En el marco de la causa 05/07 donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército, el titular del Juzgado Federal N° 1, Alcindo Álvarez Canale -al igual que la Cámara Federal de Apelaciones- rechazó reiteradamente el pedido de la querella de indagar por “asociación ilícita” a los represores imputados.  

La dra. Mirta Mántaras, representante de los familiares de las víctimas de la represión militar y la Asamblea Permanente por lo Derechos Humanos, explicó en diálogo con EcoDias los alcances de esta figura prevista en el artículo III de la Convención sobre Prevención y Sanción del delito de Genocidio: “La estructura de las FF.AA. fue utilizada para poner en funcionamiento la ejecución del plan criminal. Esto es objetivamente así, no cabe dudas. No todos participaron pero sí aquellos que constituyeron los grupos de tareas, la cadena orgánica de comando. Previamente tenemos que separar el Cuerpo de Ejército, cuerpo orgánico de la estructura militar, y la Zona de Seguridad, es decir, cómo este V Cuerpo actúa en la represión”, dijo a EcoDias la querellante.
Más allá de esta división, la represión implicó a los mismos agentes: Azpitarte como comandante del V Cuerpo y jefe de la zona de seguridad, y Vilas y Catuzzi como comandantes de la Subzona 5.1 y como segundo comandante y jefe del Estado Mayor.
Mántaras recordó que el único batallón bahiense -181 de Comunicaciones- “es operativo y como tal tenía tres compañías de lucha contra la subversión: la A y la B como está indicado en el diagrama, y la de Comando y Servicios. El jefe de área natural es el jefe del Batallón, aquel que tiene hombres para operar”.
Las FF.AA. tenían dentro de sí “la estructura paralela”, no desde 1976 sino desde la presidencia de Lanusse en 1972. “El Plan de Capacidades de ese año establece las cinco zonas de seguridad en la Argentina. Ese diagrama está copiado de la doctrina francesa, la teoría de la tortura, de la agresión al propio pueblo y al pueblo invadido”.
Los militares que ocupaban la cadena orgánica de comando “fueron seleccionados y traídos de otro lugar del país” plenamente conscientes de la tarea a realizar -figura en sus legajos personales- y consustanciados con la causa. Por ejemplo, “Azpitarte era un personaje del riñón del poder de la Junta Militar, tenían negocios en común, fue puesto ahí antes del golpe militar para que lo viabilizara; y Vilas venía del Operativo Independencia en Tucumán”.
“Una persona que integra el equipo contra la subversión sabe a qué viene y sabe, porque es una persona con instrucción universitaria, que viene a cometer ilícitos relacionados con la represión a los connacionales. Sabe por eso que está violando las normas elementales de la formación militar y que si actúa clandestinamente, está actuando en contra de la ley penal y de la Constitución Nacional”, manifestó Mántaras.

Categoría jurídica
Para la letrada no hay dudas que sobre el funcionamiento de la represión y la ejecución del plan criminal. Por ello, solicita se indague a los represores detenidos bajo la figura de la “asociación ilícita”.
“Pero también es cierto que los jefes son autores mediatos, esto quiere decir que no son los que les ponen la mano encima a la víctima, dan la orden. Pueden ser de abajo, en el estamento inmediato a la ejecución estaba, por ejemplo, Jorge Aníbal Masson”, sostuvo.
En ese caso, existían cuatro grupos de soldados a cargo de suboficiales como Masson y a la vez un suboficial ayudante que era el jefe de esa sección. Por ende, Masson es el último eslabón de los autores mediatos.
La querella se basa en una teoría jurídica que “dice que no importa el lugar en que esté ubicado, lo importante es que accione la palanca para que se ejecute la orden venida de la Junta. Esa orden viene a Azpitarte -él declaró que la recibía y la transmitía- a Vilas, éste se la transmitía la jefe del Batallón, que es el operativo, y de allí a los tres grupos de lucha contra la subversión que tiene cada uno cuatro secciones”.
Estos grupos ejecutan los procedimientos represivos con roles específicos para cada integrante: cerrar las calles, hacer guardias, controlar el objetivo, “todos esos trámites son el típico funcionamiento de la asociación ilícita, lo que en el lenguaje común conocemos como ‘banda’”.

Fundamentos del juez
Álvarez Canale, según informó la abogada, “no toma esta figura porque dice que las FF. AA. no pueden ser ilícitas, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, porque la naturaleza de las FF.AA. es jurídica, son las leyes que le dan la creación, el fundamento a toda su estructura basándose en la Constitución Nacional”.
La diferencia planteada por los querellantes es que “esta estructura legal fue copada por un grupo compuesto por Videla, Massera, Agosti, los demás jefes de cuerpos de Ejército, el Estado Mayor General del Ejército, que tenía una alianza cívico-militar para quedarse con los frutos del patrimonio nacional, bajar los sueldos de los trabajadores, lograr que Argentina tenga otro modelo que beneficie a algunos pocos”.
“Pero para eso necesitaban domesticar a la sociedad creándole terror y a aquellos que eran dirigentes gremiales, políticos o estudiantiles, hacerles una redada para eliminarlos. Por eso sacan reglamentos que dicen que hay que eliminar a los agitadores, son ilegales aunque hayan sido hechos por el gobierno democrático porque no pasaron por el Congreso y tienen contenido ilegal: es una orden de matar a los civiles, es la ley de la selva, tienen un poder judicial para juzgar”, agregó Mántaras.
La Cámara, en tanto, acuerda con el aparato estatal de terror, la estructura que garantiza la ejecución del plan criminal, pero no con la figura de la asociación ilícita voluntaria. Dijo la abogada que “la voluntad se presume por la conducta, la asociación ilícita se investiga desde el final hasta el principio de los hechos. (…) Desde luego que son delitos indeterminados, no sabía si iban a torturar a Juan, Pedro o José, pero sabían que iban a torturar a todo aquel agitador que era innominado pero después ellos le pusieron nombre”.