El actual concejal Juan Pedro Tunessi era en agosto de 2000 diputado provincial. Es el autor de la ley 12.530, conocida como Ley Tunessi en cuanto las leyes portan el nombre del autor del proyecto. En diálogo con EcoDias brindó los pormenores de su sanción y la actualidad de una norma que destaca el rol del municipio como órgano de control.

¿En que contexto surge la Ley Tunessi?
La ley 12.530 era un proyecto que estaba durmiendo en la Legislatura y fue fruto de aquel desgraciado accidente de 2000, de Indupa, que generó una gran movilización.

¿Y por qué “dormía” en la Legislatura?
Cuando en el año 1998 comenzó el proceso de inversión nosotros presentamos el proyecto. Se había decidido la instalación de un enorme polo tecnológico industrial, de mucha magnitud, una gran inversión, y no estaba previsto ningún sistema de auditoría ni ningún control ni monitoreo.
Sabíamos que la Provincia no podría controlar este proceso de manera seria y responsable: había que crear un organismo. Presentamos la ley que tenía como particularidades el monitoreo y control en tiempo real de cada una de las fuentes de emisión y fundamentalmente, y el cobro de una tasa ambiental. Esto, no para que contaminen sino para que las empresas paguen el costo del servicio de auditoría, es decir, todo lo que cuesta tener técnicos, especialistas, aparatología, mediciones y demás, se prorratee por un costo que es la tasa que tienen que pagar las empresas.

¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto?
La ley tiene tres presupuestos básicos. El primero de ellos es terminar con el conflicto jurisdiccional, esa eterna excusa jurisdiccional de que esto es de la Provincia y esto no…
Entonces romper con el conflicto jurisdiccional es el primer punto, es decir, la Provincia delega pero no renuncia a sus facultades, son poderes concurrentes. Se lo da a un ente que es municipal, que tiene poder de policía, pero la Provincia puede seguir ejerciendo ese mismo poder. De hecho, la idea es que trabajen coordinadamente ambas jurisdicciones.
La segunda cuestión es que se tiene que formar una elite, en el sentido positivo de la palabra. Para lograr primero un equipo de control muy bien formado y a la altura de lo que tienen que controlar. Hay que pagarles bien y capacitarlos, porque si no, son ingenieros, técnicos, especialistas, que se van al sector privado. Si no tenemos una buena elite de gente formada y capacitada, que entienda el proceso tecnológico que tiene que controlar y que pueda tener interlocución, diálogo con los empleados, ingenieros y técnicos del sector privado, no iba a funcionar nunca. Entonces la segunda premisa es que tendría que ser un ente bien entrenado, bien calificado, bien formado, con buenos recursos y con permanente capacitación.
Y la tercera cuestión, la tercera pata, es el control de la comunidad. Por eso, hay un Comité de Control y Monitoreo, que es el comité que con la representación de los vecinos, de las entidades no gubernamentales y las universidades, es el encargado de monitorear y de dictar las políticas, los programas, las ideas fuerza que se deban ejecutar y aplicar en el entorno.

¿Cómo fue el cumplimiento de la norma?
Fue razonablemente bueno durante los primeros años en la gestión de Linares.
La gestión Lopes describe claramente una parábola de decadencia porque él mismo no estaba de acuerdo con el sistema, lo calificó de una elite negativa, que eran privilegiados, que los principales problemas de contaminación no estaban en el polo industrial sino en la ciudad, que no eran necesarios tantos controles, etcétera… A partir de ahí cambió tres veces de titular del organismo, empezaron a faltar recursos, empezaron a faltar insumos básicos, empezaron a faltar elementos para los controles periódicos y aparatología.
Esto es una actividad que requiere de una continuidad en el tiempo, de llevar estadísticas, de medir, monitorear en gran medida el ambiente. Es tener parámetros y tener estadísticas, si uno no tiene estadísticas lo que hace es avizorar fenómenos circunstanciales. Entonces, tener cromatógrafos, hacer controles, avanzar en los controles de efluentes líquidos, la calidad del agua de la ría, la calidad del entorno, ir consolidando el proceso. Acá se hizo exactamente todo lo contrario: se lo desarticuló, se lo desarmó, no tiene caja chica, no tiene recursos, el personal está en una situación de incertidumbre…

¿Y cómo se avanza ahora?
Nosotros estamos proponiendo la creación de un ente descentralizado municipal, que obviamente subsuma la idea de todo el proyecto de la ley para que ese ente descentralizado tenga cierta autarquía financiera, pueda manejar la tasa, su propio recurso, pueda complementarse adecuadamente con el Apell y pueda tener una activa participación de los vecinos. Creo que no es un problema de costos.
El actual CCyM me parece que es un orgullo, es un sistema inédito de control y de monitoreo que tiene Bahía Blanca, que puede ser un valor distintivo para toda la Provincia y para todo el país. Y acá se estuvo pensando en desarmarlo, en desarticularlo, me parece que es una cosa increíble, ¿no?

¿Está de acuerdo con el aumento en la tasa ambiental?
Estoy de acuerdo en la medida en que las tasas tengan el correlato de un proyecto. Es decir, que esto sea para sufragar un objetivo claro de restitución y restablecimiento del sistema y sepamos adónde apuntamos, qué es lo que queremos hacer y para qué necesitamos los dineros, sino el aumento por sí mismo no me dice nada, no me indica nada, porque las empresas pueden poner plata pero no tener interés en que se hagan los controles.
Yo creo que la plata tiene que estar para financiar un modelo, un proyecto de gestión que hay que relanzarlo. A mí me parece que la Ley 12.530 hay que relanzarla con toda la fuerza, con toda la voluntad porque me parece que es una cosa muy importante. No sólo para la calidad de vida de las personas sino para garantizar un desarrollo industrial sustentable en la ciudad.