MÉXICO
No a los cambios profundos
El domingo 2 de julio los mexicanos decidirán quien gobernará el país
durante los próximos seis años. En el 2000, la victoria de Vicente Fox, del
conservador Partido de Acción Nacional (PAN), marcó el final de un largo
período histórico de 71 años durante los cuales gobernó el Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Carcomido por luchas internas por el poder, y desgastado por varios
gobiernos enquistados por la corrupción, el PRI tuvo que dejar el gobierno,
pero no su presencia dominante en muchos estados y en sectores de la
administración.
Pero la experiencia del PAN en el gobierno no ha supuesto cambios
sustanciales en la vida de los mexicanos. Fox argumenta éxitos económicos,
pero si existen no se traducen en una mejora de la situación de la sociedad
mexicana. Falta trabajo, los salarios siguen bajos, y hubo retrocesos en la
educación y la sanidad públicas. Estas circunstancias son las que intenta
aprovechar Manuel López Obrador, que dejó el cargo de gobernador del
superpoblado Distrito Federal de México, para presentar su candidatura
presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de
centroizquierda.
Desde hace meses los tres principales partidos mexicanos gastan grandes
cantidades de dinero en campañas que tienen más de vidriera que de
contenido. Al margen de ellas, se desarrolló “la otra campaña”, promovida
por el movimiento zapatista que desde el sureño territorio de Chiapas,
salió a recorrer el país. Varios comandantes indígenas y el propio Marcos,
han mantenido reuniones con movimientos sociales y populares, escuchando
los problemas y las soluciones que propone la gente. Los zapatistas se
distancian del proceso electoral al que consideran una farsa en la que los
ciudadanos son convidados de piedra. Intentan estructurar un movimiento de
base amplio que con el tiempo pueda tener un peso decisivo para cambiar el
rumbo del país.

Dos con posibilidades reales
Las encuestas indican que en realidad son dos los candidatos con
posibilidades de ganar: López Obrador, del PRD, y Felipe Calderón, del
oficialista PAN. Ambos se reparten aproximadamente un 35% de las
intenciones de voto, mientras que Roberto Madrazo, del PRI, no supera el
27%. La clave está en el 15% de indecisos. Sobre ellos concentran los
aspirantes sus esfuerzos publicitarios y el fuego cruzado de mutuas y
sucias descalificaciones.
Los mayores esfuerzos no están puestos en explicar lo que harán en el
gobierno, sino en desmerecer a su rival. La campaña electoral ha intentado
tapar las crujientes grietas de una sociedad que reclama por situaciones
injustas.
Durante el gobierno de Fox se han acumulado denuncias por violaciones
de los derechos humanos. Las más recientes son escandalosas: la represión
de una huelga metalúrgica con varios muertos y heridos, y la represión de
vendedores ambulantes y pobladores de San Salvador de Atenco, con al menos
dos muertos, heridos y desaparecidos. Y decenas de denuncias por maltrato y
violaciones de mujeres detenidas en puestos policiales.
Más recientemente, la represión de la huelga de maestros en Oaxaca
también con un saldo de muertos, heridos y detenidos. Y el trasfondo de la
permanente migración hacia Estados Unidos, intento cada vez más difícil por
las barreras físicas y legales impuestas por el gobierno del norte. El
NAFTA, el acuerdo comercial suscripto por México con Estados Unidos y
Canadá en 1994, no ha frenado la corriente migratoria. Son miles los que
cada amanecer se preparan para intentar el cruce de la frontera en busca de
una oportunidad que no encuentran en su tierra.

No cabe esperar cambios estructurales
Los pronósticos no permiten optimismos. Sea el vencedor López Obrador o
sea su rival Calderón, no habrá modificaciones estructurales. Y algo que
conviene recordar: ambos candidatos y sus partidos, no son más que
desprendimientos históricos del mismo tronco: el legendario PRI, una
maquinaria política que hace muchos años que abandonó sus impulsos
transformadores y que a pesar del término “revolucionario” en su sigla, es
una estructura burocrática que sigue generando aspirantes a disfrutar los
cargos públicos en provecho propio o en el de sus familiares o compinches.
Algo que seguramente contamina también a sus herederos políticos y hoy
aspirantes a la presidencia de México.

VENEZUELA
Asesinato
La policía venezolana sigue investigando el asesinato de José Ramón
Tovar, el director de “Ahora”, diario de Caracas. El periodista e
historiador fue acribillado por 11 disparos en pleno centro de la capital
venezolana. La línea editorial del periódico que dirigía respaldaba en
general al gobierno bolivariano de Hugo Chávez, aunque mantenía posiciones
independientes que le permitían en algunos casos tener una actitud crítica
hacia medidas oficiales.
La única afirmación de los investigadores es que descartan el móvil de
robo. En algunos sectores, las sospechas del crimen, aparentemente “por
encargo”, recaen en la oposición que ha fracasado en todos sus intentos
legales y violentos para desplazar a Chávez.
Tovar también dirigía otras dos publicaciones, los semanarios
“Regional” y “Exitos 21” y presidía el Movimiento Electoral Independiente
que apoya la gestión de Chávez. El asesinato del director de “Ahora” ocurre
pocos días después de la advertencia del presidente Chávez de que no
renovaría las concesiones de las televisoras privadas que realizan
constantes campañas contra el gobierno. Desde círculos de la oposición y de
los propios dueños de algunos de esos medios se denunció la medida como una
limitación a la necesaria libertad de expresión.
Mientas la polémica gira en torno a si el gobierno tiene o no derecho a
determinar a quien concede el uso del espacio radioeléctrico y televisivo
que es del Estado, José Tovar ya no podrá ejercer de ninguna manera su
derecho a expresarse. Curiosamente el asesinato de Tovar apenas ocupó
escuetos espacios en los principales periódicos venezolanos que
habitualmente claman por «limitaciones a la libertad de prensa».

Bolivia
Plan contra la pobreza
El gobierno de Evo Morales presentó un Plan de Desarrollo denominado
“Bolivia digna, soberana, productiva y democrática”, que fija las líneas
generales para enfrentar la desigualdad y la exclusión social. El proyecto
define un Plan Quinquenal que incluye varios programas para atender las
principales urgencias sociales del país y pretende apoyarse en la inversión
pública y privada, admitiendo incluso la extranjera, “siempre que se ajuste
a la estrategia nacional de desarrollo y a las leyes del país”.
Sus puntos básicos son la estabilidad macroeconómica, y la adopción de
políticas institucionales en salud, educación, desarrollo, infraestructura
y política exterior. Los pilares productivos serán los hidrocarburos, la
minería y la biodiversidad. El documento presentado por el ministro de
Planificación Carlos Villegas tiene siete capítulos y propone modificar
desde sus raíces “la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión
que oprimen a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de
origen indígena y busca un nuevo Estado social comunitario, descolonizado y
fundado en la multidiversidad”.
El plan propone que en el primer quinquenio la pobreza extrema baje del
35% al 27% y crear 90.000 empleos cada año. Sostiene la necesidad de
acentuar la participación estatal en los negocios, y pone a los indígenas y
campesinos como principales beneficiarios de la gestión y pide respeto de
los demás países y de los inversores externos. Tiene prevista una inversión
de 12.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 7 provendrán del
estado, y el resto del sector privado.
Para que el proyecto pueda ponerse en marcha con todas las garantías,
el Movimiento al Socialismo de Evo Morales necesita alcanzar una mayoría
suficiente en los comicios para elegir los miembros de la Asamblea
Constituyente. Esta decisiva votación será el próximo 2 de julio.