Desde
la devaluación del año 2002 ha sido enorme la renta generada en el sector
agrario. Su crecimiento legitima preguntarse sobre quien se apropió y cómo fue y
es utilizada esa renta en un mundo en el que la demanda de alimentos continuará
aumentando.

La renta agraria puede ser volcada al desarrollo productivo, gastada en consumo
suntuario o bien fugada por las grandes corporaciones trasnacionales que operan
en el sector.
El producto agrario tiende a repartirse en mayores proporciones entre los
dueños de la tierra y las distintas fracciones del capital, el capital
productivo primario e industrial y el comercial-financiero, existiendo un
fuerte proceso de integración entre estos últimos.
En relación a la producción primaria, gran parte de la renta fue absorbida por
los propietarios de la tierra. Así, el margen bruto de producción en una
hectárea de soja en la zona núcleo, la más productiva del país, según datos de
la Revista especializada Márgenes Agropecuarios, paso de U$S 100 en el
2001-2002 a cerca de U$S 300 en el año 2002-2003, llegando a alcanzar un máximo
en el año 2007-2008 de U$S 600 por hectárea. Mientras que, según los valores de
la Compañía Argentina de Tierras, el arrendamiento de una hectárea para la
producción de soja paso de U$S 150 dólares en la campaña 2001-2002 a U$S 460 en
el período 2013-2014, valor que llega a representar entre un 70% y 80% del
margen de explotación de la actividad.
La introducción de la soja transgénica y el esquema de producción en base a
gran escala y tercerización de servicios, ha generado que a la gran mayoría de
los pequeños propietarios productores les sea más rentable arrendar que
producir, esquema que dio lugar a dos nuevos actores: por un lado los pequeños
rentistas y por el otro, los pools de siembra y grandes corporaciones
dedicados, ambos, a arrendar tierra, contratar servicios y producir a gran
escala. El caso paradigmático de ese esquema de producción es el grupo Grobocopatel,
el principal productor de soja del país que llegó a sembrar más de 130 mil
hectáreas, siendo las tierras propias menos del 20% del total explotado. Se
trata de un grupo económico cuya facturación para el año 2012 superó los $ 5120
millones.
Luego encontramos un sector altamente concentrado y extranjerizado que es el
comercial, integrado en gran parte con el sector industrial. Es en esta fase
donde el negocio es dominado por siete u ocho empresas (ver cuadro), que
concentran el 80% de las exportaciones y a su vez, participan de la actividad
industrial, logística (tienen puertos propios) y financiera. Esas firmas son
las extranjeras Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina
y de capital nacional, Aceitera General Deheza.
Si bien en los últimos años ha habido un proceso de desconcentración en la
exportación de granos, el poder de las líderes sigue siendo muy alto, tienen el
tamaño y la infraestructura suficiente para manejar divisas a través de las
decisiones de liquidación de exportaciones, realizar operaciones evasivas, o
fugar capitales a sus casas matrices. A fin del año pasado, cuando las
exportadoras se negaron a liquidar sus stocks presionando por una devaluación
del peso, quedó muy expuesto el poder que tienen lo que hizo que nuevamente
surgiera la idea de nacionalizar el comercio exterior, o bien que el Estado
participe en el negocio.
Las principales empresas que intervienen en la comercialización tienen un
capital valuado en 2012 en torno a los $ 7000 millones de pesos: para ese año,
el patrimonio de Cargill estaba valuado en $ 6900, el de Bunge Argentina en $
6126 y AGD $ 5200. La recuperación parcial de la soberanía comercial y de la
renta que se fuga, requeriría de inversiones que comienzan con esos valores.