En La Pampa procesaron a otro intendente
y a un policía, involucrados en un caso de trata de personas con fines de
explotación sexual.

Se trata del intendente de la ciudad de Macachín, Jorge Luis Cabak, y del
comisario de la misma localidad. Ambos están acusados de brindarle protección a
una banda dedicada a explotar mujeres en el prostíbulo denominado «Chicho
Show».
El juez federal subrogante de la ciudad pampeana de Santa Rosa, Luis Salas,
ordenó el procesamiento del intendente de la ciudad de Macachín, José Luis
Cabak, y del ex comisario, en aquel momento, de esa localidad, Hugo Mario
Iglesias. Para Salas, las pruebas evidencian “no sólo la frecuencia de
trato de quien manejaba el cabaret con el comisario Iglesias y el intendente
Cabak, sino que ponen de manifiesto cómo funcionaba la red de trata en el
cabaret y que tanto Cabak como Iglesias tenían un cabal conocimiento de las
actividades ilegales que se desarrollaban en ‘Chicho Show’”. Además,
embargó los bienes de ambos funcionarios por 150 mil pesos para cada uno.
En su escrito, el magistrado destacó la existencia de una ordenanza promulgada
en octubre de 2009, por la cual se prohibieron los locales de diversión
nocturna tipificados como cabarets, whiskerías, night club, etc. En esa línea,
el juez aseguró que Cabak, “conociendo cabalmente lo que sucedía en el local
nocturno no sólo mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna
para que fuera revocada, sino que además no vetó el artículo de la Ordenanza
que le permitió seguir funcionando y rubricó con su firma las libretas
sanitarias de las mujeres prostituidas en el lugar”. De esta manera, “Cabak
realizó un aporte esencial a la consumación del delito”, ya que con su accionar
“otorgó a sus autores un manto de aparente legalidad bajo el cual
desenvolverse”, añadió.
“Se encuentra acreditado que sin la participación de Cabak e Iglesias no se
hubiera podido llevar a cabo el ilícito, en tanto que desde la posición de
poder que sus cargos le conferían, realizaron un aporte necesario para la
consumación delictiva y mantenimiento del ilícito en el tiempo en perjuicio de
las mujeres sometidas a explotación sexual», concluyó el juez, quien
agregó que con la complicidad de ambos funcionarios «Chicho
Show» «funcionó bajo un aparente manto de legalidad que de otro modo
no hubiera podido concretarse”.
En la causa, hay otras tres personas imputadas, pero que fueron liberadas en
junio de 2014: Luis Daniel De Luca, Esmundo Blas, Oscar Moya, Leandro Ariel
Otero y Maximiliano Daniel De Luca. Están acusadas de integrar una banda que
habría participado en el traslado y la recepción de mujeres mayores de 18 años
en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en el local
nocturno.
Según la investigación, De Luca habría sido quien pagó todos los gastos
del traslado. Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2006 y agosto de 2011.
La causa se inició el 21 de febrero de 2011, cuando la denuncia llegó a la
Brigada de Investigaciones UR-1. En esa oportunidad, una oficial relató que
había tenido una entrevista con una persona, quien le informó sobre una mujer
oriunda de República Dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la
localidad de Salliqueló, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, y que “no
habría estado conforme con su contexto laboral”. El prostíbulo habría estado, a
su vez, conectado con la whiskería “Chicho Show” y con un tercer local también
bonaerense. El informante policial indicó que las víctimas “rotaban entre
los boliches” y que, entre ellas, había jóvenes menores de edad que “al no
poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el
pueblo, en una casa particular”.