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La cola del Laucha

La cola del Laucha
Requerimientos

Los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño presentaron ante el juez federal,
Ramón Dardanelli Alsina, dos requerimientos de instrucción para que se
impute al empresario petrolero, Héctor Basilio Lapeyrade, por el delito de
encubrimiento de su ahijado Julián Laucha Corres, prófugo de la justicia
durante trece meses y actual procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17
homicidios y 7 desapariciones forzadas en la causa 05/07 del Juzgado
Federal Nº 1 que investiga el genocidio en la ciudad.

También se exige que se investigue por malversación y peculado al general
de Brigada Oscar Roberto Gómez y al coronel Roque Jorge Cocco, removidos de
sus cargos de comandante y secretario general del V Cuerpo respectivamente,
por asistir a los represores procesados por delitos de lesa humanidad
alojados en la sede de la Policía Federal.

El último petrolero argentino
Héctor Basilio Mauricio Lapeyrade, nació en Trenque Lauquen en 1929 y se
reconoció en su declaración testimonial -al ser citado por la segunda huída
del Laucha Corres- como el “único petrolero argentino que queda”.
El padrino de confirmación del torturador de La Escuelita, es propietario
de las firmas de explotación petrolera Chañares Herrados, Petrolera El
Trébol y Angarteche y viñedos, tierras y propiedades en Mendoza, Viedma,
Caleta Olivia, Mercedes y Capital Federal.
Conoce a los Corres desde la década del ’60, cuando el padre Héctor era
ministro plenipotenciario del gobernador Favergioti y de allí su vínculo
con su descendencia. Del Laucha dijo que “es un muchachito que siempre
cuartié porque aun estando en actividad no le alcanzaba el sueldo y cuando
le dieron el pase a retiro le dije que viniera a trabajar a la empresa y,
como no le pagaba sueldo, le daba una factura todos los meses” de 4500
pesos por su labor “en la oficina con los ingenieros”.
Además, asistía a la esposa del represor con un sueldo de cinco mil pesos y
nombró al primo “Oscarcito” como apoderado de Chañares Herrados. Este
último fue rechazado el año pasado por el gobernador Mario Das Neves cuando
se lo postuló para ser juez en Comodoro Rivadavia, se jubiló como Director
de Migraciones en la ciudad del sur y, antes, fue procesado por el
asesinato de la estudiante Silvia Filler cuando integraba la Concertación
Nacional Universitaria de Mar del Plata a principios de los ’70, hecho por
el cual fue amnistiado por el gobierno de Cámpora.
Ahora, los fiscales pretenden imputar al millonario por ayudar a Julián
Corres a burlar la justicia entre el 27 de febrero de 2007, en que se
ordenó su captura, hasta su efectiva detención el 3 de abril de 2008. Esto
con el agravante de ser perseguido penalmente por delitos de lesa
humanidad.
“Lapeyrade lo favoreció personalmente prestándole la ayuda material
necesaria para sustraerse a la acción de la justicia. Ello lo concretó
mediante el apoyo económico que prácticamente consistió en el único ingreso
con el que Corres contaba y que le suministraba ‘como hombre de confianza’
de su empresa, en tanto no tenía función laboral específica”, destacaron
Cañón y Castaño en su requisitoria.
Otros detalles por parte del empresario que impidieron la rápida
identificación del prófugo, fueron la falta de registro legal como empleado
que permitió a Corres cobrar haberes sin ser administrativamente
identificable, facilitarle el uso cotidiano de pases para la “Autopista del
Sol” a nombre de la empresa Chañares Herrados y celulares registrados a
nombre de la misma.
De esta manera, según el Ministerio Público, lo facultó “a desplazarse y
comunicarse sin dificultad durante un tiempo prolongado, dentro del
anonimato necesario para no ser hallado”. Una vez detenido por Interpol, el
padrino no se olvidó del genocida y continuó asistiéndolo mediante enviados
que acercaban “vituallas” y dinero hasta su fuga de la sede policial de
calle Rondeau.
Recordamos que en ese momento, tras varios días de seguimiento e
inteligencia, la Fiscalía solicitó citar a Lapeyrade por su posible
relación con la fuga pero el juez Álvarez Canale -criticado por sus
vínculos con el empresario- retornó imprevistamente de sus vacaciones para
citarlo como “un testigo más” en la causa nº 42/08, caratulada: “CORRES,
Julián Oscar s/ investigación de su evasión”.

Asistencia a represores
En el segundo pedido presentado a Dardanelli Alsina, requieren citar a
prestar declaración indagatoria por los delitos de malversación y peculado
al general de Brigada Oscar Roberto Gómez, comandante saliente del V Cuerpo
de Ejército y al ex secretario general del organismo militar, coronel Roque
Jorge Cocco.
A Gómez le endilgan “haber dado a bienes del Ejército Argentino (camas,
frazadas, sábanas, mesa) que se hallaban a su cuidado una aplicación
diferente a la que estaban destinados, conforme a su voluntad y fuera de
las previsiones dispuestas por la ley”.
Haciendo uso de sus facultades como jefe del V Cuerpo, desplazó este
mobiliario del Ejército a la Delegación local de la Policía Federal para
ser usufructuado, ni más ni menos que por genocidas.
Asimismo, el militar desplazado por la ministra de Defensa Nilda Garré,
“desafectó al coronel Roque Jorge Cocco de las tareas propias por las que
le retribuía la administración pública, en beneficio de terceros. Dispuso
que Cocco realizara tareas, servicios y asistencia a favor de detenidos por
delitos de lesa humanidad que se hallaban alojados en otra fuerza de
seguridad, en la que Gómez carecía de total injerencia”.
Cocco, por su parte, deberá declarar por “haber efectuado tareas, servicios
y asistencia a favor de los detenidos por delitos de lesa humanidad”
alojados en sede de la Policía Federal “desviando sus tareas funcionales
asignadas por las que efectivamente le retribuía económicamente el Estado”.
“Tal conducta se materializó en asistencia material y visitas de control
asiduas para satisfacer necesidades de los presos, situación que fue
prolongada en el tiempo. Todo ello con conocimiento que tal actividad no le
era inherente a su función como personal del Ejército Argentino”, agregan
Cañón y Castaño.
Casi todos lo miembros de la Delegación que prestaron declaración, lo
conocían y manifestaron que concurría en diferentes horarios, con o sin
uniforme, y que dio al personal policial teléfonos que pertenecen al
Ejército como referencia ante una emergencia. Uno de los testigos lo
calificó claramente como “una especie de parte protocolar y relación”.

Hasta la fuga del Laucha
Desde la llegada del fallecido interrogador de La Escuelita, Santiago “Tío”
Cruciani, el 10 de julio de 2006, fueron 14 los procesados por delitos de
lesa humanidad detenidos alternadamente en Rondeau 149 hasta el 8 de agosto
pasado cuando, por orden del Ministerio de Justicia, se produjo el traslado
de Leonardo Núñez hacia la Unidad Penal Nº 4. Ese es ahora el paso previo
de los represores hasta su arribó a las “cárceles comunes” de Campo de
Mayo, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas y el Complejo Penitenciario
Federal de Marcos Paz.
La prueba aportada por la Fiscalía deja ver que “Gómez tenía jerarquía y
competencia para disponer de tales servicios y trabajos lo que permite
encuadrar su conducta en la figura de peculado” y coloca a Cocco “como
partícipe del hecho principal, pues fue quien prestó el trabajo o servicio
indebido, a sabiendas -atento el rango que ostentaba- de la desviación
funcional que cometía”.

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2011-10-25 10:11:13
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