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Fin de un modelo

Cuando choquen las copas dando la bienvenida al 2009 no habrá más niños ni niñas en el Patronato de la Infancia.

Floreal Gramajo, responsable del Servicio Zonal dependiente de la Subsecretaría de Niñez provincial a cargo de Cistina Tabolaro, anotició a la Comisión Directiva, personal y equipo técnico el 11 de diciembre que las autoridades provinciales culminaban los convenios que entregaban becas de 540 pesos para los internos y las internas y 270 pesos para seminternos, dando cumplimiento a las solicitudes de los jueces de Menores locales.
El ministro de Desarrollo Humano, Daniel Arroyo, dijo que “los hermanitos van a estar juntos y cerca de sus casas” y que el Patronato, sin formar parte del sistema de instituciones de Promoción y Protección de Derechos, “podrá seguir por su cuenta”.
La crisis final del Patronato en estos últimos doce meses arrancó con el informe de entonces secretario de la Fiscalía Federal Gabriel Jarque, concluyendo que el desempeño de Antonio López como director del Patronato “no demuestra dar cumplimiento a finalidades propias” de la institución y, de acuerdo a los antecedentes, su continuidad en el cargo “podría comprometer el interés superior de niños alojados”.
En marzo una nueva tanda de despidos “necesarios” para los cambios que la entidad pretendía realizar hasta adecuarse a la ley 13298, agravó la situación que derivó en una circense conferencia de prensa de directivos -exponiendo al personal y familiares del internado-, para denunciar un “complot” contra la entidad organizado por el titular del HCD, Juan Pedro Tunessi, el fiscal federal Hugo Cañón, su par provincial Olga Herro y los medios de comunicación.

Revés
Tras el primer golpe de la justicia laboral que avaló la presentación del ex director Miguel Carra, condenando al Patronato a abonar alrededor de 400 mil pesos de indemnización, terminó la investigación en el ámbito federal.
“Surge claramente que los niños que han permanecido -y en casos aún permanecen- en el Patronato de la Infancia han sido víctimas de malos tratos, vejaciones físicas y psicológicas, y esto a través de acciones y omisiones”, sentenció Cañón agregando la “existencia de irregularidades patrimoniales suscitadas en torno a los recursos que recibe y administra” la institución.
En ese contexto llegó la gota que colmó el vaso con la inacción y ocultamiento de la violación y embarazo de una joven de 18 años, con retraso mental, por parte de integrantes de su familia. El hecho, motivó el tan reclamado despido del director, Antonio López, el psicólogo Esteban Godia, la asistente social Verónica Godoy y la coordinadora educacional, Susana Camblor.
En octubre asumieron -por concurso y por 90 días- Claudio Jacob como nuevo director, las trabajadoras sociales Cecilia Solay y Macarena Ascensio, y los psicólogos Alejandro Carlabán y Alejandro Otero. En un cambio “estratégico” Otero y Jacob intercambiaron puestos días después.
Además, la titular de la UFIJJ 7, Olga Herro, ordenó cinco allanamientos en busca de documentación que probase las “irregularidades administrativas” denunciadas por Cañón y descubrió que el ex director López ejercería “una administración paralela” y que el Patronato presentaba un estado “deplorable”.
Finalmente, la dra. Fernanda Petersen -ex secretaria institucional y madrina de la joven violada- pidió que el fiscal Eduardo Zaratiegui (UFI 8), investigue la culpabilidad “por abandono de persona al director y equipo técnico expulsados”. Antes requirió un juicio político al juez de Familia Eduardo Longas por entorpecer el aborto de su ahijada priorizando su Biblia al Código Penal.

Externaciones
El actual director, Alejandro Otero, comentó a EcoDias que están trabajando en las externaciones solicitadas preparando a los 34 chicos y chicas para dejar la institución. “El clima, por supuesto, no es muy agradable ni para los chicos ni para los empleados ni para nosotros. Es un momento de final de una crisis, ahora hay que ver qué orientación se le da a esta nueva etapa”.
La intención es continuar en esa línea hasta fin de año y “cuando esté establecido el destino de los chicos empezar a trabajar sobre eso”. Las fiestas servirán en varios casos como prueba y etapa de adaptación para las familias que reciban a sus pibes o pibas, evitando que los cambios no “sean una cosa de un día para otro y generen una situación conflictiva”.
“Los chicos lo toman con esta incertidumbre que empezó hace tres meses, o por lo menos que nosotros somos testigos, las familias lo mismo, están viendo cuál va a ser el destino, quieren saber qué es lo que sucede, cómo, pero todavía nosotros tampoco tenemos ningún tipo de respuesta”, afirmó Otero.
Floreal Gramajo, por su parte, se excusó de dar declaraciones porque para “dar un mejor trato y un único canal de información” sólo está autorizada la oficina de prensa de la Subsecretaría provincial de Niñez según se acordó con Cristina Tabolaro.

Preocupación por despidos
Desde el ámbito gremial, el secretario general de Utedyc, Oscar López, manifestó que el tema “nos preocupa en demasía porque si no hay más chicos el destino de los empleados cae de maduro que va a ser la cesación o el despido porque no hay otra alternativa”.
“Si bien el presidente (Fernández Insausti) les planteó que iba a hablar con la Municipalidad y Provincia para reubicar a los empleados, no tiene nada que ver una cosa con otra, esto es una ONG y ni la Municipalidad ni Provincia tienen por qué hacerse cargo”, detalló.
Ante el anuncio de Fernández Insausti de transformar la entidad en un “centro de día para chicos discapacitados”, López se mostró igual de desesperanzado porque esto no “puede hacerse de la noche a la mañana, no es un comercio donde uno saca las estanterías, las cambia de lugar y pone otra cosa. Acá hay que presentar proyectos que tienen todo un tratamiento que lleva mucho tiempo”.
Más de 30 empleados y empleadas se encuentran en “estado de alerta permanente” y su preocupación se acrecienta si miran cómo fueron tratados los despedidos con anterioridad: muchos no cobraron indemnización, otros ni siquiera el último mes trabajado, “algunos se han reinsertado laboralmente en otro lado pero otros no”.
“Acá no hay vuelta de hoja, me parece que es una terquedad entre la directiva del Patronato quizás con la Provincia, no sé cuál es el eje de la cuestión. Los despidos van a venir en una catarata”, sostuvo López y finalizó descartando novedades en los juicios laborales en marcha que podrían costar alrededor de dos millones de pesos al centenario orfanato.

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2008-12-23 23:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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