El jueves 7 de junio de 2018 pasará a la historia económica como el día en que
se anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -no firmado a esa
fecha porque aún requería del acuerdo del Directorio del mismo- de 50 mil
millones de dólares, con 3 años de gracia para su devolución y para ser
utilizado como reaseguro para el pago de la deuda externa ya contraída. Para el
gobierno fue una buena noticia, porque “calmaba” a los mercados, pero para la
mayoría de los argentinos será recordado como el día en que se anunciaba un
brutal cambio en sus condiciones de vida.
El oficialismo comenzó con la cantinela de que no había otro camino (claro,
para la concepción neoliberal de la economía, no hay otro que asegurar las
condiciones de vida de las clases más acomodadas), que no se puede vivir
gastando más de lo que se tiene, queriendo convencernos de que hay que
disminuir el gasto público, que era lo se quería hacer gradualmente, y que
ahora se sigue el mismo camino pero más aceleradamente, mostrando como decisión
propia aquello que nos imponen desde afuera.
Que no nos confundan: llegamos a un prestamista de última instancia como es el
Fondo Monetario Internacional no porque ahora estamos insertos en el mundo y
ahora nos quieren ayudar, sino porque la política económica de este gobierno
nos llevó ahí por distintas medidas:
Desarmaron los controles en la compra de moneda extranjera;
Eliminaron los tiempos mínimos de permanencia de los capitales especulativos;
Permitieron que los exportadores no tengan que vender los dólares de sus ventas
en el corto plazo sino cuando quisieran;
Abrieron las importaciones para que los “adinerados” pudieran comprar los
productos de su canasta familiar afuera, como vehículos de alta gama o
electrónica inteligente;
Eliminaron retenciones a quienes poseen altos ingresos por exportaciones, tanto
a los comercializadores de granos, a los de carne, a la minería y a quienes
tienen una posición concentrada en la industria;
Mantuvieron el dólar barato mediante el endeudamiento público externo;
Llevaron la deuda externa en dólares a niveles superiores al 75% del producto
bruto interno (de cada 100 pesos que producimos en bienes y servicios anualmente
en el país debemos 75, lo que se aproxima a un estado de insolvencia creciente);
Favorecieron la fuga de capitales al permitir que:
Las empresas extranjeras pudieran remitir dividendos al exterior (cuando antes
tenían que capitalizar, o sea, invertirlas en la propia empresa);
El turismo al exterior creciera en forma sideral, demandando esos “dólares
baratos”;
Los intereses de la deuda externa superaran al monto en dólares que se pagaban
en concepto de subsidios a los servicios públicos a principios de la gestión
Cambiemos;
Toda esta fiesta de financiamiento externo benefició a los sectores altos de la
sociedad, en los que se alistan varios ministros de este gobierno que son
millonarios y tienen su patrimonio fuera del país en paraísos off shore, y
ahora, cuando ya no se cuenta con los dólares suficientes para que ese sector
siga de fiesta, se pide un sacrificio a los sectores que no vivieron de prestado
en este tiempo y que representan a la mayoría de los asalariados que gastan la
totalidad de sus ingresos en el mercado interno básicamente en alimentos,
servicios públicos, transporte, vivienda y otros bienes que tienen bajo
contenido importado.
Y como sobre llovido mojado, el ajuste que se viene sobre el Estado y sus
trabajadores en su conjunto, la obra pública, los ya “achicados” subsidios a
las tarifas públicas, el sistema previsional y la política social, educativa y
de salud, entre los que se conocen, está acompañado de un condicionamiento del
FMI de flotación del dólar, que hará que la divisa aumente y se traslade a
precios un porcentaje del mismo, por lo que la inflación seguirá creciendo, el
poder adquisitivo del salario bajará -sumado las paritas a la baja-, la
recesión económica está a la vuelta de la esquina y el aumento del desempleo y
la pobreza será una realidad acuciante. En este contexto, las metas de
inflación fijadas por el FMI para el año 2019 del 17%, sólo se entiende con una
aún más escalofriante recesión de la economía porque hasta los controles de
precios están desactivados y las tarifas de los servicios públicos, de los
combustibles y de los alimentos de primera necesidad se encuentran dolarizados.
Combo perfecto que deberá ser comprendido por la mayor parte de los argentinos
de a pie, presentándose un gran desafío no sólo para la oposición, sino también
para los militantes y la población en general, entre la que cumplen un rol
importante los docentes, quienes tendrán que explicar una y otra vez a sus
alumnos, los padres y la comunidad educativa en su conjunto, qué es lo que pasa
y qué es lo que puede pasar, porque los medios de comunicación en general
presentarán un panorama de ilusión económica alejado de la realidad porque
necesitan mantener el estado de cosas. Aunque la historia les ha demostrado que
al final la realidad será inocultable, cuando las manifestaciones sociales se
repitan peleando en las calles aquellas reivindicaciones que el gobierno les
niega y cercena con las políticas que ejecuta.

11 de junio de 2018