Ante los constantes y numerosos hechos vinculados al mal accionar de la policía -EcoDias citó tres únicamente por cuestión de espacio-, desde algunos sectores se intentaron tomar cartas en el asunto.
Por ejemplo, la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante mantuvo una reunión con los representantes de la Jefatura Departamental, Héctor Abel Maggi y Gustavo Maldonado. Del encuentro participaron los ediles Patricia Piersigili, Alejandro Curino, Ana Civitella, Carlos Moreno Salas y el presidente del Concejo, Marcelo Ciccolla.
Piersigili dio detalles de la reunión a EcoDias: “En líneas generales pedimos que se tomen medidas, y se cesen con este tipo de situaciones represivas. Cuando fuimos a la reunión las medidas ya se habían tomado, hay que marcar la actitud de celeridad por parte de la jefatura a cargo de Maggi: ya estaban los policías cesanteados y con un sumario administrativo. De hecho hasta el momento están siendo investigados por Asuntos Internos con todo lo que corresponde, pericias psicológicas y demás”.
Según Piersigili, Maggi comentó sobre estudios psicológicos a todos los agentes policiales en actividad “para corroborar que están todos psicológicamente bien y evitar que se repitan estos hechos. Se les dio charlas a todos respecto a los códigos de ética y de las formas de instrumentar estos procedimientos, así que se reforzó en ese sentido, obviamente para que esto no vuelva a ocurrir”.
Para la edil, el encuentro fue “positivo” porque se aceptaron los pedidos, se reconoció la mala actuación y hubo repudio a los métodos represivos. En opinión de Piersigili, los hechos ocurridos no son corrientes: “Es una excepción. Venimos con una historia tal vez de la policía, los que tenemos algunos años sabemos que ha habido represión en la policía, pero también es cierto que desde el advenimiento de la democracia estas prácticas se han modificado. Esperemos que sean de excepción”.

Datos para conocer
La CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), creada en mayo de 1992, presenta cada año desde 1996 el Archivo de Casos de personas asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es un documento que releva todos los casos que se conocen en los que el aparato represivo mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades. En él se incluyen todas las modalidades represivas que utilizan las fuerza de seguridad y, a fines estadísticos, las clasifican en gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en los que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
Estos documentos son de consulta pública y permiten formar una opinión a quienes creen que desde el advenimiento de la democracia la prácticas se han modificado. Como dato puntual, en la decimocuarta actualización del Archivo de casos a fin de 2009, se registraban 2.826 casos de personas asesinadas por la fuerzas de seguridad del estado.

Voces de preocupación
EcoDias también consultó a otros organismos para hablar de los hechos que involucran a la policía y su mala actuación. Uno de ellos es la Defensoría Oficial a cargo del doctor Gabriel Jarque quien al referirse al tema señaló la existencia de una concatenación de hechos que se evidencian preocupantes: “Es así que uno de los hechos más notorios para nosotros fue la agresión de parte de personal de la Comisaría Quinta con motivo de un accidente de tránsito. Eso derivó en ulteriores medidas que, de acuerdo con lo difundido públicamente, fueron adoptadas por la Jefatura Departamental. Pero a poco que se comienza a efectuar un seguimiento de los últimos acontecimientos, puede advertirse que hubo no una, sino varias detenciones aparentemente equivocadas de personas que no tendrían relación con hechos investigados. Ello llevaría a pensar que se actúa con ligereza al momento de restringir o limitar la libertad de las personas”.
Jarque recordó además el caso de un integrante del Cuerpo Único de Inspectores Municipales, quien sufrió la exhibición de un arma de fuego por parte de un policía de civil. Todos los sucesos que se fueron conociendo podrían marcar una tendencia. “Estas formas de proceder tornan necesario que se den muestras institucionales inmediatas de la necesidad de adoptar medidas en relación a formas cuestionables de actuación policial. En ese sentido, desde la Defensoría hemos transmitido nuestra preocupación a los ámbitos pertinentes”.
Jarque señaló que desde la Jefatura fueron impartidas directivas a la plana policial “respecto de la técnica con que deben llevarse a cabo los procedimientos policiales, remarcando que el uso de la fuerza debe ser excepcional y que la actividad policial debe realizarse en el marco del Estado de Derecho y en el cumplimiento irrestricto de la ley”. En ese sentido, afirmó Jarque: “Tenemos la expectativa de que esos lineamientos se traduzcan en la práctica cotidiana”.