Los medios capitalinos e incluso los
locales dieron amplia cobertura a la polémica en torno a la reforma tributaria
impulsada por el gobierno bonaerense. Todos pusieron el foco en el revalúo
fiscal a las propiedades de los terratenientes. Sin embargo, salvo contadas
excepciones, no dieron tratamiento de uno de sus puntos: la carga tributaria en
Ingresos Brutos que se pretendía imponer a las cooperativas. ¿Qué pasó,
finalmente?
El
revalúo fiscal de las grandes extensiones de tierra que poseen un puñado de
terratenientes de la provincia de Buenos Aires, propuesto a la Legislatura bonaerense
por el Ejecutivo, fue objeto de cobertura y debate de los medios locales y
nacionales. Cada uno, desde su postura: desde los que marcaban la necesidad de
la actualización de valores a aquellos que la calificaban como “impuestazo”.
Pero, más allá de ese debate, existía en el proyecto de Reforma Fiscal
impulsado por el gobernador bonaerense Daniel Scioli una iniciativa que
proponía eliminar la no sujeción de las empresas cooperativas respecto del
impuesto a los Ingresos Brutos.
EcoDias ha dado cobertura al tema y también reflejó la opinión de
cooperativistas y letrados en torno al mismo. De acuerdo a los artículos 24, 26
y 27 del proyecto original, la reforma tributaria impulsada por el gobernador
Scioli perjudicaría a las cooperativas, afectando sobre todo a las de consumo
pero también a las agropecuarias y a las de trabajo.
La propuesta de imponer una carga tributaria de tal carácter a las operaciones
que las empresas cooperativas realizaren entre sí y con sus asociados amenazaba
violar el artículo 41 de la
Constitución de la provincia de Buenos Aires, que indica que “la
provincia otorga a las cooperativas un tratamiento tributario acorde con su
naturaleza”.
También resultaba contradictoria respecto de lo expresado por el principal
mandatario bonaerense, al visitar la ciudad en marzo pasado, cuando asistió a
un acto organizado por la
Cooperativa Obrera en celebración del Año Internacional de
las Cooperativas, instituido por las Naciones Unidas.
En dicha oportunidad, el gobernador se comprometió a respaldar el crecimiento
del sector y ponderó el crecimiento de la empresa social bahiense, extendida en
tres provincias.
Voces en contra
Ante este cuadro de situación, los reclamos del sector cooperativo no se
hicieron esperar. “Scioli vino a Bahía Blanca y se comprometió a apoyar nuestro
crecimiento, pero cuando se volvió a La Plata nos sorprendió con esta reforma que
pretende frenar el desarrollo de nuestras empresas de consumo en la Provincia”, recordó hace
una quincena el dirigente Rubén Masón, titular de la Federación Argentina
de Cooperativas de Consumo (FACC) y contador de la Cooperativa Obrera.
Con estas expresiones, Masón sumó su voz a las de otras entidades federativas
del sector, como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro),
la
Confederación Cooperativa de la República Argentina
(Cooperar) y la Federación
de Cooperativas de Electricidad y de Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires (Fedecoba), todas opositoras a los mencionados artículos de la
proyectada reforma fiscal.
“Como no pueden sacar una ley para gravar a una entidad, buscan crear un atajo
gravando a las ventas por menor. La presión es de la ministra de Economía
(Silvina Batakis), de la
Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)
y de la
Federación Económica Provincial. Muchos están preocupados por
el crecimiento de nuestra Cooperativa en Mar del Plata. Ese es el trasfondo,
pero están perjudicando a todas y quieren hacer pagar a la gente los costos del
déficit que sufre la provincia”, agregó Masón en aquella oportunidad. También
lamentó “no poder acceder al gobierno provincial”.
Todo en paz
Luego de la polémica desatada en torno al revalúo fiscal de las propiedades
de los terratenientes bonaerenses y tras la firma de un decreto por parte del
gobernador Scioli, finalmente el Parlamento bonaerense trató el proyecto de
reforma fiscal enviado el último día del mes pasado.
Aunque las primeras versiones indicaban que la intención del oficialismo era
votarlo a libro cerrado, en el recinto los legisladores Frente para la Victoria (FpV) cumplieron
con la palabra empeñada al cabo de intensas tratativas de los dirigentes del
sector cooperativo y excluyeron del tratamiento a los artículos que eliminaban
la no sujeción en Ingresos Brutos a las empresas sociales.
Por tanto, la norma finalmente aprobada en la Legislatura provincial
no modifica la actual situación fiscal de las cooperativas radicadas en la
provincia de Buenos Aires.
Es decir que, tras el acuerdo previo alcanzado con los diferentes espacios
políticos con representación parlamentaria, las operaciones realizadas entre
las cooperativas constituidas conforme con la Ley nacional 20.337 y sus asociados en el
cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales no
serán contempladas ni por los impuestos a los Ingresos Brutos ni por los
impuestos de sellos, tal como lo ha establecido la ley provincial 13.360, sancionada
en julio de 2005 en aplicación del citado artículo 41 de la Constitución
bonaerense.
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