GENOCIDIO EN BAHÍA
Pidieron la elevación a juicio

Un día antes de la Navidad de 2008 el fiscal general ante la Cámara de
Apelaciones de Bahía Blanca, dr. Hugo Omar Cañón, solicitó la elevación a
juicio oral del primer tramo de la causa 05/07 que investiga delitos de
lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando V Cuerpo de
Ejército.

Por el momento, una vez superado el trámite de las acusaciones, serían
juzgados los represores Osvaldo Bernardino Páez, Juan Manuel Bayón y Hugo
Jorge Delmé -cuyos procesamientos fueron confirmados por el tribunal de
Alzada en julio pasado- y Mario Carlos Antonio Méndez y Jorge Aníbal Masson
para quienes el juez federal Alcindo Álvarez Canale había dictado sendas
“falta de mérito” revocadas con posterioridad por los camaristas.
El propio titular del Juzgado Federal Nº 1 debe disponer la elevación a
juicio para lo cual se habilitó la feria, primero para que la querella haga
su acusación siguiendo el código procesal y luego, será el turno de la
Fiscalía. Cada parte tiene un plazo de 30 días.
La preocupación del Ministerio Público apunta a los casos pendientes de
resolución en la Cámara Federal, algunos de vieja data como el del médico
Humberto Adalberti.
“Pedí que habilitara también la feria judicial y tenía un pronto
despacho de los expedientes demorados y si la Cámara no resuelve en un
período breve tendré que pedir como lo establece el código, un resumen de
todas las actuaciones y mandar una comunicación a la Corte por esta
demora”, aseguró Cañón.
El avance esperado de los camaristas respecto a los genocidas
procesados sin confirmación, entre ellos el del tristemente célebre Laucha
Corres, permitiría agrupar un número mayor de casos y poder elevar a juicio
una cantidad significativa de imputados.

Nuevas detenciones
Los coroneles Norberto Eduardo Condal y Hugo Carlos Fantoni, cuyas
órdenes de detención fueron labradas el 10 de noviembre de 2008, fueron
detenidos el jueves 15 y el miércoles 21 de enero respectivamente.
De esta última tanda, continúan prófugos los coroneles Luis Alberto
González, Carlos Alberto Taffarel y el teniente coronel Jorge Horacio
Granada. Por su puesto, se suman al escurridizo Aldo Mario Álvarez.
Condal, integrante del Destacamento de Inteligencia 181 y la segunda
jefatura del V Cuerpo entre 1975 y 1979, fue interceptado en la ciudad de
La Plata. En tanto el ex integrante del Estado Mayor Fantoni, según informó
a los medios nacionales el secretario de Derechos Humanos de la Nación,
Luis Eduardo Duhalde, fue hallado por la Unidad Especial para Búsqueda de
Personas del Ministerio de Justicia e Interpol Internacional en Buenos
Aires.
“Ellos pertenecían al sector Inteligencia y Operaciones. El caso de
Condal es el que ha estado más tiempo, ya sea tanto en el Destacamento de
Inteligencia como el Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor. Son
dos lugares diferentes pero han estado siempre en contacto”, explicó la
abogada Mirta Mántaras.
Los represores en cuestión, son de sumo interés para la querella porque
la labor de inteligencia fue fundamental en la concreción de los
operativos. De hecho, ya han probado que en el Batallón de Comunicaciones
181 funcionaban tres grupos de “lucha contra la subversión” lo que descubre
directamente la responsabilidad que han tenido los jefes del área militar.
El objetivo de la letrada, más allá de la intención de Álvarez Canale
de que sean las víctimas quienes identifiquen a sus captores 33 años
después, es comprobar las funciones que ejercían los represores y qué grupo
integraban para luego, aplicar la verticalidad implícita en la cadena de
comandos de las Fuerzas Armadas y de allí saber quiénes transmitían las
órdenes y quiénes las ejecutaban.
Canale según informó, Mántaras, pretende imponer su teoría de que “la
cadena de mandos no era vertical sino que hacía un zigzag lateral para
dejar caer la responsabilidad en otras personas”. Esto apuntaría a
deslindar de culpas a los ex jefes del Batallón 181, Mansueto Swendsen y
Tauber cuando tenían bajo su órbita los tres grupos de tareas mencionados.
“De todas maneras hay muchos prófugos que luego son encontrados
sencillamente en sus lugares. Esto es un problema que venimos arrastrando
desde tiempo atrás y esperemos que se resuelva a la brevedad para que
podamos tener no 14 sesiones de juicio oral sino una lo más expansiva que
se pueda”, dijo.
Afirmó que no hay voluntad de encontrarlos. Caso ejemplar es el de
Mario Álvarez, que administró su agencia de seguridad hasta último momento,
recorría mes a mes las instalaciones del Instituto de Ayuda Financiera del
Ejército para cobrar su pensión hasta que optó por hacerlo mediante
apoderados.
“Se enteran primero los defensores de los genocidas imputados en la
causa que la propia querella cuando debería regir el secreto de sumario
hasta concretarse la decisión del magistrado”, se quejó la querellante.