La tasa ambiental
La intención inicial de esta tasa no consideró inicialmente cobrarles a
las empresas para que éstas puedan contaminar. Se proponía contar con una
herramienta para poder controlarlas debidamente.
Después del escape del 20 de agosto de 2000 quedaba claro que se
comenzaba a necesitar de controles especiales en Bahía Blanca sobre el polo
petroquímico y sus distintas empresas; y se vio como necesario costear este
servicio con dinero que no proviniera de los recursos ordinarios que tenía
en su momento el municipio. Es allí donde surge la idea de crear esta tasa
ambiental, específicamente dirigida a todo ese sector, para que las propias
empresas que desarrollaran una actividad con un determinado factor de
riesgo, fueran las que solventaran las inspecciones que se les iban a
hacer.
La tasa ambiental se paga por un servicio directo que se recibe, hay
una contraprestación directa. La tasa es el recorrido de un camino que
termina con la decisión política de llevar adelante ciertos controles sobre
las empresas y que estos controles sean pagados a través de un impuesto
municipal, como es una tasa, por las propias empresas que van a recibir ese
servicio de inspección. Así lo determina la Ley 12.530, en su Art. 13.
La llamada Ley Tunessi estableció la posibilidad de que los mismos
municipios desarrollen actividades de contralor de este tipo de empresas.
Antes, por imperio de la ley provincial, el municipio -que es el principal
receptor de riesgo contaminante- no tenía facultades legales para controlar
esas empresas, que sí tenía la Provincia. Pero los reclamos de los vecinos
se canalizan hacia el sector del Estado que tiene más cerca: el municipio.
Es una tasa que año a año debe fijar cuál es el monto total que se va a
recaudar en función de los costos de las tareas que ese año se van a
desarrollar, y eso es lo que se les va a cobrar a las empresas. Es una tasa
variable en función de los costos de contraprestación del servicio que se
va a dar. La fórmula es una fórmula compleja porque no sólo tiene en vista
los costos sino que también tiene en vista el grado de complejidad o riesgo
de cada una de las empresas, ya que a mayor riesgo más pagan.
Ahora, año a año debiera haberse establecido el monto a cobrar,
cobrarse y prorratearlo en virtud de esa fórmula entre las empresas
alcanzadas por este control y cobrarse. Al respecto no se sabe qué ocurrió
durante la gestión del ing. Ortega al mando de la Subsecretaría de Gestión
Ambiental.