MEXICO
Represión en Oaxaca

El conflicto socio-político en el estado de Oaxaca, en el sur de
México, ocupó las primeras planas de la prensa recién en los últimos días,
pero en realidad comenzó en el 2004, cuando el ex gobernador “priista” José
Murat, se empeñó en que su amigo Ulises Ruiz le sucediera en el cargo. Una
fórmula muy empleada por su partido que gobernó México durante más de 70
años, para que el sucesor “tape” las huellas de la mala gestión, la
corrupción y el manejo irregular de los dineros públicos.
Ulises Ruiz recibió todos los apoyos necesarios (legales e ilegales)
para ganar las elecciones. Una vez en el gobierno trató de hacer su propio
camino, para lo cual orientó con criterios propios el dinero destinado para
el “clientelismo político”. Aquí cometió sus primeros errores, al dejar de
lado sectores sociales cuyos dirigentes eran “calmados” con el aporte
regular de fondos públicos. Los afectados pasaron a engrosar las filas de
la oposición.
La ineficacia y torpezas de su gestión contribuyeron a su deterioro
político que trató de superar apelando a matones del PRI, su partido, y a
las fuerzas de seguridad bajo su mando.
Los dirigentes de la sección 22 (Oaxaca) del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Enseñanza, que en ese estado agrupa a 70.000 educadores,
presentaron el primero de mayo pasado un documento con diversas demandas.
El gobierno de Ulises Ruiz ignoró las reivindicaciones y el movimiento de
maestros decidió el 22 de mayo montar un campamento permanente en el centro
histórico de Oaxaca. En lugar de buscar una vía de diálogo, el gobernador
ordenó el pasado 14 de junio el desalojo de los manifestantes por la fuerza
enviando para ello a varios centenares de policías. Los choques fueron
violentos y aunque el gobierno negó las cifras, algunos medios de prensa
indicaron que la represión provocó cuatro muertos y decenas de heridos.
La intransigencia del gobernador y el uso de la fuerza contra los
maestros, no hizo más que facilitar la composición de un frente popular
heterogéneo que incluyó a los más diversos sectores sociales. A partir de
entonces, las protestas las canalizaron los dirigentes naturales del
movimiento bautizado como “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, del
que participan más de 300 organizaciones de base de la sociedad civil,
entre ellas sindicatos, movimientos indígenas y campesinos, grupos de
mujeres, asociaciones barriales, etc. El movimiento ciudadano extendió el
control urbano a otras zonas más allá del casco histórico, y llegó a ocupar
o bloquear el funcionamiento de oficinas públicas.
Indignados por el tratamiento que algunos medios de comunicación
locales daban a la revuelta popular, terminaron ocupando algunas emisoras
de radio y levantaron barricadas permanentes en diversas calles de la
ciudad. La consigna dominante que unificó a partir de entonces la
protesta fue la petición de renuncia del gobernador Ulises Ruiz. La
revuelta popular virtualmente se institucionalizó, ante la inoperancia
oficial, con lo cual la situación se fue deteriorando gradualmente. Entre
otras consecuencias, la paralización total del curso escolar desde mayo por
la huelga del magisterio, punto de partida del conflicto. Catorce mil
escuelas inactivas y poco más de un millón de alumnos sin clases.

Fox envía a los federales
Las sugerencias de algunos políticos sensatos (pocos) y de algunos
medios de comunicación (también pocos) para que el gobierno buscara una
salida negociada a los reclamos sociales, no fueron escuchadas. El abogado
Ulises Ruiz afirmó estar dispuesto a cumplir su mandato que expira dentro
de cuatro años. Y el gobierno federal del derechista Partido de Acción
Nacional lo apoyó en ese empeño, básicamente por temor a que se propague el
método de una revuelta popular para terminar con los gobernadores que
actúan como si los estados fueran un feudo personal o hereditario, o sea,
casi todos.
Y la forma concreta de Vicente Fox para apoyar a Ulises Ruiz, fue el
envío de la Policía Federal Preventiva, una tropa entrenada especialmente
para afrontar este tipo de conflictos. La decisión se tomó a fines de
octubre, y el viernes 27, poco antes de la llegada de los efectivos de
seguridad, grupos de matones del PRI comenzaron a actuar como
“parapoliciales” agrediendo a los vecinos que estaban en las barricadas.
Esas acciones provocaron al menos cuatro muertos. Uno de ellos fue William
Bradley Roland (Brad Will), documentalista, colaborador de la red Indymedia
en Nueva York y en América Latina. El autor de los disparos que hirieron
mortalmente al periodista, es un dirigente local del PRI, según los
testimonios aportados por testigos.
El último fin de semana de octubre las tropas federales fueron llegando
por avión a Oaxaca, y tras bloquear caminos de acceso avanzaron hacia el
centro de la ciudad. La Asamblea Popular ya había decidido no hacer frente
a las tropas de la Policía Federal Preventiva ante la evidente disparidad
de fuerzas. Por todos los medios, en especial por la emisora de Radio de la
Universidad Benito Juárez, hicieron continuos llamados en tal sentido. Pero
la indignación popular era muy grande y en algunos casos, los vecinos se
mantuvieron en las barricadas e intentaron frenar el paso de las tanquetas,
tirándose al suelo delante de los vehículos. Con el empleo de gases y
potentes chorros de agua, las tropas tardaron poco más de seis horas para
llegar al Zócalo de Oaxaca.
Pero el control policial no ha significado el fin del conflicto. El
movimiento de protesta pacífico continúa, y en muchos casos, las barricadas
que son desmontadas durante el día, son colocadas nuevamente por la noche
por los manifestantes. Y la radio de la Universidad, centro estratégico de
la resistencia, continuaba emitiendo al momento de redactar esta nota.

Los viejos métodos

En el Distrito Federal, tanto el PRI (el partido del gobernador de
Oaxaca) como el PAN (en el gobierno federal) temen que las expresiones de
solidaridad con la APPO se extiendan en otras regiones de México e incluso
en el exterior.
En el D.F. ya hubo marchas de solidaridad con el pueblo de Oaxaca, y
manifestantes cortaron la importante carretera Puebla- México durante
varias horas. Quizás ese es el principal motivo por el cual primero
diputados y luego senadores, aprobaron pedir a Ulises Ruiz que considere
“su alejamiento o su renuncia” del cargo de gobernador. La intención es
descomprimir el conflicto y evitar que se propague a otras zonas del país.
Hay denuncias de persecución y detención de dirigentes populares en
Oaxaca, e incluso desapariciones. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos expresó su preocupación por la situación en ese estado mexicano, y
pidió a las autoridades que den a conocer el paradero de personas
presuntamente detenidas en los últimos días. Lo cierto es que México sigue
acumulando graves conflictos sociales, con estallidos cada vez más
frecuentes y que no son resueltos por las autoridades.
La clase política persiste en los viejos métodos de “pan y palos”, o
sea dádivas y favores a los adictos y represión a los opositores. Los
graves problemas estructurales no se solucionan y se mantiene el flujo
migratorio de quienes intentan encontrar en Estados Unidos o en otros
países el futuro que no consiguen en su propia tierra. El presidente electo
-el “panista” Felipe Calderón- asumirá dentro de unas semanas y no parece
dispuesto a cambiar esta explosiva situación.