HISTORIA DE UNA INTENDENCIA
Suspensión preventiva para Lopes

Tras el dictamen emitido por “la Comisión Investigadora, constituida de
acuerdo al artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
aprobada por el honorable cuerpo”, el Concejo Deliberante se reunió en
sesión especial el pasado viernes 23 de junio, para calificar los hechos
imputados al intendente en uso de licencia, dr. Rodolfo Lopes.
Veinticinco minutos después del mediodía, con la totalidad de los
concejales presentes, se dio inicio al encuentro con la lectura del
despacho de la mayoría firmado por los concejales radicales Carlos Ocaña,
Andrés De Leo, Aníbal Roig y Elisa Quartucci; y Esteban Obiol, Juan Leiva y
Rene Bustos por el FpV-PJ. Este punto insumió alrededor de dos horas, ya
que Ocaña solicitó se incluya el informe final de la Comisión íntegramente
en los considerandos del decreto convocatorio y además que se procediera a
la lectura de parte del mismo. Se trataba de un documento de casi 150 fojas
que fueron leídas por el secretario del Concejo, dr. Raúl Vidal.
El despacho en cuestión fue finalmente aprobado por 18 votos contra 6 y
calificaba “graves” a las irregularidades imputadas a Lopes y establecía la
suspensión preventiva del jefe comunal, paso previo a la destitución.
Una vez finalizada la lectura del documento, hicieron uso de la palabra
los presidentes de los distintos bloques, menos Ocaña que ya lo había
hecho.
Por su parte, la minoría compuesta por los ediles lopesistas Julio
Ruiz, Fabián Lliteras y Marisa Plano, propuso un despacho que declaraba
nulas las actuaciones de la Comisión Investigadora y rechazaba todas las
imputaciones contra el urólogo de Villa Mitre.

¿Qué dice el informe?
A continuación ofrecemos algunos párrafos del informe final de la
Comisión Investigadora con el cual fundamentan el proceso de destitución
destacando, como vimos en nuestra edición anterior, la “gravedad
institucional” que reina en nuestra ciudad.
“Debe tenerse presente que al dr. Lopes le fue conferida su
excarcelación teniendo en cuenta que al haberse apartado voluntariamente
del cargo mediante su pedido de licencia se entendía que no podría
obstaculizar el curso de la investigación penal. Pero si el dr. Lopes
decidiese retornar a su cargo podría hacer peligrar el desarrollo de la
misma, con el consiguiente perjuicio para la defensa de los intereses
municipales involucrados en la actuación que se lleva a cabo por ante el
fuero represivo”.
“Es difícil imaginar un escándalo de mayores proporciones para nuestro
Municipio. Nótese que desde la causa penal se libraron oficios, se
ordenaron pericias, se secuestraron documentos, etc… todas medidas donde el
principal implicado ha sido el dr. Lopes por lo que cabe cuestionarse cómo
podría continuarse con tal investigación si Lopes decidiese retomar su
cargo. Ni que hablar de la objetividad de los agentes municipales, la cual
se vería seriamente afectada si tuvieran que deponer precisamente en contra
de los intereses de quien tiene sobre los mismos poder disciplinario”.
“Esta verdadera situación de promiscuidad de roles, se puso de
manifiesto en ocasión del público reconocimiento que formulara el
intendente en uso de licencia, en cuanto a la imposibilidad de presentarse
como particular damnificado en representación del Municipio de Bahía
Blanca, en atención a que algunos de los delitos investigados se habrían
cometido en perjuicio de la Municipalidad”.
“A su vez también se ha visto afectada la estabilidad institucional por
los exiguos plazos de licencia que el dr. Lopes solicita, que en todos los
casos son de 30 días. De hecho la renovación periódica de estos plazos
escuetos, no hacen sino agregar un cono de absoluta incertidumbre a la
marcha de la administración pública, ya que ninguna decisión puede
sustentarse por parte de las autoridades interinas, en tan breves períodos
de tiempo”.
“Con lo expuesto ha quedado claramente expuesta la imperiosa necesidad
de encauzar la marcha de la administración por carriles de mínima
normalidad”.
A partir de aquí, la Comisión concluye que Lopes “ha realizado
transgresiones graves al ordenamiento jurídico, y ha tenido negligencias
graves en el ejercicio de su función, todas las cuales importan un daño
actual al erario municipal” y consideran “necesario disponer la suspensión
preventiva”.

Puntos de vista
“Puedo destacar la seriedad, la responsabilidad con que esta Comisión
ha trabajado, dentro del marco en que trabajaba, con una crisis de
gobernabilidad, una crisis institucional realmente importante. Este trabajo
fue desarrollado en un expediente que tiene más de 1400 fojas y ocho cajas
de documentación probatoria abundante que hizo que pudiéramos llegar a este
informe de conclusión que estamos hoy poniendo en consideración”, sostuvo
el radical Carlos Ocaña.
“Este es el camino que la Ley Orgánica en su artículo 242 otorga al
Concejo Deliberante porque hace claramente la distinción, donde dice que
las responsabilidades civiles y penales las tratará la Justicia y las
responsabilidades institucionales y políticas las debe analizar el Concejo
Deliberante de la forma en que lo hemos estado haciendo. Y también habla de
las responsabilidades administrativas que debería encauzar el Tribunal de
Cuentas”, aseguró Ocaña aunque “obviamente eso no quiere decir que esta
Comisión no pudiese tomar elementos que estuviesen en la causa penal o
dentro del Tribunal de Cuentas” porque lo analizaba desde el punto de vista
político-administrativo.
Esteban Obiol (FpV-PJ) se refirió entre otras cosas a la relación del
intendente licenciado con las empresas del polo petroquímico: “Lopes no les
puede pedir colaboración. No sé si lo hicieron antes, pero eso no lo
justifica. Las empresas que más riesgo tienen en la ciudad, aquellas a las
que se debe controlar, a esas no se les puede pedir aportes. Es muy grave
no controlarlas, y ahora sí hablo desde lo médico, sé lo que puede
repercutir en la salud de la gente”.
“Lopes ha esgrimido legitimidad pero no lo han votado para que haga
esto…”, continuó Obiol calificando también las imputaciones como “graves”,
“precisas” e “irrebatibles” y afirmando que “no sé cuándo la Justicia
terminará el caso Lopes, la gente es mucho más sencilla, por eso la gente
terminó con Lopes”.
Marta Castaño, del unipersonal bloque FpV-Eva Perón, sumó su voto al
dictamen de la mayoría invocando “la protección del interés público contra
el peligro que el funcionario involucrado no conserve las condiciones
mínimas para ejercer responsabilidades públicas”.
Por último, Julio Ruiz, desacreditó a la Comisión Investigadora
asegurando que es “un tribunal político y como tal tiene posición política
(…) la cual también nos involucra a nosotros”.
“El dictamen de la Comisión no es tampoco un fallo de un Tribunal… es
un dictamen de fiscalía diría yo, sin conocer demasiado de leyes”, agregó
el lopesista y sentenció: “Creemos que es absolutamente necesario confiar
en el noble ejercicio de la política”.