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La protección al consumidor y las consecuencias de la política de la

La protección al consumidor y las consecuencias de la política de la
dependencia
Las tarifas de la luz

Por Eduardo Giorlandini

Quiero expresarme al respecto con un cuento-historia; una realidad
argentina, a pesar de la pequeña dosis de ficción, muy pequeña, incorporada
a mi relato.
Hubo tiempo en que las empresas del estado se privatizaron, incluso algunas
que daban ganancias. Las condiciones de adjudicación de esas empresas
fueron muy malas para el pueblo argentino. Fueron actos de entrega de
nuestro patrimonio y de nuestra soberanía.
Las normas legales correspondientes, leyes, generaron otras normas, como
decretos y resoluciones gubernamentales, y contratos, que, ocultamente,
establecieron condiciones que les impiden a los usuarios ejercer sus
derechos, usuarios incorporados a un sistema esclavista, como también
trabajadores y otros habitantes del territorio argentino.
Esas normativas le dejan a las empresas adjudicatarias todos los medios y
mecanismos para el abuso, para el comportamiento inconstitucional y para el
robo. En casos se han convertido en punguistas que meten los dedos en los
bolsillos de los habitantes, apropiándose indebidamente de parte del
patrimonio ajeno.
De hecho, los agraviados no tienen posibilidades de rectificar el daño,
porque la burocracia gubernamental y empresaria privada no lo permite; al
contrario, dificulta toda posibilidad de que un reclamo sea considerado con
equidad y con razonabilidad.
Mientras tanto, el gobierno ha creado normas de protección al consumidor,
ha creado también organismos para proteger al consumidor, que conllevan
impedimentos para que los derechos puedan ser ejercidos con las
consiguientes decisiones justas y rectificatorias, cuando se elevan las
facturas, se hacen o utilizan mediciones inciertas y se fijan pagos
adicionales por consumo excesivo.
Porque, en realidad, en el submundo que no está al alcance del pueblo
existen connivencias entre el poder político y el poder económico; una
connivencia que crea dependencias muy fuertes y beneficios mutuos, porque
las empresas financian candidaturas y ayudan de muchas maneras a los
políticos, y éstos, llegados al gobierno, ayudan a las empresas de un modo
oculto que en ocasiones suena a conspiración.
A veces se ha creado una pantalla, para que el funcionario público le diga
a la gente que defienden a los consumidores, con normas u organismos. Pero,
¿qué pasa en la realidad? Veamos el caso de Giuseppe -El zapatero remendón-
jubilado como autónomo, como ejemplo que representa el caso de mucha otras
personas.
Giuseppe es propietario de una vivienda, y en el último año ha pagado
sucesivamente entre $ 40 y $ 80 por bimestre, pero en el último período se
triplicó el valor de la tarifa de energía eléctrica, incluyendo aumento de
precio y también con una medición que indica consumo excesivo; se le agregó
otro importe más: el PUREE.
Entonces, don Giuseppe concurrió al organismo de protección al consumidor,
pero las explicaciones y trámites, y papelerío, complejos para él lo
obligaron a concurrir al estudio de un abogado, quien lo acompañó al
organismo para ocuparse del trámite, lo cual significó un pequeño gasto por
honorarios. Así comenzó la protección al consumidor.
Se le indicó que debía pagarse la boleta de la empresa; firmar una nota de
protesta, de pago bajo protesto, hacer fotocopias de la factura y de la
nota impresa de la organismo, y concurrir a la empresa con los originales y
las copias para que se les sellen las mismas para constancia. Sello
solamente, porque el empleado se niega a firmar y aclarar su firma. O se
conforma así o mande una carta documento.
También hay que reclamar por nota o libro de quejas por el aumento de la
tarifa, y lo mismo por consumo excesivo, en cuyo caso debe contar con un
informe de electricista diplomado, que cobra $ 300 para ello y para
gestionar la revisión de medidor. El organismo de defensa del consumidor,
en el caso de Giuseppe, debe promover dos procesos judiciales. Se corre el
riesgo – si no se hace a lugar- de que Giuseppe deba pagar las costas y
honorarios de abogados; además, debe seguir pagando las facturas que vengan
durante todo el tiempo que duren los procesos judiciales, uno, dos o cinco
años si es que llegan al Juzgado Federal, la Cámara y la Corte Suprema.
Giuseppe desistió de ser protegido así, pero volvió a su trabajo de
zapatero remedón. Como en el tango: “E tique, taque, tuque, / se pasa todo
el día / Giuseppe zapatero… / ha vuelto don Giuseppe, / otra vez todo el
día / trabaja sin parar”.

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2011-10-25 10:11:13
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