achicarlo’”.
“En estos modelos usted aporta los datos y actúa un algoritmo y en definitiva le entrega un resultado. Pero dependiendo de los datos que usted alimente van a ser los resultados, entonces si pongo los que me parezcan no soy objetivo para nada. Un análisis de riesgo tiene que ponerse en las peores condiciones creíbles o factibles, no en las que parecen demostrar que esto es inofensivo”, subrayó el ingeniero.

Respetar las ordenanzas
Por otra parte, el expositor Elías Ferán habló desde su experiencia laboral adquirida tripulando buques metaneros durante seis años y trabajando 18 años en el puerto de Ingeniero White.
“Estoy empapado de cuáles son los riesgos y peligros que vamos a correr en esta operación millonaria para algunos y sobre todo yo creo que esto se podría haber evitado si se hubieran respetado las ordenanzas vigentes que la Prefectura para algo las hizo en su momento”, se quejó ante EcoDias.
De hecho, detalló que “uno de los barcos que viene, sobre todo el regasificador, el Exelsior, tiene una tecnología de última generación preparada a bordo para realizar la operación en alta mar sin ningún riesgo. Eso no es casualidad, no lo van a utilizar en esta circunstancia porque elevaría el costo de la operación y, entonces, como siempre hacen con estos países que nos tratan como tercer mundistas, optan por arriesgar vidas sobre la parte económica”.
“En lo personal, esto lo vengo siguiendo desde octubre de 2007, obviamente yo soy un ciudadano común a pesar de trabajar en el medio, pero el Consorcio y la Municipalidad lo vienen trabajando hace mucho más tiempo y lo tuvieron escondido hasta que no lo pudieron retener más. Hubieran tenido, no el suficiente tiempo para hacer un verdadero estudio de impacto y de riesgo, pero sí unos meses más, por lo menos, para hacer las cosas más prolijas”, manifestó en cuanto al manejo de la información.
Por último, comentó que empresarios y funcionarios oficiales “hacen gala de las herramientas que van a utilizar, en eso no hay nada que objetarles, traen la última tecnología que se dispone en el mundo, que la usen o no la usen es otro tema”.
“Lo que sí no se tuvo en cuenta y no tiene la seriedad que merece es el informe que hace la URS, la consultora que contrataron, porque no condice con un montón de normas que en otros países sí tienen en cuenta. El último lugar donde operó, en Louisiana, sí las hizo respetar y acá no se tienen en cuanta para nada”, insistió.
 
Fomentistas atemorizados
Félix Hobez, habló en representación de la Sociedad de Fomento del barrio “26 de Septiembre” y reconoció la falta de gas natural para el abastecimiento de hogares e industrias pero transmitió la oposición al amarre del buque.
“Los buques metaneros por su gran porte y su carga tremendamente peligrosa, verdaderas bombas atómicas (…) tienen 277 metros de eslora y más de 40 metros de manga y estarán en una muelle que no fue construido para ese tipo de buques aunque fue acondicionado para que puede amarrar al mismo y se lo dotará de un sistema de descarga con brazo especial y mangueras al regasificador”, dijo.
Además, continuó el vecino, “se deberán construir nueve puntos de amarre para los mismos ya que los muelles que operan en Mega son de menor porte y una vez amarrado quitará unos cien metros del ancho del canal a puerto Galván y va a condicionar la navegación a otros buques de entrada y salida con peligros de abordaje, colisiones o choques con el metanero y el regasificador. De producirse condiciones meteorológicas desfavorables hay grandes posibilidades de ello”.
De producirse algún tipo de colisión, manifestó que “se puede originar una gran cantidad de explosiones en cadena o por efecto dominó con la propia planta de Mega cuyos tanques de almacenamiento de gas licuado de 60 mil metros cúbicos y 50 mil de gasolina -50 millones de litros aproximadamente- se encuentran a cortas distancia del muelle”.
“Pueden ser alcanzados por impactos de proyectiles provenientes de los buques o a la inversa desde la planta al buque y producir grandes explosiones. Esto lo menciono basado en hechos ocurridos en Irán cuando en 2004 descarriló un tren con 1200 metros cúbicos de gasolina y al incendiarse y estallar destruyó un pueblo a 10 km. a la redonda con centenares de víctimas humanas y destrucción de viviendas. Si esto ocurrió con aproximadamente 1 millón 200 mil litros de gasolina ¿qué nos puede pasar a los whitenses y bahienses con 50 millones de litros de gasolina? Desaparecemos”, afirmó sin ser “tremendista sino realista”.
 
