DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
Medidas urgentes y efectivas

En una reunión convocada en la cámara
baja junto a trabajadores y trabajadoras de la comunicación, la Defensora
Cynthia Ottaviano solicitó a legisladoras y legisladores que se implementen
medidas contra los despidos masivos y arbitrarios en los medios.

La
Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, pidió a diputadas y diputados
que integran la Comisión de Libertad de Expresión “medidas urgentes y efectivas
contra los despidos masivos y arbitrarios a trabajadores y trabajadores de los
servicios de comunicación audiovisual”, en una reunión informativa que se llevó
a cabo en el anexo de la cámara baja junto a representantes de trabajadores y
trabajadores de distintos medios que llevaron reclamos por la situación laboral
en los medios de comunicación de todo el país.
Invitada por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, Ottaviano aseguró: “Aquí estamos en defensa del derecho
humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol de salvaguarda. Esto
no podemos olvidarlo ni puede ser soslayado. No estamos hablando solamente de
conflictos laborales, les pido por favor que no atomicen las realidades que
están describiendo los trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando de un
conflicto particular, estamos hablando de lesiones muy claras en todos los
estamentos posibles del trabajo en los servicios de comunicación audiovisual
que concluye en una lesión a este derecho humano a la comunicación y a la
libertad de expresión”.
Y continuó: “Les pido responsabilidad y sensibilidad, no sólo solidaridad, les
pido también que tengan conciencia frente a la encrucijada histórica en que
estamos hoy cada uno de los que ocupamos responsabilidades en el ámbito del
Estado y tomen estas medidas de manera urgente, que sean efectivas y frenen
estas vulneraciones porque no hay democracia posible sin libertad de expresión
y derecho humano a la comunicación, y eso es lo que se está vulnerando”.
El presidente de la Comisión, el diputado Remo Carlotto, expresó: “Esta
convocatoria la hacemos en continuidad a la primera reunión que realizó esta
Comisión invitando a quienes fueron los peticionantes en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la suspensión de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el decreto de necesidad y urgencia que
emitió el presidente Macri dando por terminada la aplicación plena de la Ley”.
Desde diversos sectores pidieron asimismo por la Ley, además de la cuestión
laboral preocupante.
La reunión contó con la representación de trabajadores y trabajadoras de los
diarios Buenos Aires Económico (BAE), El Argentino zona Norte, Tiempo Argentino
y La Nación; Editorial Atlántida, la agencia de noticias Télam, las radios
América, Madre, Kermes de La Pampa, Nacional; el canal 360 TV, el Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la (Fetracom) de Rosario.

Despidos masivos y arbitrarios
Según un relevamiento realizado por la Defensoría del Público en una
reunión con trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales, en los
últimos seis meses, más de 2500 personas que se desempeñan en la radio y en la
televisión se enfrentan a despidos masivos y arbitrarios, precarización laboral
y persecución sindical e ideológica.
Frente a las afectaciones a los derechos de más de 2500 personas que trabajan
en los servicios de comunicación audiovisual provocadas por despidos masivos y
arbitrarios, precarización laboral y persecución sindical e ideológica durante
los últimos seis meses, la Defensoría del Público manifestó su recomendación a
las autoridades nacionales y provinciales de adoptar medidas urgentes y
efectivas para evitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la
libertad de expresión y a los derechos de las audiencias; y revertir las ya
producidas.
La información recabada en diálogo con trabajadores y trabajadoras y sus
representantes, da cuenta que la situación se agrava en un contexto en el que
se discontinuó el pago de la publicidad oficial y la realización de proyectos
audiovisuales impulsados por políticas públicas estatales. Además, se oculta
información sobre la titularidad de las licencias sin que los organismos con
competencia específica ofrezcan soluciones, afectando la libertad de expresión
y los derechos de las audiencias, quienes han manifestado ante la Defensoría en
los últimos meses su preocupación por el silenciamiento de esta situación
general y la reducción de espacios mediáticos que canalicen la pluralidad de
voces y la diversidad de perspectivas de la sociedad.

Leyes
Las leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos
protegen el trabajo y la estabilidad del empleo, pronunciándose contra el
despido y protegiendo la continuidad de la prestación de los servicios de
comunicación audiovisual. Fundamentalmente, la Declaración Universal de
Derechos humanos en su artículo 23; el artículo 6 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 7 inciso d) del
Protocolo de San Salvador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
su Carta incorpora a la libertad de expresión dentro de sus cuatro principios
fundamentales sobre la dignidad humana y se pronuncia en el Convenio N° 158 y
en la Recomendación N° 166, sobre la anulación del despido arbitrario y la reposición
en el puesto de trabajo. Sobre todo en afectaciones y despidos que impliquen la
violación de otros derechos humanos, en este caso la libertad de expresión, el
derecho a la información y los derechos de las audiencias.
Por todo esto y reconociendo que la precarización laboral y los despidos
masivos en los servicios de comunicación audiovisual lesionan la libertad de
expresión, a la vez que funcionan como factores de disciplinamiento editorial y
social, la Defensoría del Público recomendó a los Poderes Ejecutivos nacional y
provinciales, en particular a los ministerios nacionales de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y de Desarrollo Social, al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a
la Comisión Redactora para la Elaboración del Proyecto de Reforma, Actualización
y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078 y a ambas cámaras del Congreso
Nacional, sobre todo a sus Comisiones encargadas de abordar las problemáticas
laborales y comunicacionales, que adopten en el marco de sus competencias,
medidas inmediatas y efectivas para evitar las afectaciones al derecho humano a
la comunicación y revertir las vulneraciones que ya se han producido.

PERSONAS EN NÚMEROS
Se registraron las siguientes situaciones: despidos y/o retiros voluntarios
de 123 personas en la señal de noticias CN23; proceso de vaciamiento en Radio
América con el abandono de 126 trabajadoras y trabajadores; 13 despidos en
Canal 26; más de diez en Crónica TV; ocho en Radio Continental; 20 en Radio
Nacional; posible vaciamiento y abandono de 26 trabajadores en Radio Madres;
sueldos adeudados a 100 personas en la señal de noticias 360TV; pago de
salarios en cuotas a 32 personas en Radio Splendid y a 140 personas en Radio
del Plata; 300 puestos de trabajo en riesgo en radios FM de Córdoba y 220 en
los servicios de Radio y Televisión, también de Córdoba; 25 trabajadores
precarizados en Radio El Mundo; 40 con incumplimiento salarial en Radio
Rivadavia; siete personas despedidas en el Sistema de Televisión Digital del
Estado Nacional. Esta situación se verifica también en medios gráficos y
portales periodísticos en Internet: 14 personas han sido despedidas en el
diario «El Argentino»; 32 en «La Mañana» de Córdoba y 30
incluidas en el proceso preventivo de crisis; 2 delegados fueron despedidos en
BAE-Crónica; 50 personas en Infonews, más de 200 en Tiempo Argentino; 30 en las
publicaciones zonales de ese diario y 24 personas en Infojus Noticias. A las
conflictividades laborales enumeradas se suman alrededor de 1000 puestos de
trabajo que se perdieron por la discontinuidad de proyectos audiovisuales
impulsados por políticas públicas estatales.