HONDURAS
Asesinato de un abogado laboralista

La precariedad de los derechos humanos en Honduras quedó en evidencia
con el asesinato del abogado laboralista Dionisio Díaz García, apoderado
legal de la Asociación para una sociedad más justa.
El crimen se produjo el lunes 4, cuando dos pistoleros desde una moto
acribillaron al abogado en proximidades de la Corte Suprema de Justicia. El
equipo de la Asociación a la que pertenecía Díaz García, comenzó hace tres
meses a investigar el funcionamiento de empresas privadas de seguridad,
entre ellas Delta Segurity y Setech, ante las denuncias recibidas sobre la
situación de sus empleados. Las investigaciones revelaron irregularidades
en contratos con empresas estatales y graves violaciones a la legislación
laboral. A partir de allí comenzaron las amenazas telefónicas a la sede de
la Asociación.
La periodista Dina Meza acusó públicamente del asesinato al principal
accionista de Delta Segurity, Richard Swasey, al gerente de operaciones,
Róger Medina, y a un ex agente de los cuerpos de seguridad, Carlos Aguilar.
El abogado desarrollaba una destacada labor como defensor de los derechos
laborales de los trabajadores de la seguridad privada que sufren atropellos
y coacciones por parte de las empresas, que suelen estar en manos de ex
represores de la policía o de las Fuerzas Armadas.
Honduras se está convirtiendo en uno de los países de mayor riesgo para
el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Estos crímenes
pretenden sembrar el miedo en la sociedad y están instigados por las
empresas que pretenden impunidad en sus manejos comerciales y en el trato
abusivo con su personal.

MÉXICO
Represión en Oaxaca

Mientras en el Distrito Federal sigue la disputa política sobre la
legalidad o no de la presidencia que asumió Felipe Calderón, el gobierno
ejerce una fuerte represión en Oaxaca donde la oposición política y
organismos de derechos humanos denuncian una verdadera “caza del
disidente”, con detenciones de maestros en colegios o en sus viviendas, o
de dirigentes de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca.
Este organismo, la APPO, se constituyó a partir de la convergencia de
distintos sectores sociales con el sindicato del magisterio, que en junio
pasado inició una movilización en demanda de mejoras, que derivó en una
protesta social generalizada cuando el gobierno intentó reprimirla por la
fuerza. Las denuncias indican que más de 250 personas han sido detenidas y
muchas se encuentran con paradero desconocido.
De esta manera -y con la intervención de miles de “federales”-, el
gobierno mexicano acudió en apoyo del repudiado gobernador de Oaxaca,
Ulises Ruiz, cuya renuncia exige gran parte de la población oaxaqueña.
Mientras tanto, en el DF fueron apresados Flavio Sosa, uno de los
principales líderes naturales de la APPO, y otros compañeros con los que
realizaba acciones de solidaridad con su pueblo.

VENEZUELA
Amplia victoria de Chávez
Ni siquiera con una candidatura única la oposición política al gobierno
de Hugo Chávez logró mellar el mayoritario apoyo popular al proceso
bolivariano.
El presidente fue reelecto por seis años con más del 60% de los votos
(en 1998 obtuvo el 56%; y al relegitimarse después de aprobarse la nueva
Constitución en el 2000, sacó el 59%; y en ésta alcanzó el 62%). Hubo una
altísima participación y el más de medio millar de observadores, entre
ellos europeos y norteamericanos, confirmaron normalidad y limpieza en el
proceso.
El candidato opositor, apoyado por un abanico de partidos que iban
desde sectores de izquierda hasta la extrema derecha, no alcanzó al 40% de
los votos y reconoció su derrota. Chávez reafirmó las líneas de lo que
define como “socialismo del siglo XXI”, convocó en lo interno a luchar
contra la corrupción y la burocracia y redobló su propuesta para la unidad
de los países del continente por vías propias e independientes hacia el
desarrollo y la justicia social.

PARAGUAY
Revuelta contra una sentencia judicial

Los familiares, amigos y sobrevivientes del incendio del supermercado
Ycuá Bolaños reaccionaron con furia al conocer la sentencia que condena a
cinco años de cárcel a los responsables del siniestro que causó más de 400
muertos y numerosos heridos.
El suceso ocurrió el 1º de agosto de 2004 en Trinidad, un barrio
popular de Asunción. Antes de que el último de los tres jueces terminara de
leer su sentencia, comenzaron a gritar y arrojar sillas y otros elementos
contra los acusados y los propios jueces. Los asistentes consideraron una
burla un castigo tan leve para los propietarios del supermercado, por
haberse comprobado irregularidades en los sistemas de control de incendios
y en especial por haber dado la orden de que se cerraran las puertas cuando
se advirtió el siniestro, para evitar que algunos compradores cruzaran las
cajas sin pagar.
Al grito de “asesinos, asesinos”, intentaron agredir a los acusados, lo
que fue impedido por la policía. Finalmente los indignados asistentes
salieron a la calle e iniciaron una marcha a la que se fueron sumando otras
personas en su trayecto hacia otro supermercado de los mismos propietarios.
Allí lanzaron piedras y se enfrentaron durante varias horas con la policía
que reprimió violentamente utilizando carros hidrantes y grupos de choque.
Se produjeron unos 40 heridos, muchos de ellos familiares de las víctimas
del incendio del 2004, y más de un centenar de personas fueron detenidas.
El gobierno anunció que si no cesaban los incidentes declararía el
estado de emergencia, y para descomprimir la situación el presidente
Nicanor Duarte se manifestó a favor de la revisión del fallo. Los miembros
de la Corte Suprema de Justicia se declararon en sesión permanente para
analizar la situación, y el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, solicitó la
recusación de los jueces Elio Rubén Ovelar y Manuel Aguirre.