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La audiencia en Mar del Plata fue más privada que pública
El tarifazo eléctrico amenaza el tejido social y productivo de la provincia de Buenos Aires con consecuencias dolorosas a la vista. El gobierno, lejos de tomar nota de las señales de la sociedad, fortalece su alianza con las empresas e incurre en todo tipo de maniobras para defender sus intereses.

El tarifazo eléctrico amenaza el tejido
social y productivo de la provincia de Buenos Aires con consecuencias dolorosas
a la vista. El gobierno, lejos de tomar nota de las señales de la sociedad,
fortalece su alianza con las empresas e incurre en todo tipo de maniobras para
defender sus intereses.

El jueves 28 de julio se realizó en el estadio José María Minilla de Mar del
Plata, la audiencia pública que exige la ley como condición necesaria para
cualquier revisión tarifaria. Ocurre que para la ley la audiencia debe ser
previa y no posterior. El espíritu de las audiencias es que todos los usuarios
y consumidores, organizados o no, puedan exponer, escuchar, participar. Para
ello la convocatoria debe hacerse con la anticipación suficiente y, atendiendo
a la extensión geográfica de nuestra provincia, no puede hacerse en un solo
punto, sino que debería realizarse, al menos, una por región.
Como nada de esto se tuvo en cuenta, quedaron claramente expuestos los
intereses del gobierno: sacarse de encima una formalidad, para efectivizar el
aumento de una vez. Tres datos lo confirman. Uno, una sala semivacía, separada
por cuatro (¡cuatro!) vallados policiales de una multitud de ciudadanos que
fueron hasta allí con la intención de ejercer su derecho. Dos, las empresas no
presentaron absolutamente nada, ni planes de inversión, estructuras de costos
ni documentos técnicos que expliquen cómo ni por qué se establecieron esos
porcentajes. Tres, la llamativa decisión de la Cámara, casi en simultáneo con
el final de la audiencia, revocando el fallo del juez Arias y allanando el
camino al tarifazo.
Por todo lo expuesto, en defensa de los bonaerenses, nos vemos obligados a
reclamar a la justicia la nulidad de esta audiencia, que fue más privada que
pública, irregularidades que no son menores y encubren la gravedad de los
problemas de fondo.
Durante los doce años comprendidos entre 2003 y 2015, la política de subsidios
a los servicios públicos fue una forma de salario indirecto para la gente y a
favor del mercado interno. Esa política pública alentó la generación y
crecimiento de Pymes y emprendimientos de la economía social que a su vez se
veían favorecidos por la rueda creciente del consumo. Si consideramos la crisis
financiera global que llegó en 2008 y nunca se fue del todo, aquella política
fue la opción viable. Una política pública de sostén de los puestos de trabajo
que la administración actual se empeña en presentar como “una mentira que te
hicieron creer”.
La política tarifaria fue una política pública global que, con aciertos y
errores, marcaba un rumbo y subordinaba una variable, la política energética,
al objetivo del crecimiento del mercado interno por la vía del salario y el
consumo.
En cambio, el tarifazo, así como está planteado, atiende exclusivamente a los
intereses de las empresas del sector energético sin contemplar su efecto en la economía
real que se traducirá en destrucción del tejido social y productivo del país.
Las consecuencias van quedando expuestas día a día. Los comercios cierran y los
locales quedan vacíos. ¿Quién va a abrir un comercio en estas condiciones?
Coinciden los datos de las cámaras inmobiliarias y los de las habilitaciones
municipales, que han bajado casi a cero. Esto impacta enseguida sobre las
recaudaciones municipales. En algunos distritos el golpe afecta ya al eslabón
siguiente: el pago de salarios.
La economía informal de los barrios populares, vinculada a las changas, la
construcción, el empleo doméstico y el pequeño comercio fue la primera en
acusar recibo porque estas medidas han tenido el efecto inmediato de “secar la
plaza”. Ahora la crisis amenaza con extenderse al eslabón siguiente: los
asalariados del sector público.
Aun así, a pesar de todas las señales y mensajes de la sociedad, el gobierno
persiste en el error y se empeña en darles a las empresas lo que desean, sin
medir lo que está obteniendo para sí: su propia 125, sólo que con el sentido de
la distribución invertido.

Nota: Marcelo Torres es diputado provincial (FpV), preside la Comisión de
Energía, y es firmante de la presentación judicial que obtuvo el fallo contra
el tarifazo. Fuente: www.trabajoyeconomia.com.ar.

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2016-08-08 00:00:00
Etiquetas: Nacionales.
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