La democracia y la participación
Ricardo Vicente López
Los últimos doscientos años de historia de las ideas políticas nos han
acostumbrado a pensar al ciudadano como un sujeto de derechos, y se ha
olvidado que es también, necesariamente un sujeto con obligaciones. Debemos
señalar que la historia del sujeto de derechos nace en el liberalismo como
una reacción contra la monarquía absoluta, por sus arbitrariedades. Esta
defensa del ciudadano frente al avance del estado dio lugar a grandes
debates que fueron sentando doctrina, cuyo resultado fue el enunciado de
los derechos constitucionales. Cumplida esa primera etapa, en la cual el
estado se fue reduciendo en sus funciones cediéndole el terreno al mercado,
hubo necesidad de salir al cruce de la desprotección en que quedaba el
ciudadano librado a la suerte de las leyes de ese mercado. Las
prescripciones constitucionales y la ley de la oferta y la demanda se
mueven en distintos planos.
La crisis de la década del treinta, mostró más crudamente que el
problema a enfrentar no era ya la de un Estado avasallante, sino las
fluctuaciones económicas. En ese entonces la ceguera del mercado había
precipitado la economía por un tobogán. La solución se encontró por la vía
de un estado protector que garantizara ciertas reglas y servicios básicos.
A partir de allí una corriente de ideas, que fue ganando mucho apoyo, se
centró en la necesidad de la existencia de ese estado como condición de la
democracia moderna. Aquel ciudadano desprotegido que creyó encontrar en la
defensa de sus derechos la garantía de una vida estable, experimentó
después que no bastaban los derechos cuando el mercado los borraba en la
práctica. Siente, entonces, que el estado será la barrera contra los
abusos.
Esto creó la conciencia de esperar que el Estado lo resuelva todo. Al
mismo tiempo produjo un desentenderse de los mecanismos en que se debatían
la relación entre estado y mercado. También posibilitó la aparición del
político como profesional especializado depositario de esas funciones. La
tarea política, base de la existencia de la ciudadanía como tal, se fue
alejando del ámbito del ciudadano para quedar encerrada en los partidos
políticos y en la participación de éstos en las funciones de gobierno. La
democracia representativa fue deviniendo sólo democracia electiva. El
ciudadano como sujeto político se recluyó en su función de elector,
renunció a ser el custodio de la política para garantía del respeto
ciudadano.
El último paso de esta historia se da en los ochenta, cuando una
corriente de ideas, el neoliberalismo (que tenía de «neo» el abandonar las
viejas banderas liberales en pos de un servilismo económico), comienza un
ataque contra el Estado protector. Se desmorona la barrera de contención de
los derechos del ciudadano y el mercado se convierte en el tribunal
superior, sin posibilidad de apelaciones. Se vuelve dos siglos para atrás,
con el agravante de que la política ha caído en el descrédito ante el
ciudadano, en parte por el olvido de los políticos de su función
representativa. Aparece, entonces, la necesidad de cubrir ese enorme
espacio vacío con formas de organización de los ciudadanos, que habiendo
experimentado los fracasos anteriores, decidan tomar, paulatinamente, en
sus propias manos el poder de decisión sobre los destinos comunes.