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Interviene la Fiscalía

La problemática de las antenas de telefonía celular y su posible riesgo de contaminación sigue en el tapete. Uno de los casos más conocidos -el de las ubicadas a metros del complejo Ayuda-Le y de la Sociedad de Fomento, en Villa Amaducci- ha obligado a los vecinos a presentar una demanda judicial en la que están trabajando integrantes de la red de abogados voluntarios de Poder Ciudadano.

Con el paso de los años en nuestra ciudad se fueron instalando antenas según las necesidades de las empresas de telefonía celular. Hoy se las puede observar en inmediaciones de escuelas, centros sanitarios, sobre las terrazas de algunos edificios, etc.
Cuando todo parecía indicar que se cumplía el plazo perentorio para el traslado que establecía la resolución 900/05 de la Secretaría de Política Ambiental (SPA) de la provincia de Buenos Aires -amén de ciertos requisitos técnicos que imponía, entre otras condiciones refería una distancia mínima de 100 metros de las antenas respecto a escuelas, centros de salud, clubes, etc.-, la reglamentación fue modificada por una “más amigable” que da más libertad a las empresas de telefonía.
Por esta razón y una amplia documentación sobre los probables perjuicios para la salud humana, la Sociedad de Fomento de Villa Amaducci consiguió  la intervención de la Fiscalía General en el conflicto de las antenas de telefonía de nuestra ciudad.
Lo hizo representado por el abogado José Manuel Sáez, integrante de Poder Ciudadano. “El presidente de la Sociedad de Fomento, al tiempo que planteó el amparo de protección en el fuero en lo contencioso, acompañó un plano de todas las antenas ubicadas en Bahía Blanca en infracción a la resolución 900/05. Como en el ámbito de Fiscalía General hay una oficina que se ocupa de los temas ambientales y como también hay competencia concurrente federal y provincial, hicimos una presentación para que se instruya en la causa y se examine si hay algún tipo de figura que pueda ser sancionada desde la legislación penal nacional”.
Por otra causa ya en trámite hace algunos años, el fiscal Hugo Cañón -contó Sáez- libró oficios a la SPA acerca de lo que se está haciendo en la provincia respecto a la materia: “La SPA retrocedió a una nueva resolución que dejó sin efecto la 900/05 y plantea que en realidad se pueden colocar antenas en todas partes. Sólo (dice) que donde hay un colegio o un hospital hay que probar que puede afectar… Así se produjo un retroceso de la legislación provincial. Todas estas cosas las pusimos por escrito para el dr. Cañón, explicándole que el oficio que contestó la Secretaría es engañosa porque le están ocultando que la provincia había avanzado con la 900/05 a una respetable precaución para con la población que puede ser afectada”.
Explicó Sáez que hay una serie de principios del Derecho Ambiental que justamente prevén que no se pueden dictar leyes que retrocedan a estadios anteriores de los avances científicos sobre los efectos perniciosos o tóxicos de actividades o sustancias, por lo cual el organismo provincial estaría claramente en falta.
Otro punto importante es el que refiere a estudios hechos por la Universidad Tecnológica Nacional, con la participación activa del especialista en la materia de radiaciones electromagnéticas, ingeniero Néstor Matta: “Según la ley general del medio ambiente, cualquier estudio que hace una universidad nacional se considera a fines de cualquier contienda judicial una pericia judicial con todo el valor de un dictamen judicial, es una prueba. Entonces solicitamos al fiscal Cañón que pida por oficio a la UTN esos dictámenes que tienen valor de prueba para demostrar que la nueva resolución fomenta el envenenamiento del medio ambiente”.

Mediciones
En la presentación también se mencionan la realización de unas mediciones realizadas por la Secretaría de Política Ambiental en Villa Amaducci, que habrían arrojado resultados por debajo de los estándares nacionales. Dichas mediciones fueron criticadas por la ubicación de los equipos medidores y el horario en que fueron realizadas: “La SPA hace mediciones sin avisar a los interesados para que se haga control mínimo. Por otro lado, para poder medir hay que usar equipos que estén en movimiento, entonces se va promediando y se obtiene un resultado exacto.  Esto no se hizo y además hay horarios para hacer mediciones que son los horarios picos de uso de celular. Ellos fueron (a realizarlos) justo entre las 14 y las 16 hs: no es el horario adecuado”.
Por último, el abogado mostró esperanzas de que con la intervención de Fiscalía se llegue a buen puerto: “Es parte, no es juez, es el Estado. Acá es el Estado a través del fiscal que cumple con su deber de ver si hay algún daño a un bien jurídico protegido como es la salud y el medio ambiente, y tiene la obligación legal de que se proteja. Es excelente que intervenga el Estado mismo y no los particulares”.

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2007-12-16 00:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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