La peatonal sí pero no
Unánime rechazo al expediente

En la sesión del Concejo Deliberante del jueves 5 de julio se rechazó el
expediente enviado días antes por el Departamento Ejecutivo referido a la
peatonalización de calle Drago, entre O’Higgins y Colón. El voto negativo
fue unánime y sin debate alguno, es decir, con un llamativo silencio del
oficialismo que sí se entusiasmo, por el contrario, con una vaga y extensa
discusión acerca de qué gestión nacional fue o es responsable de la crisis
energética.
Volviendo al tema que debería despertar un concienzudo análisis de los
ediles bahienses, por involucrar entre otros aspectos el equilibrio y
transparencia de las finanzas comunales y sin restar importancia a la
cuestión energética, lo que aprobó el deliberativo fue un proyecto de
resolución devolviendo al municipio el expediente de la peatonal “a los
efectos que estime corresponder, haciendo expresa salvedad que ello no
implica aprobación por parte de este Concejo, que se reserva las facultades
(…) en cuanto al control posterior de la legalidad del gasto municipal”.
En los fundamentos se destaca que la obra ya fue adjudicada a la empresa
Obras Abedul S.R.L. por un monto de casi un millón de pesos y que
previamente ese dinero fue imputado a una partida del presupuesto de gastos
vigente sin que esta fuera creada para la obra en cuestión, sino “que se
trata de una partida genérica: ‘Obras Proyectos y Obras’”.
Por esto, los ediles entienden, basándose en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, que “previo al llamado de licitación debió ser enviada al
HCD para su aprobación”.
Además, destacan que la partida mencionada se encuentra claramente
“excedida” por lo cual no hubiese podido ser aprobada por el Concejo y por
último resaltan la falta de información en cuanto al financiamiento de la
obra por parte de los frentistas y el municipio y “las irregularidades
notorias en el contenido del expediente y en su trámite (que) hacen dudar
sobre la eficacia legal posterior en el recupero de parte de los frentistas
del costo de la obra”.
De esta manera, se rechaza la documentación que el Ejecutivo consideró
“oportuno” enviarle a los concejales quedando la responsabilidad de la
ejecución a las autoridades comunales y la evaluación posterior de los
gastos en el legislativo.