HAITÍ
El más pobre, el más abandonado

Poco menos de nueve millones de habitantes compone la población del
país más empobrecido del continente americano. Es difícil, casi imposible
encontrar en la prensa internacional una noticia, aunque más no sean unas
líneas que nos cuenten de Haití. La excepción se produce cuando algún
huracán atraviesa el territorio insular que comparte con la dominicana, o
cuando estalla alguna de las periódicas revueltas sociales en las
paupérrimas calles de los barrios periféricos de Puerto Príncipe, su
capital.
A pesar de haber sido el primer estado caribeño en lograr su
independencia, y la primera república negra del mundo, Haití atravesó un
durísimo período post colonial, donde Francia cobró en desproporcionados
tributos económicos la independencia del país. En épocas más recientes,
soportó décadas de crueles dictaduras ejercidas por François Duvalier y
luego por su hijo Jean-Claude, quien fue derrocado en 1986, y se exilió en
Francia, país que le concedió asilo.
En 1990 asumió Jean Bertrand Aristide, que fue el primer presidente
elegido democráticamente y una gran esperanza para los más pobres. Pero un
año después fue derrocado por un golpe militar de un ejército que siempre
respondió a los intereses del minúsculo sector de propietarios y
empresarios. Recuperó el poder en 1994 tras una intervención
norteamericana, pero ya no era la persona que había marchado al exilio.
Aplicó políticas neoliberales y fue denunciado por enriquecimiento. Lo
sucedió René Preval, que pertenecía a su mismo grupo político.
Aristide se presentó nuevamente a las elecciones del año 2000 y resultó
vencedor. Pero su distancia con los graves problemas de gran parte de la
población y sus métodos autoritarios, provocaron una oposición creciente,
que terminó por derrocarlo en el año 2004. Asumió entonces un gobierno
interino, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
organismo que también envió una fuerza internacional con el propósito de
controlar el caos.

Otra esperanza frustrada
En el 2006 asumió nuevamente René Preval, elegido por el voto popular.
Intenta desarrollar un programa que tenga continuidad durante 25 años para
permitir una mejora en las condiciones básicas de la población.
Las Naciones Unidas comprometieron su apoyo para facilitar “el
despegue” del país caribeño. Pero la crítica situación social sigue
intacta: se mantiene la enorme brecha entre la mayoría negra empobrecida, y
los mulatos francófonos, el 1% de los cuales es el dueño de casi la mitad
de las riquezas del país. La infraestructura es casi inexistente, y el
narcotráfico corroe el sistema judicial y policial. La degradación
ambiental provocada por la utilización de la madera como irremplazable
combustible por los sectores populares, es muy grave. Para cientos de
miles, quizás millones de haitianos, el único futuro posible está fuera de
la isla. Y por eso periódicamente intentan en embarcaciones diversas, por
lo general muy precarias, llegar a las costas norteamericanas.
Días pasados, uno de esos botes, con más de 160 inmigrantes a bordo, se
hundió en las agitadas aguas del mar Caribe, lleno de tiburones. Sólo
fueron recuperados 59 cuerpos que fueron enterrados en la ciudad norteña de
Cap-Haitien en una fosa común. La miseria no deja otra salida que escapar,
pero la mayoría de las veces, tiene el mismo y trágico final.
Mientras tanto, Haití permanece olvidada de la Comunidad Internacional.
Se han incumplido los compromisos de ayuda económica. Son muy escasos los
aportes que recibe el gobierno de Preval, y no parecen existir
posibilidades de que pueda llevar adelante sus propósitos. En las
cancillerías, nadie parece acordarse de Haití, un país “fantasma”, que sólo
recuperará protagonismo en los medios, cuando esa terrible pobreza estalle
nuevamente en revueltas sociales. Eso, si antes un huracán del Caribe no
barre nuevamente la isla.

VENEZUELA
Sin licencia para una TV privada

La oposición política venezolana, que ya ha utilizado todos los caminos
y los recursos legales o golpistas para frenar el proceso bolivariano que
encabeza Hugo Chávez, se aferra estos días a la defensa de la licencia de
la emisora RCTV de Televisión.
Desde Estados Unidos, diversas voces, entre ellas la organización
“Human Rigths Watch”, denuncian que la no renovación de la licencia de la
televisora, tiene motivaciones políticas. En realidad, la capacidad de
otorgar, cancelar o renovar licencias en los medios de comunicación, es una
capacidad legal que tienen los gobiernos conforme las leyes venezolanas.
Esta cadena, no sólo ha sido portavoz de los sectores más radicales de
la oposición, sino que durante el golpe de abril del 2002 con el que se
intentó derribar el gobierno constitucional, la emisora de televisión se
plegó abiertamente a los militares golpistas. A pesar de ello, el gobierno
no tomó medidas inmediatas y se limitó a esperar cinco años a que
finalizara el período de la licencia, decidiendo entonces, no conceder la
renovación.
Las fuerzas de la oposición realizaron una marcha de varias decenas de
miles de personas afirmando que la no renovación de la licencia era un
“atentado contra la libertad de expresión”. Mientras el gobierno de Hugo
Chávez afirma que actúa dentro de sus atribuciones legales, el Tribunal
Supremo estudia su dictamen ante varias apelaciones y recursos presentados
por la oposición.
Gobiernos anteriores al del presidente Hugo Chávez han otorgado
concesiones de las frecuencias de radio y televisión favoreciendo a
poderosos grupos económicos en detrimento de la creación de televisoras de
servicio público. Portavoces del gobierno venezolano recuerdan que en
Venezuela hay más de 45 televisoras y 800 radioemisoras privadas.
El gobierno ya tomó juramento a los directivos de un nuevo canal
patrocinado por el Estado, la recién creada Televisora Venezolana Social
(TEVES), que ocupará la frecuencia de RCTV en cuanto salga del aire, a
partir de la medianoche del domingo 27.

BRASIL
Nuevo escándalo por corrupción

Con el argumento de no perjudicar al gobierno de Lula, el ministro de
Energías y Minas de Brasil, Silas Rondeau, presentó su dimisión al cargo.
En los últimos días había sido acusado de corrupción en los procesos de
adjudicación de Obras Públicas. La policía brasileña había realizado
diversas redadas como parte de una investigación para esclarecer las
sospechas que apuntaban a una compañía de contratistas que habría pagado
importantes sobornos a varios funcionarios.
Una vez más, Lula recurrió a frases que lo colocan como el primer
interesado en investigar las denuncias “le duela a quien le duela”, lo que
también le permita alejarse de cualquier responsabilidad que pudiera
comprometer su actuación política. El ex ministro, investigado por la
presunción de haber recibido cincuenta mil dólares para aprobar un contrato
de suministro eléctrico a zonas rurales del país, ha rechazado esa
acusación y se declara inocente.