El
sector de la comunicación privada no lucrativa aplaude el fallo de la Corte Suprema para
avanzar en la aplicación de la Ley
de Medios, aprobada hace más de 30 meses y trabada por una medida que había
reclamado el Grupo Clarín. Hay decenas de empresas solidarias que presentaron
proyectos para adquirir licencias y dar servicios audiovisuales en todo el
país.
 “Partimos de cero completamente y nos
costó porque teníamos la prensa y la opinión pública en contra. A nuestra
competencia no le gusta que entremos al mercado”, expresó días atrás el
presidente de la Usina
Popular Cooperativa de Necochea, Martín Migueles, que competirá
de forma directa con Cablevisión, tras conseguir la autorización de la Afsca.
 Es una de las empresas privadas sin fines de lucro que no solamente le
dará voz al sector de la economía social y solidaria sino que buscará dar en su
comunidad un servicio a mejor calidad y menor precio que las monopólicas.

Ya recibieron licencias para dar televisión por cable una docena de
prestatarias cooperativas de otros lugares del país, como La Pampa y Santa Fe. No
obstante, quedan aún cerca de cien a la espera de la licencia que las ponga en
pie de igualdad con las lucrativas, tal como establece el espíritu y la letra
de la ley aprobada el 10 de octubre de 2009.
Las cooperativas presentaron también proyectos en el marco de la Televisión Digital
Abierta y muchas señales de baja potencia están expectantes de cara a la
distribución del espectro que promete allanarse a partir del fallo del máximo
tribunal.

El fallo
Aunque la Corte
rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar formulado por el
Estado Nacional, señaló que este tipo de resoluciones provisorias “no pueden
sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica”.
Además de liberar el camino para la puesta en práctica de la norma al
considerar que las cautelares no pueden sustituir la solución de fondo, el
máximo tribunal precisó que el 7 de diciembre de 2012 vence definitivamente la
suspensión del artículo 161; que impone un plazo para adecuarse a la
desmonopolización.

Fuente: Cooperar