En la sesión del jueves pasado del deliberativo ingresó como asunto entrado el pedido de licencia del presidente del cuerpo, Juan Pedro Tunessi, ya que por “ser candidato a intendente en las próximas elecciones, me dedicaré a desarrollar la campaña electoral, considerando que por ello no puedo continuar ejerciendo el cargo y percibiendo haberes, siendo que estaré abocado a dichas actividades sin dedicar el tiempo que la labor de concejal y presidente del cuerpo requieren”. La licencia es sin goce de haberes y correrá desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre.
Tras desarrollarse un minuto de silencio en homenaje a la fallecida psicoanalista bahiense,  Silvia Bleichmar, con autoría del concejal Alberto Sangre se trataron sobre tablas dos minutas de comunicación solicitando información referida al sistema de transporte público de pasajeros.
La más relevante de las solicitudes fue aprobada  por mayoría de dos tercios, descontando la negativa del bloque oficialista, y tiene que ver con el futuro de la línea 520 de la empresa Trans-Rap que une nuestra ciudad con la localidad de Cabildo. Desde hace más de 16 años la prestadora del servicio cuenta con un “permiso precario” y debe responder a las frecuencias, paradas, horarios y tarifas que establezca el Ejecutivo. Según menciona Sangre en los fundamentos, la comuna “aún no ha citado al titular de Trans-Rap, con el objeto de acordar los aspectos enunciados, con los perjuicios que esto conlleva” para la prestación ya que por ejemplo “no puede gestionar determinados beneficios que sí tienen otras empresas de transporte de nuestra ciudad”.
Asimismo, el edil destaca que el Ejecutivo no incluyó a la línea 520 en el nuevo Proyecto de Transporte Público de Pasajeros presentado días atrás.
Por otra parte, la concejala Elisa Quartucci, pidió al municipio que informe sobre el incremento de más de once millones de pesos de la partida “Recursos Afectados” y el destino de este dinero.
La partida original era de unos 14 millones de pesos de los cuales aproximadamente 11 millones correspondían a los aportes no reintegrables del Tesoro Nacional para la obra de la Terminal de Ómnibus, 1.400.000 al Plan de Recupero de Deuda y 1.500.000 de pesos, aproximadamente, al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales.
De esta manera, la edila radical resalta el desconocimiento acerca del origen y destino de estos 11 millones de pesos por parte del Concejo Deliberante y la gravedad del caso ante “la necesidad de prever situaciones derivadas de eventuales incumplimientos en el envío de  los fondos, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta la fecha sólo ha ingresado el 28% (…) habiendo transcurrido la mitad del ejercicio”. En números: ingresaron casi 7 millones y se llevan gastados unos 17 millones de pesos.