No mientan más
Una de las alocuciones más aplaudidas fue la Marta Bossio, vecina del barrio 26 de septiembre “frente a las plantas del polo petroquímico”.
“Hace más de 25 años que vivimos sobresaltados, con el corazón en la mano, por todo lo que el polo a veces nos tira. Yo elegí vivir en White porque era tranquilo, porque tiene el cielo azul y había olor a mar. Ahora el cielo es gris y el olor es horrible”, recordó.
En cambio ahora, “todos los días tenemos alguna preocupación. El domingo, después de las doce y media de la noche, hubo una explosión, no sabemos qué fue porque nadie nos informó, pero temblaron las ventanas, las puertas y los vidrios. Toda la gente salía a la calle sin saber para que lado disparar”.
“¿Quién nos paga esa tranquilidad? Nadie. Porque los vecinos, gracias a dios, no recibimos nada del polo petroquímico. El polo dará a las entidades pero a los habitantes nada, yo he pagado con esfuerzo mi casa y todo lo que está en mi casa, el asfalto, la luz, el gas y las cloacas. El polo no nos dio nada: no sigan equivocados y no nos mientas más”, pidió Bossio.
Resaltó “lo lindo” que del barco pero no de la seguridad de los pobladores. “Yo me pregunto, en White hay más de cuatro mil chicos que van a las escuelas ¿qué le van a decir a sus padres si llega a haber un escape? ¿Qué tapen las ventanas con cintas de papel como nos dijeron cuando fue lo del cloro?”.
“Yo viví la nube y no me voy a olvidar más esa experiencia. También viví el 13 de marzo del ’85 con la explosión del puerto, donde murieron los bomberos quemados. ¿Dónde está el hospital que se iba a hacer? ¿Dónde está el helicóptero que iba a venir? No hay nada señores. No mientan más. Están tirando demasiado de la soga de todos los habitantes. Lo único que queremos es vivir en tranquilidad. White es una población tranquila, honesta, solidaria cuando pasa algo: pero ya estamos cansados de que nos mientan los políticos y las autoridades”, gritó.
Finalmente la vecina afirmó que “si esto tiene una solución favorable voy a pensar que los políticos están en sus puestos por un sueldo, no por la población”.

Valioso mecanismo institucional
La concejala Aloma Sartor como presidenta de la comisión Asesora de Medio Ambiente del deliberativo tuvo un rol destacado en la organización de la audiencia y evaluó los resultados de la misma.
“Podría responder bajo dos puntos de vista. Desde la figura institucional de una audiencia pública para los proyectos que sean, más allá de este, creo que sí sirvió, es un mecanismo institucional muy importante, que está fijado por ley nacional. Y por otra parte es un ejercicio que se hace en todos las países democráticos del mundo en temas que potencialmente puedan generar riesgo o peligro a la población o el medio ambiente”, aseguró la edila.
En cuanto a la convocatoria, Sartor afirmó que “fue muy bueno que hayan venido funcionarios del Ministerio, Enarsa, los propios responsables del proyecto, la OPDS, Prefectura, Consorcio. Digamos, más allá de la valoración que uno pueda tener de las respuestas, si está de acuerdo o no -que es otra cosa- creo que el haber comprendido que tenían que estar y decir lo que ellos pensaban y escuchar también las otras voces contestando las respuestas, nos tiene que poner del lado de la valoración como un mecanismo necesario”.
“Por supuesto, lo ideal es que las audiencias públicas se hagan antes de tomar las decisiones. Obviamente, en este caso no fue así pero no fuimos nosotros los que contravenimos eso. Por lo menos hacer la defensa de este marco para que sí nos demos la oportunidad de escuchar. La verdad es que fue la primera vez que alguien vinculado al proyecto contó cosas del mismo. A mí en algunos casos me tranquilizaron algunas cuestiones y en otras sigo con serias dudas”, reconoció la ingeniera.
Finalmente, distinguió que “estuvieron bien los vecinos, las instituciones que participaron, fue mucha gente teniendo en cuenta que duró muchísimas horas” y adelantó lo que viene: “Vamos a tomar toda esa documentación, va a formar parte del expediente y la vamos a mandar a cada uno de los organismos responsables del proyecto. Después si contravienen lo que la propia ley dice, que ante una decisión contraria a la audiencia ellos deben expresar y argumentar, no dependerá de nosotros. Esto sirve para marcar responsabilidades si lo hacen o no es una materia diferente”.